Dos representantes del Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, pueblo Ngäbe Buglé y campesinos; dos representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y dos representantes de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados. Estos serán los integrantes de la denominada Comisión Ciudadana Contra la Corrupción, la cual fue oficializada a través del Decreto Ejecutivo No. 215 del 1 de septiembre de 2022, que ya entró a regir.
Precisamente esos son los tres grupos sociales con los cuales el Ejecutivo mantiene conversaciones en la provincia de Coclé, desde el 21 de julio pasado.
El establecimiento de esta comisión fue avalada el pasado 20 de agosto, cuando se abordaba la corrupción, uno de los temas incluidos en la agenda de la denominada mesa única de diálogo.
Durante el debate, las organizaciones sociales plantearon la creación de una Comisión de la Verdad sobre la Corrupción. Sin embargo, Elsa Fernández, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), expresó que para atender este tema deben estar en la mesa los representantes de las instituciones que luchan contra la corrupción, es decir, Ministerio Público, Contraloría General de la República y otras entidades adscritas al Ejecutivo. Las organizaciones sociales insistieron en todo momento que la comisión debía ser un “ente ciudadano”, pero sin la participación de instituciones públicas.
Según el Decreto Ejecutivo 215, la Comisión Ciudadana Contra la Corrupción estará bajo la coordinación de la Antai. Se establece también que cada miembro principal tendrá su suplente que le reemplazará en sus ausencias temporales. Los miembros de la comisión, incluidos sus respectivos suplentes, serán designados por el Ejecutivo, propuestos por sus respectivas organizaciones sociales, por periodos de dos años y podrán ser reelegidos, según el tercer artículo de la disposición.
Adjuntos
Decreto Ejecutivo 215.pdfFUNCIONES
Presentar posibles casos de corrupción ocurridos dentro de las entidades públicas y presentar denuncias ante el Ministerio Público o fiscalías especiales por la posible comisión de hechos punibles dentro de la administración pública, son algunas de las funciones detalladas en el decreto que tendrá esta comisión. Otras competencias son: promover la búsqueda, recepción, publicación y difusión de información relativa a la corrupción, además de “coordinar la participación ciudadana de manera responsable en la gestión gubernamental”. Para el cumplimiento de estas funciones, la comisión podrá asistirse por técnicos en mesas específicas.
El documento, suscrito por el presidente de la República Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, establece que la comisión “no podrá actuar en procesos que se desarrollen dentro del sistema de administración de justicia”, en aquellos que sean de competencia privativa de la Antai o en los que se llevan ante la jurisdicción de cuentas. A su vez, las solicitudes y comunicaciones que haga la comisión con el objeto de requerir información relativa a algún posible acto de corrupción serán efectuadas por conducto de la Antai.
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REACCIONES
Varios grupos de la sociedad civil han mostrado su rechazo a los acuerdos de esta mesa única de diálogo, ya que no han sido tomados en cuenta.
De hecho, las reacciones tras la publicación de este decreto en Gaceta Oficial no se hicieron esperar.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, expresó en su cuenta de Twitter que “siempre es bueno” que nuevos actores apoyen la lucha contra la corrupción, pero” una nueva comisión no tiene sentido”. La organización recordó que la Antai creó una en 2021, al referirse a la “comisión interinstitucional de seguimiento de políticas públicas anticorrupción”.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana señaló también que espera el cumplimiento de los compromisos del Reto Transparencia Panamá 2019 y que el hoy actual presidente Cortizo firmó. En dicho reto, los candidatos presidenciales de las pasadas elecciones se comprometían con la transparencia y la lucha anticorrupción en el país.
Siempre es bueno que nuevos actores apoyen lucha contra la corrupción, pero una nueva comisión no tiene sentido. Ya @ANTAI_Panama creó una en 2021 y en @LibertCiudadana seguimos esperando el cumplimiento de los compromisos del #RetoTransparencia2019 pic.twitter.com/4YYNuqUk6e
— Libertad Ciudadana (@LibertCiudadana) September 2, 2022
El abogado Ernesto Cedeño manifestó que el Decreto Ejecutivo No. 215 es “ilegal”. A su juicio, no hay ninguna ley que ampare esta estructura jurídica, además de que restringe la participación ciudadana, como lo ordena precisamente su base, la ley 42 de 1 de julio de 1998, a través de la cual Panamá, en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para la Corrupción, suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996.
Histórico sería que tenga la valentía de presentar al menos UNA de las varias leyes anticorrupción que se comprometió a presentar en campaña. Mentiroso.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) September 2, 2022
Se me olvida que el Nito de campaña y quien ahora gobierna son personas diferentes. 🙃 https://t.co/ccS3c5CZEm pic.twitter.com/XiSgpaAWq7
También hay que recordar que la Gran Alianza Nacional Por Panamá, que aglutina 150 organizaciones de los sectores productivos y empresarial, ha propuesto una “mesa nacional, inclusiva y participativa”, al considerar que “falta representatividad” en las actuales conversaciones en Penonomé.
Está previsto que las reuniones entre el Ejecutivo y los representantes de los tres grupos que lideraron las protestas de julio pasado se retomen este viernes 2 de septiembre.
