Descenso en la transparencia de la información pública. Esta podría ser una de las consecuencias para el país si se aprueba el proyecto de ley 1031 que modifica la Ley 6 de 2002 de transparencia. Al menos así lo alertan representantes de la sociedad civil que han analizado el documento que está en debate en la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, en la lista de temas que los funcionarios (sujetos obligados) están obligados a entregar (artículo 15) no figura nada referente a quiénes son los beneficiarios de programas de gobierno. Es decir, blinda información referente a programas de becas que implican millonarios recursos del erario, ayudas que constantemente están bajo escrutinio porque son manejados con criterio político. Esto imposibilitaría, por ejemplo, tener acceso a los favorecidos con becas y auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).
Ifarhu ejemplo, de opacidad
El Ifarhu estuvo en el centro de las miradas, luego de que en octubre pasado se conociera que allegados a políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) obtuvieron jugosos auxilios económicos. Durante varios meses esa información había sido solicitada por este medio, al igual que por diputados independientes. Sin embargo, Bernardo Meneses, director de la entidad en ese momento, se negó a entregar la información arropándose con la Ley 81 protección de datos.
Meneses renunció al Ifarhu en febrero pasado para probar suerte en la política. Ahora es candidato a diputado por el PRD en Arraiján. Algunos de sus colegas le llaman “el rey de las becas”, no en vano fue el candidato a diputado más votado en las primarias del PRD. Sacó 14 mil 772 votos, superando a su copartidaria la diputada Kayra Harding quien obtuvo 5 mil 170 votos.
La ley 81 de protección de datos también entra en escena en artículo 20 del proyecto de ley 1031. El mismo habla sobre aquella información confidencial o reservada. Dice así: “La misma no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella el titular de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello teniendo los tratamientos correspondientes estipulados en la Ley 81 sobre protección de datos personales”.
Omisiones
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en los últimos días ha denunciado en diversos medios de comunicación, los retrocesos y omisiones que contempla la iniciativa. “Hay una serie de omisiones. Una es la de aclarar que es información pública y que es protegida por la Ley de datos personales. En la ley actual, el funcionario que custodia la información, tiene responsabilidades y administrativas (...) en este proyecto de ley se crea una burocracia adicional pues la responsabilidad de entregar la información ya no es del funcionario que la custodia, sino de una nueva estructura burocrática que va a generar en cada entidad un oficial de transparencia y de cumplimiento”, manifestó el pasado lunes en el programa Cuarto Poder, de Telemetro.
De Obaldía también cuestiona que el proyecto, crea una nueva vía administrativa que estará a cargo de la Autoridad Nacional de Acceso a la Información (Antai) y añade que todo el régimen de sanciones que contiene la ley actual desaparece, la única sanción al funcionario es descontarle la mitad de su salario por el tiempo que niegue la información.
Significa que si una institución no otorga la información, o la entrega parcialmente, el interesado debería llevar el caso a la Antai para que esta institución gestione y exija la información solicitada. Si el funcionario se niega a cumplir, la Antai lo puede sancionar con una multa equivalente a la mitad de su salario mensual. La Ley 6 actual dispone que cuando un funcionario se niega a entregar la información, la persona interesada puede interponer una acción de habeas data ante el Órgano Judicial. Si el funcionario no cumple la orden del juez o magistrado, se le puede sancionar con una multa de dos veces su salario mensual, y si reincide puede ser destituido. El proyecto 1031 eliminaría la destitución.
En la propuesta actual tampoco toma en cuenta a la Defensoría del Pueblo, una institución que está obligada a velar por los derechos de la ciudadanía. El acceso a la información, es uno de esos derechos. Cuando Juan Antonio Tejada fungió como Defensor del Pueblo, (2001-2006), la institución, creó el llamado Nodo de Transparencia, un link en la página web de la entidad, con datos relevantes sobre información pública: planilla, costos de viajes, costos de viáticos, entre otros. Ahora esa información está disponible en las páginas web de ministerios y otros entes estatales, pero algunos de ellos los omiten.
Olga De Obaldía también advierte que el proyecto no viene con una reforma a ley de la Antai para darle independencia a la institución. “No viene con una reforma de la autoridad, que se ha convertido en un ente político: el director entra y sale con el equipo del Presidente, y por lo tanto, como institución de control moral, tiene una debilidad en su independencia”, sustentó.
La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, también advierte que la propuesta no fortalece la participación ciudadana. Es decir, no añade elementos novedosos que ahora son parte de los estándares internacionales en materia de participación ciudadana.
También se cuestiona el momento en que será debatida la propuesta, periodo marcado por la campaña política para las elecciones del 5 de mayo de 2024. Otro aspecto que implica un retroceso es la poca consulta ciudadana que ha tenido el proyecto. “No es un documento que ha tenido consulta amplia, democrática, es una de las leyes más importantes del país, no solamente en el tema de acceso a la información pública, sino en el tema mismo de la participación ciudadana, como mecanismo para la democracia”, sustenta De Obaldía.
Pero en la Asamblea se mantienen firmes. La vicepresidenta de ese poder del estado y miembro de la Comisión de Gobierno, Corina Cano, aseguró que el proyecto “se discutirá”.
“Se va a discutir. No se trata de un proyecto electorero, sino de una necesidad y un compromiso que el país lo ha exigido y que la Asamblea Nacional debe cumplir con ello”, manifestó la diputada del Molirena. Adelantó que la Comisión de Gobierno ha aprobado proyectos de más de 800 artículos “y lo hemos sacado bien consensuado, con muchas personas participando”.
