El expresidente Ricardo Martinelli ha preferido no referirse al caso de la compra por $13 millones 475 mil que hizo el Consejo de Seguridad Nacional de un equipo para escuchas telefónicas que hoy no aparece.
Este diario se presentó ayer a las oficinas de Martinelli en el edificio Oceanía de Punta Pacífica, pero el exmandatario optó por no dar declaraciones.
Ello, pese a que el implicado en el caso es Alejandro Garuz, padre de la esposa de su hijo menor.
De acuerdo con una denuncia interpuesta por el actual jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, esa entidad compró un equipo de espionaje que aún no ha sido encontrado.
Garuz, en una conferencia de prensa que él mismo organizó, aseguró que desconoce la compra y que nunca vio un equipo semejante en el inventario que recibió cuando asumió el cargo, en septiembre de 2012.
Una versión similar a la de su antecesor, Gustavo Pérez, quien afirmó que desconoce la adquisición del equipo. Sin embargo, reconoció que había cosas extrañas en esa institución y se mostró agradecido por no haber estado allí mucho tiempo.
Julio Moltó y Olmedo Alfaro, quienes también dirigieron el consejo, afirmaron no saber nada ni haber visto el equipo.
Por su lado, el presidente Juan Carlos Varela expresó que esta acción es peculado y los responsables deberán pagar ante la justicia.
El equipo de $14 millones que se compró durante la gestión de Ricardo Martinelli para interceptar comunicaciones parece que era invisible. Nadie lo vio, ni el último director del Consejo de Seguridad Nacional en esa gestión Alejandro Garuz ni sus antecesores Gustavo Pérez o Julio Moltó.
“Mientras yo estuve en el consejo, en el inventario no aparecía dicho equipo ni nadie me lo mencionó”, afirmó Garuz ayer durante una conferencia de prensa que él mismo organizó para esclarecer, según él, la situación.
El martes pasado, su reemplazo en el gobierno de Juan Carlos Varela, Rolando López, responsabilizó a Garuz por la pérdida de este millonario equipo y lo denunció por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
“Cuando él hizo el período de transición, pasé alrededor de 10 a 12 horas diarias con él. Le di razón de muchas cosas. Él preguntó y cuestionó con relación a un equipo que yo ignoraba que existía y que nunca ha estado dentro del consejo”, dijo Garuz, consuegro de Martinelli –su hija, Marelisa, está casada con Luis Enrique, el menor de los Martinelli–.
El equipo fue adquirido a principios de 2010 a la empresa israelí M.L.M., que también fue contratada por Martinelli para que entrenaran a sus escoltas del Servicio de Protección Institucional (ver nota relacionada).
“Llevarse un equipo de $14 millones de dólares es peculado y los responsables tendrán que rendir cuentas a la justicia, y esperamos que el sistema judicial actúe”, señaló el presidente Varela sobre el nuevo escándalo.
‘NO TENGO DE QUÉ PREOCUPARME’
Garuz llegó puntual al hotel en el que organizó su conferencia de prensa. Eran las 2:40 p.m. cuando salió del elevador en compañía de su abogado, Cristóbal Arboleda. Venían sonreídos.
“El 12 de septiembre de 2012 tomé posesión en el consejo. Ese día se me entregó un inventario de todos los bienes de la institución. En ningún momento apareció el supuesto equipo adquirido dos años antes. Mientras estuve yo al mando del consejo no se realizó ningún espionaje político, sino lo que me permitía la ley”, expresó Garuz.
El exfuncionario mantuvo una actitud pacífica hacia los medios, a quien les respondió con paciencia y educación. Un escenario que contrasta con el episodio del 11 de junio del año pasado en las faldas del cerro Ancón, cuando agredió al periodista Filemón Medina. Ese día también ordenó la retención –durante horas– de la reportera Elizabeth González y el camarógrafo Bolívar Jurado. Según Garuz, la filmación ponía en riesgo la seguridad del país.
“Me abstengo de no confirmar ni aceptar hasta tanto... yo firmé un acuerdo de confidencialidad y no puedo divulgar lo que hacía el consejo”, añadió el exfuncionario cuando se le preguntó si en alguna otra gestión sí hubo escuchas telefónicas.
El resto de la conferencia transcurrió con respuestas similares: “no estaba ahí”, “nunca supe”, “dejé un inventario”. La mayoría, sin embargo, eran pronunciadas primero por su abogado. Garuz escuchaba a Arboleda, y luego repetía.
“Mi conciencia está tranquila y limpia. No tengo de qué preocuparme”, manifestó Garuz antes de terminar el evento. Después se levantó junto con Arboleda, cada uno tomó uno de los refrigerios preparados por el hotel, y abrazaron al panameñista Antonio Tony Domínguez. “Gracias por estar aquí”, le dijo Garuz a su invitado, quien luego atacó a Martinelli: “él es responsable de todo lo que ha pasado en este país. Sabe lo que se hizo y lo que no se hizo”, expresó.
Arboleda confirmó que asistió con su cliente el miércoles a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para conocer la acusación en su contra. “Se está jugando con la honra de este ciudadano, que intentó hacer su trabajo de la forma más honesta posible. Hay alguien que juega a instalar una película de terror”, dijo.
Por su parte, Lizzett Chevalier, fiscal segunda anticorrupción, le aseguró a este medio que leía el caso y que hoy empezaría con las respectivas diligencias.
INVISIBLE A LOS OJOS
Durante su conferencia, Garuz mencionó que en el informe recibido por su antecesor, Gustavo Pérez, no aparecía el aparato de espionaje.
Pérez, por su parte, también niega haber visto o escuchado de la existencia de este equipo. “Ahora me estoy enterando que compraron este tipo de equipo. Lo veo muy raro todo”, respondió.
Pérez estuvo a cargo de esta dirección entre marzo y septiembre de 2012, cuando le cedió el cargo a Garuz. Reconoció que lo mejor que pudo haber hecho fue salir de allí rápidamente. “Se hicieron muchas modificaciones. Por eso duré pocos meses, me sacaron rápidamente, porque tenían que colocar a alguien de su confianza (...) esa era una de las razones por la que yo quería salir de ese lugar”, afirmó.
Julio Moltó, al frente del consejo entre julio de 2010 y marzo de 2012, tampoco vio nada. “No recuerdo esa compra. Pero para la fecha que se dio, yo no era director del consejo. Hay que ver quién la solicitó, y quién lo recibió”, dijo. “Yo no recibí ese equipo”, agregó.
Moltó también envió una respuesta por escrito. “Quisiera que esta investigación llegue al fondo para que se aclare esta situación”.
Olmedo Alfaro estuvo al frente de la dirección entre septiembre de 2009 y julio de 2010. Es decir, cuando supuestamente se dio la compra de este equipo. “En mi gestión no se tenía conocimiento de esa compra, ni lo compré ni lo mandé a cotizar, ni lo tengo... y desconozco su paradero”, dijo a este medio al ser consultado al respecto.
CALLAN LOS JEFES
“Lo que se está dando ahora es que se compran cosas a través del PAN”, añadió Alfaro, pese a que siempre negó la compra del equipo (ver facsímil).
Durante esa época, Giacomo Tamburrelli dirigía el Programa de Ayuda Nacional (PAN). Desde su salida en 2012, sin embargo, ha desaparecido de la palestra.
Tamburrelli, no obstante, tiene otros escándalos por los que debe preocuparse. La Fiscalía Segunda Anticorrupción le formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, por un contrato de $45 millones para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas.
Garuz explicó en su conferencia de prensa que el presupuesto del consejo no permite realizar una compra por tantos millones. De realizarse, aclaró, tendría que gestionarla el Ministerio de la Presidencia, a cargo entonces de Demetrio Papadimitriu.
Este diario intentó contactar a Papadimitriu a través de su teléfono celular y de correos electrónicos; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
También se visitó la lujosa oficina del expresidente Martinelli para obtener su opinión sobre esta millonaria adquisición.
El expresidente posee un despacho en el piso 43 del edificio Oceanía, en Punta Pacífica. Al entrar al vestíbulo de la oficina, un cuadro de metro y medio de alto en el que aparece Martinelli con la banda presidencial da la bienvenida. A la izquierda, una sala de espera; a la derecha, un pasillo largo que probablemente resguarda el despacho del expresidente.
En primera instancia, la recepcionista dijo que sin cita no se podía hacer la entrevista. Luego realizó un par de llamadas para averiguar si se podía llevar a cabo el encuentro. Sus esfuerzos fueron inútiles. (Con información de Eduardo Mendoza y Aminta Bustamante).
Israelíes logran cuantiosos contratos
La empresa israelí M.L.M. Protection LTD. recibió su primer contrato millonario en Panamá, siete meses después de que Ricardo Martinelli asumiera las riendas del país, en julio de 2009. El contrato le fue adjudicado, de manera directa, por el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, bajo la categoría de “seguridad ciudadana”, que impide conocer los pormenores de la adquisición, so pretexto de que puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Poco es lo que se conoce de esta contratación de 1 millón de dólares que refrendó la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, el 8 de febrero de 2010. Tres días después, la compañía israelí presentó una gestión de cobro por un monto de 369 mil 642 dólares.
El corto tiempo no fue óbice para que Torres de Bianchini también avalara el pago. M.L.M. Protection LTD. está representada en Panamá por el empresario Ofer Bar, un exagente de la Agencia de Seguridad de Israel que ha formado –en varios países– a agentes policiales en el uso de armas ligeras de tipo militar y tácticas especializadas en operaciones de alto riesgo.
La compañía israelí también ha suministrado servicios de protección a jefes de Estado y presidentes. Precisamente, en Panamá entrenó a las unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), encargadas de la seguridad del exmandatario Martinelli.
En su portal electrónico(www.israeldefense.com), la compañía detalla que ofrece servicios de consultoría, así como equipos de seguridad de última generación. El segundo contrato que recibió M.L.M. Protection LTD. fue por la suma de 13 millones 475 mil dólares para adquirir un sofisticado equipo para la interceptación de comunicaciones. La compra se hizo a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante la administración de Giacomo Tamburrelli, y fue refrendada por la contralora el 29 de julio de 2010. Esta también fue una compra directa, ya que el PAN está exento de convocar a un proceso de licitación para hacer sus contrataciones, tal como se establece en el artículo 67 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas. Por su monto, esta compra tendría que haber sido avalada por la junta directiva de la entidad, integrada por los entonces ministros de la Presidencia, de Educación, de Desarrollo Social y de Obras Públicas.
