Funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) no pudieron sustentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional cómo se calcularon los costos del servicio y qué tipo de trabajo realizaron los tres peritos a quienes se pretende pagar $4,500 por paciente ($603 mil en total) por actuar en el proceso judicial debido a la demanda contra la entidad por el envenenamiento masivo con dietilenglicol.
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La noche del martes 12 de noviembre, tras duros cuestionamientos y múltiples preguntas de los diputados independientes Betserai Richards y Jhonathan Vega, el subdirector de la entidad, Rogelio Gordón, anunció que retiraría la solicitud del traslado de partida por $603 mil para cancelar los honorarios de un psiquiatra, un psicólogo y un contador.
Gordón prometió que en otra reunión presentarían detalles “más sólidos” sobre el alcance del trabajo realizado por los peritos, información sobre los criterios para determinar los costos del servicio y una comparación de precios de los peritajes en el mercado. Recordó que este proyecto se ejecutó en la administración pasada, es decir, cuando Enrique Lau Cortés era el director de la CSS.
Fue una jornada intensa. El primero en abordar el tema fue el diputado Betserai Richards. “¿Cómo se estableció el monto de $4,500 por paciente?”, preguntó. Gordón cedió la palabra a Gustavo Santamaría, a quien presentó como “experto en el tema”. Santamaría es la persona que maneja los asuntos relativos a las demandas de indemnización presentadas contra la CSS por el envenenamiento masivo con dietilenglicol.
Santamaría informó que, por solicitud de la Corte Suprema de Justicia, contrataron tres peritos y que la CSS no determina el monto que se les paga. Citó el artículo 977 del Código Judicial: “Los emolumentos que se les pagan a los peritos son establecidos por el juez o, en este caso, por los magistrados de la Corte”, manifestó.
Textualmente, esa norma dice: “Los emolumentos de los peritos serán aprobados por el juez y pagados por la parte que los haya presentado, dentro de los seis días siguientes a la rendición del informe respectivo”.
Richards entonces solicitó los documentos que sustentan por qué se les debe pagar $4,500 por paciente.
Santamaría señaló que la lista de peritos la determina el Ministerio Público y el Órgano Judicial y añadió que los contratados fueron los únicos que aceptaron participar en el proceso. Se trata de José Alexis Cifuentes (psiquiatra), Zoila Glen Araya (psicóloga) y Alejandro Cuadra (contador público), según una nota de la Procuraduría de la Administración.
Richards consultó por qué funcionarios de la CSS no realizaron los peritajes. Santamaría respondió que la ley no lo permite.
“¿Quién sugirió los nombres?”, reiteró Richards. El funcionario de la CSS respondió que provienen de una lista elaborada por el Órgano Judicial.
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Luego intervino César Herrera, director de Finanzas de la entidad. Aseguró estar de acuerdo con el 99% de los planteamientos del diputado, pero precisó que estaban “dando la cara por esta partida”, ya que, si no se paga el costo de los peritajes derivados de 85 demandas de indemnización por $500 millones, se pone en peligro el patrimonio de la CSS.
Vega: ‘tres personas se llevarán más de medio millón de dólares’
Más adelante intervino el diputado Jhonathan Vega, de la bancada independiente Vamos. “¿Cuántas horas de trabajo por paciente prestaron cada uno de los peritos?”, preguntó. Santamaría dijo que al perito se le paga por caso. Vega consideró que eso era “grave” y añadió que “tres personas se llevarán más de medio millón de dólares” pero la CSS no puede sustentar si trabajaron media hora, una hora o más. “¿Cómo podemos aprobar algo que ustedes no pueden justificar?”, alertó.
El funcionario de la CSS contestó: “El perito no trabaja en la CSS (...)”. Vega replicó que esta es una forma de “hacerse millonario de un día para otro”.
Santamaría afirmó que las entidades que pueden dar fe del trabajo realizado son la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de la Administración, que son las instituciones “que trabajan directamente con ellos”.
“¿Cómo se asignaron los contratos? ¿Cómo se escogieron a los profesionales? ¿Por qué los precios que se les pagará a los tres son exactamente los mismos?”, cuestionó Vega en varias ocasiones, sin obtener respuesta. Tras calificar los montos de “excesivos”, añadió que hay demasiada “opacidad” en el tema.
Entonces, el debate se interrumpió. Fue en ese momento que el subdirector Gordón manifestó que lo mejor era retirar la solicitud del traslado de partida, con la promesa de que en otra reunión traería la información requerida.
A raíz de esto, la CSS emitió un comunicado informando que había decidido retirar la solicitud como medida “necesaria” para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos de la institución.
