Los ciudadanos no solo piden un alto al despilfarro de los recursos pagados en planillas, tanto de los diputados de la Asamblea Nacional como del Gobierno Central, sino que desde el pasado 5 de julio, se encuentra en manos del contralor general de la República, Gerardo Solís, una petición para que audite a las planillas legislativas.
El tema cobra relevancia luego de que se conociera que la Asamblea Nacional, según datos de la propia Contraloría General de la República, está entre las instituciones con mayores aumentos de funcionarios, hasta marzo pasado, con 1,543 empleados públicos adicionales.
Desde el Legislativo ese aumento es negado por el recién reelecto presidente de ese órgano del Estado, el diputado perredista Crispiano Adames y por el segundo vicepresidente, el diputado del Movimiento Liberal Republicano, Miguel Fanovich. Ambos señalan que el posible aumento que se nota en la planilla de la Asamblea pudiese deberse a que se le dio permanencia a varios funcionarios que antes estaban por servicios profesionales.
El pasado 5 de julio la Fiscalía de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea, pidió a Solís “examinar” la solicitud del abogado Ernesto Cedeño que pide que se auditen las planillas legislativas. Hormechea, que es una de las aspirantes a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, elección que debe ser sometida a consideración de la Asamblea Nacional, remitió a Solís la exigencia de Cedeño en base a la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas.
Cedeño presentó una denuncia administrativa en la que pidió a la Fiscalía de Cuentas solicitar a la Contraloría que realice una “auditoría” en la Asamblea a objeto de verificar si todas las personas nombradas o contratadas en la Asamblea ejecutan su labor diariamente o si por el contrario ha habido una “lesión patrimonial” al no cumplir sus funciones.
Esta denuncia, según el abogado fue motivada al escuchar el pasado 1 de julio, al diputado independiente Juan Diego Vázquez, quien al ser cuestionado por los periodistas sobre el informe de la Contraloría que señala que entre las instituciones con mayores aumentos de funcionarios, en marzo pasado, está la Asamblea con 1,543 empleados públicos adicionales, dijo que “esa cantidad de personas no trabaja” en el Legislativo y que “lamentablemente cobran sin trabajar”, narra el abogado en la nota en la que le pide a la Fiscalía pedir una auditoría a la Contraloría.
En 2019 no fue posible una auditoría a las planillas de la Asamblea en la que diputados nombran a familiares, por parte de la Contraloría General, en ese entonces, a cargo de Federico Humbert, pues la diputada de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, quien comandaba la Asamblea en aquel momento, se negó. Incluso, el tema llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
Ahora Solís tiene una nueva oportunidad de ejercer su función. Pero desde la Asamblea consideran que la fiscal Hormechea no ha solicitado una auditoría como tal. “Yo leí la nota. Ella no habló de auditoría, sino que pide al contralor que fiscalice, pero todo lo que se hace en la Asamblea es ya refrendado por la Contraloría. Allí no hay nada oculto”, expresó el segundo vicepresidente de la Asamblea Miguel Fanovich.
El diputado aseguró que están dispuestos a abrir las puertas de la Asamblea para una auditoría. “En la Asamblea estamos de puertas abiertas”, repitió el eslogan publicitario que impulsa Adames.
A su vez, manifestó que la diferencia entre Humbert y Solís radica en que “con Humbert era distinto, pues estaba totalmente parcializado” y venía a hacer, según él, un trabajo político.
El 13 de agosto de 2021 Solís fue nombrado en el cargo por la actual Asamblea, que controla el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ese día, 68 de los 71 diputados votaron por él. Los independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva se abstuvieron, mientras que Mayín Correa, de Cambio Democrático, se ausentó de la jornada.
Respecto a su papel como fiscalizador de los recursos públicos Solís dijo el pasado 4 de enero de 2022 en el pleno del Legislativo que promueve “la cultura de la corrección” entre los funcionarios. Solís, sin embargo, defendió ese día las planillas de los diputados y la legalidad de las licencias con sueldo y los gastos en que incurre el poder popular. Posteriormente, a partir del 4 de marzo pasado, se vio obligado a suspender los millonarios gastos de movilización de las autoridades locales.
Hay que recordar que el pasado 14 de marzo de 2022 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional las licencias con sueldos y advirtió que “los servidores públicos deben ejercer sus funciones personalmente”.
Para Cedeño si Solís no hace una auditoría “pudiera interpretarse que el Contralor favorece la impunidad”.
