Después de las elecciones de mayo de 2014, el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y la entonces contralora, Gioconda Torres de Bianchini, dejaron gestionados al menos ocho pagos para la empresa Selex Sistemi Integrati S.p.a., contratista con el Estado para el suministro de 19 radares.
El 29 de julio de ese año, Selex hizo efectivo un pago por unos $2.3 millones y posteriormente, el 7 de agosto de 2014, se hicieron siete pagos más que sumaron al menos $66 millones.
En total, se efectuaron pagos a la empresa italiana por $68 millones 325 mil 528.02, de acuerdo con una documentación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el documento, a agosto de 2014 había un saldo de $51.1 millones para pagar los radares.
El registro de los pagos a Selex fue proporcionado por el MEF a la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga presuntas irregularidades en el contrato de los radares.
Por este caso, la fiscalía ordenó la detención del exministro Mulino e imputó cargos al exviceministro de Seguridad y exjefe del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.
Los desembolsos que autorizó Mulino para el pago a Selex fueron una de las razones que argumenta la fiscal Zuleyka Moore para acreditarle la supuesta comisión del delito de peculado y ordenar su detención.
De acuerdo con la fiscalía, el exministro tenía vinculación directa con la parte de funcionamiento de los radares comprados a Selex, que según certificación del Servicio Nacional Aeronaval no cumplían con las especificaciones del contrato firmado, y, sin embargo, Mulino “emitió la orden para que se avanzara en el desembolso de $68.3 millones al finalizar su administración”.
La fiscalía considera no justificable los pagos que se hicieron a Selex a sabiendas de que los radares instalados no cumplían con las especificaciones del contrato firmado en 2010, en el gobierno de Ricardo Martinelli.
El exministro Mulino ha cuestionado en cartas públicas que por estas gestiones de cobros no le pueden señalar a él particularmente la supuesta comisión del delito de peculado, porque los pagos se hicieron efectivos en la gestión de su sucesor en el Ministerio de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.
AGUILERA: GOBIERNO NO PAGÓ POR RADARES
A pesar de que los pagos se hicieron entre julio y agosto de 2014, ya estando en ejercicio el gobierno de Juan Carlos Varela, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, ha refutado la versión de Mulino y en reiteradas intervenciones ha explicado que el nuevo gobierno no pagó por los radares.
Recordó que cuando el contrato se acercaba al final de su plazo a mediados de 2014, el entonces ministro Mulino aprobó una adenda al contrato para prorrogar el plazo de la entrega de los radares, pero no hizo lo mismo con las cuentas de pagos parciales, que ya estaban endosadas, refrendadas por él y por la contralora.
Según explicó Aguilera, fue una adenda “para entregar tarde y cobrar temprano” que hizo Mulino a través de una resolución ministerial, sin el aval del Consejo de Gabinete, luego de que el partido en el gobierno, Cambio Democrático (CD), había perdido las elecciones de mayo de 2014.
Según el ministro Aguilera, cuando llega al gobierno, en julio de 2014, el Citibank envió una carta “agresiva diciéndonos [al gobierno] paguen”.Indicó que Selex contó con el pago de esas cuentas parciales, refrendado por el anterior gobierno, y se fue al Citibank y le cedió esa cuenta a esa corporación bancaria. Precisó que en la adenda se le dio a Selex ese privilegio de poder ceder las cuentas parciales.
“Cuando nosotros llegamos al gobierno, ya Selex tenía la plata en su bolsillo”, aseguró Aguilera al reiterar que el Gobierno no ha hecho desembolsos por los 19 radares.
“Nosotros no pagamos los radares, nosotros pagamos deuda pública que es algo muy distinto; fue una relación entre el Citibank y el MEF”, sostuvo el funcionario.
La Corte Suprema de Justicia, en fallo del 26 de agosto de 2015, suspendió provisionalmente el contrato con la empresa Selex.
PAPADIMITRIU, TESTIGO
La Fiscalía Tercera Anticorrupción siguió ayer con las pesquisas relacionadas con el proceso que abrió el 11 de agosto pasado por el caso de los radares.
En ese sentido, el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu (2010-2012) acudió ayer a la fiscalía a rendir declaración jurada en calidad de testigo.
Durante cinco horas, Papadimitriu, acompañado de su abogado, Gonzalo Moncada, rindió declaración jurada ante la fiscal Moore.
A su salida del edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción, Papadimitriu indicó que sus explicaciones fueron en torno a su función como secretario general del Consejo de Gabinete durante el cual se aprobó el contrato con el conglomerado Finmeccanica, que incluía el suministro de 19 radares con Selex, 6 helicópteros con AgustaWestland y un mapa cartográfico con Telespazio. En total, los contratos sumaron $250 millones.
Fue en el Consejo de Gabinete del 3 de agosto de 2010 que se aprobó la Resolución No. 113, mediante la cual se autorizó al entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a suscribir el contrato para la ejecución de un memorándum de entendimiento suscrito entre los gobiernos de Italia y Panamá, que incluía el acuerdo entre el Estado panameño y Selex Sistemi Integrati S.p.a. para el suministro, instalación, capacitación y financiamiento de un sistema de vigilancia costera para el Servicio Nacional Aeronaval.
