El presidente de la República, Laurentino Nito Cortizo objetó parcialmente el proyecto de ley 178, sobre la prohibición para el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco u otros dispositivos similares con o sin nicotina.
La propuesta que, además, prohibía en el país la compra o promoción por internet de estos dispositivos recibió varias críticas por parte de grupos empresariales y ciudadanos, que la consideraban una propuesta inconsulta. De hecho, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá pidió al Presidente el veto de la iniciativa.
El veto se hizo a los artículos 1, 3 y 4, del proyecto 178 ,y se dejó claro que los artículos 1, 6,8 y 9 a juicio de Cortizo, “en esencia, cumplen los mismos objetivos que ciertas regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Salud que se encuentran vigentes”.
El artículo 1, por ejemplo, establece la prohibición y comercialización de estos aparatos electrónicos, lo que para el Ejecutivo ya es una materia regulada por medio del Decreto Ejecutivo No. 1838 de 5 de diciembre de 2014. Parte del veto de este artículo indica que “la prohibición absoluta del uso, importación y comercialización que se pretende aplicar a este tipo de dispositivos, sin criminalizar las conductas, pero dándoles a estos dispositivos un tratamiento más severo que a los productos de tabaco que se comercializan bajo un marco regulatorio controlado, no toma en cuenta los efectos negativos que estas medidas pudiesen generar”.
Se explica además que en la actualidad el comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá acapara el 79% del mercado total o 55 millones de cajetillas anuales. Esto representa alrededor de $165 millones anuales, si se toma en cuenta que cada cajetilla es vendida en un precio aproximado de $3 y que los fondos producto del contrabando de cigarrillos pasan a ser lavados a través de nuestro sistema financiero o mediante el lavado de dinero basado en intercambio comercial, lo que produce efectos negativos para el país y se traduce en la inclusión de la República de Panamá en listas negras internacionales de todo tipo.
En ese sentido, argumentan que al ser los cigarrillos electrónicos un producto de alta demanda por fumadores de cigarrillos combustibles que buscan alternativas al cigarrillo tradicional que sí están permitidas en otros países, la prohibición absoluta a la importación, comercialización y consumo de este tipo de dispositivos electrónicos promoverá un aumento exponencial del comercio ilícito y sus consecuencias. “Por las consideraciones anteriores, consideramos que el artículo 1 es inconveniente para los intereses del país, y recomendamos mantener el alcance del Proyecto de Ley 178 en el marco de lo previsto en las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud”.
Jorge Duque, de la Asociación del Cáñamo, manifestó, en su momento, que la propuesta aprobada por la Asamblea Nacional no tomó en cuenta las diferentes perspectivas, ya que con el proyecto se afectaría la propuesta que busca legalizar el cannabis medicinal en el país.
Sustentó que se obvió la opinión de pacientes que requieren de vaporizadores para medicarse cuando utilizan cannabis medicinal.
No obstante, el diputado perredista Crispiano Adames, quien impulsó la propuesta cuestionó que ese permita el uso de estos aparatos. Esta tarde, durante la Comisión de Presupuesto le refutó la decisión a la ministra de Salud, Rosario Turner, quien no emitió respuesta
."Hoy veo con extrañeza el veto del Presidente al proyecto 178, eso me llama poderosamente la atención, no sé si usted sabía de eso, o sea, que hay que fumar . Estamos fumando y tomando en un Covid, que llegó para quedarse", acotó Adames.
Mientras que Antonio Chang, de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo expresó que el proyecto lo ven como positivo, puesto que elevaba a rango de ley la prohibición de estos aparatos que afectan la salud de las personas. “Si el Presidente opta por dejar la prohibición por vía de decreto, no es malo, pero preocupa que él pueda modificarlo”.
Indicó que la empresa privada ha sido sumamente objetora de cualquier mecanismo de regulación legal de las actividades que ellos quieren proponer, como el uso de estos cigarros que afecta la salud humana. “Aspiramos a que las actividades de protección a la salud humana se hagan por ley, porque la empresa privada siempre ataca las normas de tercer nivel resolutivas o decretos”, puntualizó.
