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Proponen sancionar a las ‘botellas’ con hasta tres años de prisión

Para quienes hagan el nombramiento del funcionario que cobra sin prestar el servicio la sanción será hasta 15 años de prisión.

Proponen sancionar a las ‘botellas’ con hasta tres años de prisión
La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, conversa con sus colegas en el pleno legislativo este 9 de julio de 2024. LP/Isaac Ortega

Una propuesta de ley busca sancionar con hasta tres años de prisión a los funcionarios nombrados en el Estado que cobran sin trabajar, personas popularmente conocidas como “botellas”.

La iniciativa de ley fue llevada a la Asamblea Nacional por la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, quien explicó que la sanción también incluiría al “embotellador”, es decir, al funcionario que realice el nombramiento.

Indicó que en este último caso la pena sería de hasta 15 años de prisión.

La diputada explicó que actualmente se intenta “encuadrar” al “embotellador” dentro del tipo penal, pero tal conducta no se encuentra específicamente tipificada. Por ello propone incluirlo.

En el caso de las “botellas”, la norma actual incluye sanciones laxas. El artículos 349 del Código Penal establece: “El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos días-multa o trabajo comunitario”.

“La práctica de cobrar y no trabajar sería inconcebible en la empresa privada. Imagínese que un gerente de recursos humanos de una empresa contrata personal sin que el mismo realice tarea alguna pero que perciba remuneración ¿Será eficiente y óptimo ese modelo de negocio?”, dijo la diputada.

Recordó que esta práctica no solo es un símbolo de ineficiencia y mal uso de los recursos públicos, sino también un obstáculo significativo para el desarrollo del país.

Las “botellas” son el resultado de años de “prácticas corruptas y clientelistas”, donde los puestos públicos se utilizan a cambio de asegurar “apoyos políticos o como favores personales”, sostuvo.

Estos funcionarios ausentes o improductivos, aseguró Prado, representan un costo elevado para el Estado y, por ende, para todos los panameños.

Durante la sustentación del proyecto, la diputada explicó que Panamá es el segundo país de Latinoamérica con mayor número de empleados público per cápita: 15.6% de la fuerza laboral panameña trabaja para el Estado.

Esta cifra supera la medida de la región la cual se sitúa en un 10% la cantidad de trabajadores públicos Al compararse con otros países fuera de la región, se observa que proporcionalmente Panamá es superior en cuanto a cantidad de personas trabajando para el Estado. Suiza, por ejemplo, tiene un 10% de empleados públicos sobre el total de trabajadores y Alemania un 11%.

En tanto, los países asiáticos desarrollados tales como Japón (6%) y Corea del Sur (8%) también cuentan con una planilla estatal baja, añadió.




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