Que se extienda el derecho a réplica a la internet y a las redes sociales de las personas naturales y jurídicas. Es lo que pretende un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional.
La iniciativa legislativa es de la diputada Mayín Correa, del partido Cambio Democrático y pretende adicionar un párrafo al artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, que dicta medidas en relación al derecho a réplica, con el propósito de que “el derecho a réplica se extienda a las cuentas que mantengan en internet las personas naturales y jurídicas y las publicaciones digitales y en las redes sociales”.
El anteproyecto, que sería discutido en la Comisión de Gobierno, establece que “se tendrá como titular de la cuenta en redes sociales y en las publicaciones digitales a la persona natural que aparezca identificada como tal y en caso de ser la cuenta de redes sociales y/o la publicación digital de una persona jurídica, o utilizar seudónimo o que no pueda identificarse al responsable de la publicación digital, se tendrá como tal a la persona que tenga la propiedad o tenencia del equipo tecnológico, según el número de IP de dicho equipo”.
La iniciativa ya empezó a encender las alarmas entre ciudadanos. Se habla de una posible censura a la opinión pública. Al menos, así lo sugiere Cindy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana, quien indicó que esta propuesta es un intento por restringir la libertad de expresión. Añadió que en vez de fomentar la transparencia, buscan “taparle la boca a la gente”. También argumentó que se demuestra nuevamente la incompetencia de los diputados en materia de leyes, tecnología, democracia y transparencia.
La propuesta legislativa de Correa se suma a otras que han intentado acallar a los ciudadanos. En 2016, el entonces diputado panameñista Melitón Arrocha, hoy precandidato a la presidencia de la República por la libre postulación; impulsó el proyecto de ley que buscaba instaurar el “derecho al olvido”. La propuesta facultaba a los usuarios de Internet para exigirle a los portales, medios de comunicación y redes sociales, el borrar sus datos personales de estas plataformas en caso que sintieran que se había vulnerado su privacidad o publicado información falsa. La iniciativa fue retirada en medio de múltiples cuestionamientos.
Mientras que en 2022, la diputada perredista Zulay Rodríguez presentó un proyecto de ley que estipula un plazo de 24 horas para que los medios difundan las réplicas, prorrogable por 24 horas más. Actualmente, la Ley 22 de 2005, da un plazo de 48 horas, con 24 horas prorrogables. También plantea un aumento a las multas para quienes infrinjan la ley de entre $5 mil y $10 mil. Incluso, podrían aumentar a $15 mil en caso de tratarse de una noticia que incluya la supuesta comisión de un hecho punible. Pero, el tema quedó sin discusión en la Comisión de Gobierno de la Asamblea.
Correa sustentó que producto del avance de la tecnología en internet, “han surgido las llamadas redes sociales, en la cuales, tanto personas naturales como jurídicas, difunden informaciones y opiniones sobre diversos temas, que en muchos casos son informaciones falsas y/o distorsionadas sobre hechos y personas”. También dijo que “se ofende y se hace mofa de la honra de personas, sin que las víctimas de estas publicaciones tengan la posibilidad de exigir rectificaciones a lo ya publicado”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la diputada sustentó que es “imperante que existan mecanismos jurídicos, mediante los cuales los ciudadanos puedan responder ante las publicaciones que aparecen en medios digitales, redes sociales y en general mediante plataformas online, las cuales consideren, que de una u otra forma le son lesivas”.
