La Asamblea Nacional destituyó este miércoles 9 de octubre a Alfredo Castillero Hoyos como defensor del Pueblo, lo que deja de momento a Maribel Coco, actual defensora adjunta y conocida militante del oficialista PRD, como defensora encargada.
"La Asamblea considera que el doctor Alfredo Castillero Hoyos ha incurrido en negligencia notoria en el cumplimiento del cargo, lo que constituye en causal de remoción según el númeral 2 del artículo 11" de la ley orgánica de la Defensoría, señala la resolución aprobada este miércoles por 65 votos a favor.
Solo el diputado Hernán Delgado votó en contra. Los diputados Hugo Méndez e Itzia Atencio se abstuvieron.
La resolución entra a regir al momento de su aprobación, por lo que Castillero Hoyos ya es considerado exdefensor.
El pleno legislativo también declaró la vacante absoluta del cargo y, en una segunda resolución votada esta noche por el pleno, se faculta a la Comisión de Gobierno a iniciar el procedimiento para escoger a un titular que complete el mandato de Castillero Hoyos, que oficialmente terminaba el 31 de marzo de 2021.
Más temprano, Castillero Hoyos cumplió con una citación del pleno legislativo, que lo llamó para que respondiera seis preguntas sobre presunto acoso sexual y laboral, y negligencia en el ejercicio del cargo.
"Las acusaciones son infundadas. Aquí ha habido un prejuzgamiento público y notorio", dijo Castillero Hoyos a su llegada a la Asamblea, cerca de las 4:00 p.m. Sobre el cuestionario, dijo que las preguntas "inducen a buscar una respuesta determinada".
Sobre las denuncias que llegaron a la Comisión de la Mujer por supuesto acoso, el defensor indicó que lo correcto habría sido enviar las mismas al Ministerio Público, para que valorara si había elementos para formular algún tipo de cargos, en cuyo caso debía luego ser remitida a la Corte Suprema, que es el ente competente para juzgar al ombudsman.
"Prefiero enfrentar eso que un juicio político amañado", señaló.
A las 4:37 p.m., Castillero Hoyos ingresó al pleno. Sus primeras palabras en el hemiciclo fueron para reconocer que probablemente es la última vez que se dirige a los diputados como defensor del Pueblo. Y tenía razón.
"Ni siquiera se nos permitió acceder al expediente... El cuestionario incluye preguntas sesgadas, por ellos se ha presentado ante la Corte Suprema un recurso de interpretación prejudicial y un amparo de garantías, y ante la Asamblea, un recurso de inconstitucional".
"Si quieren removerme, que lo hagan conscientes que es un atropello e una inconstitucionalidad", remarcó.
Agregó que su destitución será celebrada por ocho funcionarios y exfuncionarios de la Defensoría, pero no por los otros 185, a quienes no se les consultó por la gestión de Castillero Hoyos.
En el pleno, escuchó la intervención de varios diputados, casi todos cuestionando su gestión.
La primera fue la diputada Zulay Rodríguez, quien preside la Comisión de la Mujer, instancia que recomendó al pleno la separación del cargo del ombudsman y la declaratoria de la vacante.
"No puedo dar el nombre de las personas, pero aquí estas personas describen... Esa persona hoy está destrozada", señaló Rodríguez. Hizo referencia a una nota de Paola Rodríguez, del Centro de la Mujer Maltratada, sobre las atenciones que recibió la mujer presuntamente acosada por Castillero Hoyos.
"Ella tiene fotos de lo que pasó, de manera supuestamente voluntaria, pero usted ejercía un cargo de superioridad", dijo Rodríguez.
Sobre las faltas al debido proceso, señaló que del 21 al 31 de septiembre se le notificó del caso llevado a cabo en la Comisión de la Mujer, pero él no concurrió. También que fue citado el 3 de octubre para dar sus descargos ante la comisión, "pero usted nunca quiso hacerlo".
La Red de Derechos Humanos lamenta la forma como se está llevando un proceso contra el Defensor del Pueblo. Deben esperar la decisión de la Corte Suprema.La Asamblea no es competente para investigar los posibles delitos en los que incurra el Defensor del Pueblo.
Rodríguez mencionó que hay tres exfuncionarios de la Defensoría, destituidos por Castillero Hoyos, que tenían deseo de hablar ante el pleno legislativo y para quienes pidió cortesía de sala. También que Elsa Fernández, que fue defensora adjunta hasta julio pasado y ahora es directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, envió a la comisión varias notas sobre las "vejaciones y hostigamiento laboral" que supuestamente recibió de parte de Castillero Hoyos.
Hizo referencia a una presunta amistad con el exdiputado Adolfo Valderrama. "Pero aquí no lo hemos citado por ser amigo de los panameñistas, sino por incompetente", indicó la diputada. También se refirió al defensor como un "amparado" de la sociedad civil.
Corina Cano, que también integra la Comisión de la Mujer, señaló que la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol "invisible" en los últimos años. Se opone a que las víctimas comparezcan ante el pleno, porque eso someterlas a una revictimización.
El diputado Jairo Salazar se refirió al entonces todavía ombudsman como "el corrupto este". Y a los funcionarios de la Defensoría que lo acompañaron a la cita en la Asamblea les dijo: "yo se que ustedes hoy están aquí obligados".
"No puede ser que estemos divagando y divagando, y no tomando una decisión. Yo tengo seis hijas niñas y cada vez que veo a un hombre como ese, provoca agarrarlo por el cuello", dijo Salazar.
La diputada Mayín Correa preguntó a Castillero Hoyos por las acciones y diligencias que hizo en relación al estado de las cárceles de Panamá.
"Yo vi que a un expresidente que le pusieron una culebra en la cama para que no durmiera, que lo sacaron a las 2 de la mañana con una sábana para que no durmiera... Y yo decía, ¿y la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde está?", dijo Correa.
También emplazó a Castillero Hoyos a que presentara su renuncia al cargo, antes de ser destituido por la Asamblea.
Por su parte, el diputado Gabriel Silva leyó el artículo 129 de la Constitución, que señala que el defensor debe "tener solvencia moral y prestigio reconocido". La ley orgánica de la Defensoría, en tanto, contempla la remoción del cargo por negligencia.
Silva dijo haber leído una denuncia presentada contra el defensor, por una mujer venezolana con sida/VIH. Señala que el ombudsman era conocedor de faltas cometidas por el Servicio de Migración y el Ministerio de Salud, pero no presentó las respectivas denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Castillero Hoyos respondió que en julio de 2018 solicitó una visa humanitaria (que Varela eventualmente rechazó) y visitó en el albergue a dicha extranjera. Posteriormente, presentó una acción de habeas corpus a favor de esta persona, ante la Corte Suprema de Justicia. En octubre de ese año, la Corte declaró legal la detención en el albergue. Paralelamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en atención a gestiones del defensor, solicitó medidas cautelares a favor de la mujer venezolana y que no se procediera a su deportación. El defensor reconoce que se les intentó por el simple hecho de ser portadora de VIH. "Evidentemente, esa es una vulneración a sus derechos".
Castillero Hoyos contestó que la Defensoría tiene una oficina especial para atender los casos de los privados de libertad, y que se hace una labor importante, "con las uñas" y con pocos recursos. A nivel nacional, se hacen 180 visitas anuales a las cárceles, en atención de denuncias que llegan a la Defensoría.
"La presencia de la Defensoría en las cárceles es sistemática, no es accidental", señaló.
Acto seguido, el diputado Hernán Delgado intervino, para mencionar que recién había recibido copia del expediente y que éste tenía mil páginas, por lo que consideró que a Castillero Hoyos no se le dio tiempo suficiente para preparar sus argumentos. Señaló que las causales esgrimidas en el pleno para separar a este funcionario, no son las que contempla la ley.
Recordó los recursos que Castillero Hoyos presentó ante la Corte Suprema, por lo que "nosotros tenemos obligatoriamente que respetar lo que allá se vaya a decidir".
"Si lo destituimos, incurrimos en una violación flagrante", remarcó.
Delgado fue el único diputado que no apoyó la citación de Castillero Hoyos, cuando el pleno sometió el tema a votación, el pasado lunes.
"Un expediente de más de mil fojas, con esta magnitud, no es un expediente administrativo", agregó.
Otro diputado, Alaín Cedeño, dijo "hemos tenido mala suerte con los defensores del Pueblo".
Juan Diego Vásquez, diputado y miembro de la Comisión de la Mujer, advirtió que la Asamblea no está llevando a cabo un juicio penal, "simplemente porque no puede, y de ese debate no hemos sido parte". Defendió la legalidad de la citación ante el pleno y recordó que previamente hubo una citación ante la Comisión de la Mujer.
Al respecto, contó que Castillero Hoyos envió una nota a la comisión, pero no explicó por qué decidió no acudir.
Castillero Hoyos pidió que le mostraran dónde estaba la citación que -según Vásquez- le habían enviado. "¡Muéstremela", espetó. Remarcó que, a la fecha, no ha recibido copia del expediente y desconoce de qué se le acusa. "Ustedes han hecho una expedición de pesca".
"Ojalá a usted nunca lo manchen como me han manchado a mi... Ese camino que usted escogió está equivocado", le dijo Castillero Hoyos a Vásquez.
Vásquez también cuestionó la designación de Maribel Coco como defensora adjunto, un cargo de libre nombramiento y remoción del defensor del Pueblo. Según Vásquez, dicha designación es una afrenta a la institucionalidad de la Defensoría.
"Su exsecretaria general la catalogó [a Coco] como una mujer sin experiencia en derechos humanos", y criticó además que Coco fue miembro del CEN del PRD y amiga de su presidente, el también diputado Benicio Robinson.
"¿Cómo no se tomó la tarea de investigarla antes de nombrarla?", agregó.
El diputado Hugo Méndez dijo que respetaba la "valentía" del defensor "de venir aquí y hacer sus descargos".
A las 7:20 p.m., el diputado presidente Marcos Castillero anunció un receso y Castillero Hoyos se retiró de la Asamblea.
Y a las 7:34 p.m., los diputados estaban ya en su curules, listos para votar a favor de la remoción.
