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Presidente de la Corte Suprema suscribe la declaración de Chapultepec

Además, Panamá se posiciona como la primera nación en la que los tres poderes del Estado avalan estos principios.

Presidente de la Corte Suprema suscribe la declaración de Chapultepec
La presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López. Richard Bonilla

La presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, firmó este viernes 31 de enero la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II, dos documentos clave en la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información.

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Durante su discurso, la magistrada López subrayó el papel fundamental de la libertad de expresión en la consolidación democrática, especialmente en países con antecedentes de conflicto. “Permite que las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas, fomentando el diálogo, el intercambio de ideas y la tolerancia”, afirmó. También hizo un llamado a ejercer este derecho con responsabilidad: “Es importante recordar que la libertad de expresión conlleva responsabilidades, como respetar los derechos de los demás y no promover discursos de odio o violencia”.

Con este gesto, López se convierte en la primera presidente de la Corte en suscribir ambos acuerdos, marcando un precedente en la historia judicial del país. Además, Panamá se posiciona como la primera nación en la que los tres poderes del Estado avalan estos principios, consolidando su respaldo a un entorno democrático en el que la prensa pueda ejercer su labor sin restricciones.

Presidente de la Corte Suprema suscribe la declaración de Chapultepec
La magistrada María Eugenia López firma el acuerdo. Richard Bonilla

Desde el Órgano Judicial, explicó la magistrada, se han promovido diversas iniciativas para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. “La comunicación con la sociedad a través de los medios en general es indispensable para la justicia que administramos”, señaló. Entre las acciones destacadas se encuentran la implementación de un portal de acceso a la información judicial y la transmisión en vivo de audiencias de alto perfil. Estas medidas buscan fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia y garantizar que las decisiones judiciales sean comprendidas dentro del marco legal correspondiente.

López también enfatizó el compromiso del Poder Judicial con la protección del ejercicio periodístico. “En el Órgano Judicial somos fieles creyentes de la libertad de expresión e información. Reconocemos y apreciamos la labor de los periodistas”, indicó.

Además, destacó la importancia de la capacitación en esta área, mencionando la realización de diplomados en periodismo judicial para mejorar el acceso a información precisa y verificada sobre los procesos judiciales. “El perfeccionamiento del ejercicio del periodismo en la esfera judicial representa otra iniciativa significativa”, añadió.

Finalmente, la magistrada destacó la importancia de la justicia abierta como parte de una estrategia institucional para fortalecer la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana. “Se fijan sus pilares en la transparencia, la colaboración y la participación, integrando el acceso a la información pública, la apertura de datos y la rendición de cuentas”, explicó.

El pasado 21 de noviembre, ante una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó formalmente la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II, ambos convenios orientados a fortalecer la libertad de prensa en América Latina.

Ese mismo día, la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, también se adhirió a dichas declaraciones.

La Declaración de Chapultepec es un documento clave en la defensa de la libertad de prensa en América Latina. Fue adoptada el 11 de marzo de 1994 en México y avalada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Castillo de Chapultepec.

Por su parte, la Declaración de Salta II fue instituida por la SIP en 2018 y aprobada en la Asamblea General realizada en Córdoba, Argentina, en 2024.

Representantes de la SIP han visitado esta semana el vecino país de Costa Rica, donde la delegación se reunió con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dialogar sobre la situación de la libertad de expresión en la región y el rol del Sistema Interamericano en su protección.


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