El Ministerio Público adelanta dos procesos judiciales relacionados con las supuestas irregularidades que se dieron en la Caja de Ahorros, durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Las dos investigaciones tienen un elemento en común: el préstamo de 10 millones de dólares que otorgó el banco estatal al consorcio HPC-Contratas-P&V, a quien la Autoridad de Turismo de Panamá, a cargo de Salomón Salo Shamah, encargó la construcción del centro de convenciones de Amador.
PRIMER CASO
La Fiscalía Primera Anticorrupción, agencia que inició el proceso, investiga la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros, luego de que determinara que los miembros de la junta directiva, el gerente y el subgerente general del banco en el quinquenio 2009-2014, “no actuaron como guardianes del correcto y oportuno cumplimiento de los deberes y administración de los bienes dados bajo custodia”, al tramitar y aprobar el préstamo.
Por este caso se procesa a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA; Ricardo Arango Pezet (exvicepresidente) y Ricardo Chanis, Fernando Correa y Anastacio Ruiz, exdirectivos.
La medida también alcanzó a Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, gerente y subgerente -respectivamente- del banco en aquel momento; el exvicepresidente de la República y comerciante, Felipe Pipo Virzi; a los exdirectivos de HPC-Contratas-P&V Tobías Garrido, Jairzon Hurtado, Claudio Poma Murialdo y Mauricio Ortiz. También figuran Manuel Morales -ligado al consorcio- y Ricardo Ricki Calvo, firmante de la cuenta de la sociedad Summer Venture, y West Valdés e Iván Clare, fundadores de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP).
El 30 de noviembre de 2016, la fiscal Tania Sterling emitió la vista fiscal 275, en la que pidió enjuiciar a todos los arriba mencionados por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Entre otras cosas sustentó que Francolini fue la persona que llevó a HPC-Contratas-P&V a solicitar la línea de crédito al banco, es decir, “fungió como juez y parte", y además recibió como firmante de la empresa Corporación Desarrollo Los Andes, S.A., la suma de 500 mil dólares procedentes de Summer Venture Inc., primera destinataria del desembolso de la línea de crédito objeto de investigación, "sin que se declarara impedido para cualquier gestión con HPC-Contratas-P&V, sus accionistas y sus cuentas”.
La audiencia de este caso, que estaba programada para realizarse entre el 27 y el 29 de marzo de 2017, no se desarrolló a raíz de recursos presentados por la defensa. Se reprogramó para el 10 de abril pasado y tampoco se hizo debido a otra serie de acciones legales interpuestas por los abogados de varios de los acusados, entre ellos un habeas corpus, y dos amparos de garantías que presentó la defensa de Francolini, quien estuvo detenido en la cárcel El Renacer por este caso. La fecha para la nueva audiencia es del 29 de enero al 2 de febrero de 2018.
SEGUNDO CASO
La segunda investigación es consecuencia de la primera pesquisa, aunque en este expediente se busca determinar si hubo blanqueo de capitales. La fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáenz, pidió el llamamiento a juicio de 12 personas, porque sospecha que dinero producto del préstamo a HPC-Contratas-P&V supuestamente fue utilizado para tapar un hueco financiero en Financial Pacific, luego del desfalco que se registró en esa casa de valores.
En una vista fiscal remitida al Órgano Judicial el pasado 27 de septiembre, la fiscal pidió enjuiciar a West Valdés, Iván Clare, Óscar Rodríguez, Ori Zbeda, Carlos Osorio, Jossue Chávez, Teresa Sánchez y Mariel Rodríguez, de Financial Pacific. Incluye en esa lista al comerciante Felipe Virzi, además de José Virzi López, Alberto Ortega y Bleisy Pineda, quienes pertenecían al hoy desaparecido Banco Universal.
Según la fiscal, las tres fases para la configuración del delito de blanqueo de capitales –colocación, diversificación e integración– se cumplieron. Señaló a Felipe Virzi como presunto autor del hecho punible: la supuesta provisión de 7 millones de dólares provenientes de una cuenta del exvicepresidente de la República y de otros $5.2 millones de un cheque de gerencia de la sociedad Ilkeston Associated Inc.
“Virzi, manteniendo pleno conocimiento de la procedencia de los 7 millones de dólares, utiliza el sistema bancario y financiero para colocar dicho monto acreditado a su cuenta personal, en el Banco Universal, posteriormente remitiéndolo a la casa de valores Financial Pacific, quienes abrieron una nueva cuenta, también en Banco Universal, y depositan a través de West Valdés, la suma de 12.2 millones de dólares”, se narra en la vista fiscal.
Aún no se ha establecido una fecha de audiencia preliminar para este caso.
