La administración de Laurentino Cortizo entre 2021 y 2024, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), destinará más de $900 millones, para el pago de los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y bono alimentario.
Datos de esa entidad dan cuenta que en 2021 se otorgaron $227 millones y un año después, es decir 2022, cerró con la asignación de $224.2, para estos programas de transferencia monetaria condicionada.
Luego, para este año se designaron $220 millones y para el próximo periodo de 2024, la cifra solicitada por la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, fue de $230.4 millones, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $220.8 millones, un monto muy parecido al del año 2023.
No obstante, el Mides está dentro de la lista de entidades para las que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recomendó se hicieran reajustes presupuestarios. En este caso, sugirió al Ejecutivo que se le asignaran $18.7 millones más. Allí figuran $9 millones para estos programas de asistencia social.
De hecho, ese fue de los reclamos de la titular del Mides durante la sustentación de su presupuesto de 2024 en la Asamblea Nacional, el pasado mes de septiembre. Manifestó que había un déficit de $4.7 millones para el programa 120 a los 65 y $4.9 millones para Ángel Guardián.
“Para el programa 120 a los 65 hay un déficit de cobertura de pago a 3 mil 297 beneficiarios y para Ángel Guardián de 5 mil 114 beneficiarios”, puntualizó la funcionaria.
Actualmente, hay 192 mil 708 personas que están dentro de los cuatro programas de transferencia monetaria condicionada.
Focalización y efectividad
Uno de los principales reclamos de varios sectores del país es que la continuidad de estos programas debe ser evaluada, ya que no son sostenibles en el tiempo. También piden su medición.
Por ejemplo, Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), subrayó que estos programas deben estar focalizados, es decir, que lleguen a quienes realmente los necesitan.
“Si bien es cierto, hay una población que los necesita, los mismos deben ir hacia donde están realmente los pobres. Además, estos son programas que deben ir en procesos de reducción y no de aumento, mientras son focalizados”, puntualizó.
En palabras de Rosas, estos planes de asistencia social deben manejarse con prudencia y que ese beneficio social pueda ser medido en el tiempo.
Para tener una idea del crecimiento de estos programas, el monto que se asignaba en 2015 era de $212 millones, mientras que el próximo año llegaría a los $230 millones, lo que supone $18 millones más en casi 10 años.
En ese contexto, el presidente de Apede sostiene que si bien estos programas van orientados a una necesidad específica y tienen un noble fin, se debe garantizar que quienes lo reciban son las personas que realmente los necesitan.
El monitoreo
Luego de más de 10 años de haberse creado estos programas de asistencia social, hasta hace pocos meses, a finales de junio de este año, el Mides presentó el Registro Nacional de Beneficiarios de Panamá, un sistema de información que permitiría priorizar en las personas que más lo necesitan.
De acuerdo con el Mides, este registro gestiona beneficios a más de 192 mil ciudadanos que están dentro de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Además, permite la interoperabilidad con otros sistemas de instituciones como el Ministerio de Educación, Tribunal Electoral y Registro Público, entre otros.
Sobre este tema, la ministra de Desarrollo Social señaló que podrán identificar a la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad; se elimina la duplicidad de registros y minimiza los errores de identificación de los beneficiarios en los diferentes programas sociales.
Por otra parte, la entidad informó que en estos momentos lleva a cabo un proceso de actualización de geolocalización de las viviendas de aquellos beneficiados con estas ayudas económicas.
“Esta iniciativa tiene como objetivo actualizar la dirección actual de viviendas de los beneficiarios que han tenido movilidad domiciliaria, en el transcurso de su permanencia en los programas. Además, de brindar una atención eficiente y un seguimiento eficaz de las corresponsabilidades de los programas sociales del Mides”, comunicó la entidad.
El programa 120 a los 65 fue creado en 2009 con el fin de beneficiar a los adultos mayores, y Ángel Guardián en 2012 para las personas con discapacidad severa en condición de dependencia y pobreza extrema. Mientras que la Red de Oportunidades en 2010 y el Bono Alimentario data de 2005.
Los subsidios son una herramienta de los gobiernos para intentar lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a la pobreza, rumbo a año 2030, pues el índice de pobreza multidimensional nacional indica que aun el 19% de la población panameña vive en hogares multidimensionalmente pobres; es decir, casi 2 de cada 10 panameños.
