El presidente Laurentino Cortizo sancionó este jueves la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, iniciativa que fue impulsada por el diputado independiente Gabriel Silva.
La nueva ley establece una serie de medidas para prevenir y regular los casos de conflicto de intereses en las diversas entidades. Y va dirigida principalmente a ministros, viceministros, contralor, defensor del pueblo, jefes diplomáticos y consulares, superintendentes de bancos, de mercado de valores, de seguros y reaseguros, y miembros de juntas directivas que manejan fondos públicos.
También estarán obligados a seguir esta norma los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, fiscales, procurador de la Nación y Administración, el presidente y vicepresidente de la República.
El funcionario no deberá invocar ni hacer uso de su cargo con la intención de tener un trato favorable o una mejor condición de la que goza la ciudadanía, destaca ley publicada en Gaceta Oficial. También deberá guardar reserva y discreción respecto a la información a la que tenga acceso.
No deberán recibir regalos, donaciones, favores, invitaciones o servicios en condiciones ventajosas que pudieran representar conflicto de interés.
Cada funcionario antes mencionado deberá hacer una declaración jurada de intereses particulares en un periodo de 30 días una vez asuma el cargo. Esta declaración deberá ser actualizada dentro de los 10 primeros días de cada año, en caso de mantenerse en el cargo.
Será la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) será regente en materia de conflicto de interés y deberá velar por el cumplimiento de la nueva ley.
Las sanciones para quienes incumplan la norma van desde una multa equivalente de hasta cuatro meses de salario o su destitución.
“¡Panamá tiene ley de conflicto de intereses! ¡Un paso importante hacia adelante en materia anticorrupción!”, comentó el diputado Gabriel Silva.
