Los informes del presupuesto “son sumamente pobres” y no son consecuentes con la función del organismo. La información compartida “es exigua” y en ningún caso permite determinar efectivamente cómo es que se utiliza el dinero. Estas son algunas de las conclusiones del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2023 (ILTL), en lo que respecta a la gestión presupuestaria de la Asamblea Nacional.
De hecho, esta fue la materia con la que el poder legislativo de Panamá obtuvo la calificación más baja: 9.83% en una escala donde 0 es opaco y cerrado, y 100% es transparente y abierto.
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“La Asamblea Nacional debería desarrollar entonces un reporte de ejecución presupuestaria de manera completa y comprensible, permitiendo identificar todos los renglones de gasto con su correspondiente desagregación presupuestaria de forma detallada. Este documento debe ser también de fácil acceso. Es importante además que se incorporen mecanismos participativos que involucren a la ciudadanía en el ejercicio presupuestario de la institución. Esta recomendación ya se había realizado en la medición del año 2020″, se lee en el informe dado a conocer el pasado 3 de abril.
La planilla
Con respecto a la estructura administrativa del órgano que preside el diputado perredista Jaime Vargas, el reporte dice que si bien el parlamento panameño publica un organigrama general con sus respectivos departamentos, este esquema no detalla cuántos funcionarios trabajan en la institución ni a qué departamentos pertenecen. Tampoco dice cuáles son sus funciones. Además, no se da mayor detalle sobre su remuneración económica y situación contractual.
“La estructura administrativa abarca no solo la descripción de cuáles son los departamentos existentes a lo interno de la Asamblea Nacional, sino también la existencia de guías que detallen las funciones específicas del personal, una lista de individuos contratados con sus respectivas funciones e información respecto a su situación contractual y salario”, se lee en el documento.
La planilla de la Asamblea Nacional cerró diciembre con 6 mil 81 funcionarios permanentes y eventuales, 3 mil 273 más de los que tenía en enero de ese año, mes en el que contaba con 2 mil 808. Se elevó en 116%. Esto le costó a los contribuyentes $94 millones.
“Tenemos que exigir transparencia a esta camada nueva de diputados que llegará a la Asamblea”, aseguró Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, organismo que estuvo a cargo del informe de Panamá.
El ILTL 2023 advierte también que en la actualidad, la única información respecto al presupuesto de la Asamblea Nacional que está a disposición de la ciudadanía corresponde al monto asignado en la ley de presupuesto que se elabora cada año. Sin embargo, se añade en el reporte, esa información aporta pocos detalles sobre la manera en que se gestionan los gastos y las inversiones realizadas con fondos públicos.
Durante los primeros del gobierno de Laurentino Cortizo, el Ejecutivo envió a la Asamblea un proyecto de reforma constitucional preparado por Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá, un órgano compuesto por más de 2,000 representantes del sector empresarial, obrero, indígena, instituciones educativas, ONG’s, la iglesia y el Gobierno.
Sin embargo, el legislativo modificó esa propuesta para incluir reformas que incrementaban su propio poder, lo que ocasionó el rechazo ciudadano en las calles. Entre los cambios introducidos había uno que les permitía a los diputados modificar todo el proyecto de presupuesto general del Estado. La iniciativa fue retirada por la Presidencia de la República.
Durante la presentación del informe, Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, compartió un documento con varias recomendaciones. Entre ellas, las siguientes:
Establecer mecanismos administrativos de selección, asistencia y evaluación del personal sin nepotismo, clientelismo, politiquería y abuso de la planilla.
Asegurar que el personal acceda a los puestos por concursos públicos y que sus roles estén bien establecidos, evitando las planillas paralelas.
Establecer que la votación de los diputados siempre sea electrónica y transparente.
Crear mecanismos de participación ciudadana más efectivos.
Garantizar que se dé seguimiento a los accesos de información pública y sean contestados.
Prohibir que la Comisión de Presupuesto sesione a puertas cerradas, asegurar que publique su documentación interna (actas, solicitudes de partidas y créditos extraordinarios).
Anunciar públicamente la agenda de sesiones del pleno legislativo y comisiones con anticipación para permitir la participación ciudadana.
Asegurar que los diputados actúen con transparencia y probidad. Que presenten informes de gestión, publiquen registros de obsequios y reuniones, y que se apliquen regulaciones de lobby o cabildeo. Que solo cobren por los días trabajados y que no abusen de privilegios y prebendas.
Publicar el presupuesto de la Asamblea Nacional.
Ejecutar auditorías internas y externas, publicar los salarios y otros gastos de los diputados.
