El Ministerio de la Presidencia declaró este viernes 13 de septiembre de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en el que sea parte el Estado.
La medida está contemplada en la Resolución N°159 del 13 de septiembre de 2024 firmada por el ministro de la presidencia Juan Carlos Orillac y publicada en Gaceta Oficial.
En dicha resolución, el ministro señala que el artículo 15 de la Ley 6 de 2002, de Transparencia, otorga el carácter de reservado a los expedientes administrativos, los judiciales, arbitrales y del Ministerio Público, los cuales se regirán por las normas de acceso y de información contenidas en el Código Judicial.
“Que en beneficio de la defensa de los mejores intereses del Estado en los procesos arbitrales, a nivel nacional e internacional, en que se involucre al Estado por conducto del Ministerio de la Presidencia, se hace necesario emitir una resolución que declare el carácter restringido de toda la información, relativa o relacionada, directa o indirectamente, con el objeto de la disputa como también toda aquella información, relativa o relacionada, directa o indirectamente y que se mantenga y se genere en estos procesos, salvo las propias excepciones que se establezcan en específico en materia de transparencia de la información”, destaca la resolución.
Por ello se ordenó y declaró de acceso restringido los procesos de arbitraje y toda la información, las memorias, notas, correspondencia y los documentos relacionados con negociaciones diplomáticas, comerciales o internacionales de cualquier índole, relativa o relacionada, directa o indirectamente con el objeto de la disputa y el proceso arbitral bajo custodia del Ministerio de la Presidencia y, por ende, “dicha información es reservada”.
Sin embargo, se establece que, una vez concluido el proceso arbitral y salvo restricciones que interpongan las reglas de arbitraje que rigen los acuerdos y declaraciones de confidencialidad de la información que pacten las partes en el proceso y sean aceptados por el Tribunal Arbitral, dicha información y documentación podrá ser considerada de acceso público.
Igual resolución emitieron este viernes el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio e Industrias.
Sin contabilizar los arbitrajes que han interpuesto First Quantum y sus socios contra el país por el cierre de la mina de cobre de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, hay otras nueve reclamaciones contra el Estado panameño que, juntos, suman seis mil millones de dólares.
Así se desprende de un informe proporcionado en junio pasado por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se destaca que de los procesos activos, habían siete arbitrajes de inversiones en curso y dos en procesos de anulación.
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