De $191,8 millones con lo que contaba el Ministerio de la Presidencia para hacer frente a la pandemia por Covid-19, la Contraloría General de la República tiene en la entidad documentos que comprenden compras por $55.9 millones.
Otros $128.6 millones en contrataciones están en trámite en Presidencia, pero ya han sido asignados o trasladados a otras entidades para su uso, o son fondos ya comprometidos.
De ese modo, la Presidencia cuenta con un saldo disponible de $7.4 millones para asignar a otras entidades.
En el comunicado publicado la tarde de este miércoles 6 de mayo, la Contraloría reitera que ningún pago se ha autorizado por parte de esa entidad y que no se le ha pagado a ningún proveedor nada de lo contratado con estos fondos. Dicho de otro modo, no han emitido refrendo alguno.
Los $191.8 millones fueron asignados a Presidencia mediante tres resoluciones de gabinete correspondientes al 3, 13 y 31 de marzo pasado.
Del total de $191.8 millones, $36.1 millones han sido trasladados al Ministerio de Salud (Minsa) para las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia contemplado en la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas.
Los otros fondos los ha destinado Presidencia a la compra de bolsas de alimentos y bonos de supermercado y libretas de bonos de Vale Panamá, que se reparten a través del programa de asistencia social Panamá Solidario. Según el desglose de Contraloría, se contemplan $7 millones para “sufragar en su momento, los contratos de vales digitales mediante cédula de identidad”.
Algunos de los documentos por $55.9 millones que esperan refrendo en Contraloría corresponden a la compra de los bonos. Los detalles de esas contrataciones, las cuales son las más avanzados en el proceso de fiscalización, fueron publicados en el portal de Panamá Compra. Estos corresponden a contratos con Compañía Galy, S.A. (El Machetazo), Importadora Ricamar, S.A. (Súper 99), Supermercado Extra, S.A., Vale General, S.A. (Banco General) y Sistema de Incentivos Empresariales, S.A. (Vale Panamá).
Según el comunicado de Contraloría, el elemento de “emergencia” de estas contrataciones no afecta su proceso de fiscalización.
“Todo pago que se autorice deberá ser verificado sobre la base de un precio justo y razonable”, dice el comunicado.
La Presidencia de la República, encargada de gestionar los fondos para hacer frente a la pandemia por el Covid-19, ha sido cuestionada por posibles sobrecostos en la compra de insumos médicos y falta de transparencia. La semana pasada, renunció Juan Carlos Muñoz como viceministro de la Presidencia, luego de avalar la compra de 100 ventiladores por $5.2 millones, a $48 mil por cada equipo.
Esa compra es investigada por la Fiscalía Anticorrupción.
