“No vamos a perder el tiempo en diálogos. Este es un gobierno de acción”, dijo rotundo el hoy ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en su inicial encuentro con los miembros del Pacto de Estado por la Justicia.
Fue el primero de los muchos desprecios que el gobierno liderado por el presidente, Ricardo Martinelli, le hiciera a los espacios existentes de concertación. El resto, hasta los violentos sucesos de julio pasado en Bocas del Toro, ya es historia.
Una historia que desconoce otra iniciada en este país en 1993, cuando las heridas de la dictadura y la invasión, así como la desconfianza mutua de los políticos, hizo que la Iglesia católica -a través de la Comisión de Justicia y Paz- convocara al hoy lejano Compromiso de Santa María La Antigua, para garantizar un proceso electoral sin traumas.
El documento se firmó el 18 de mayo de 1993 y marcó el terreno para un proceso electoral transparente y pacífico -todo un logro para la tortuosa historia política panameña-, y un traspaso de mando ordenado y sin conflictos.
Aquella simbólica ceremonia en que el hoy desaparecido presidente saliente, Guillermo Endara, le entregaba el mando al entonces líder del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Ernesto Pérez Balladares, no la hemos vuelto a ver en ninguno de los siguientes cambios de mando.
