El presidente Laurentino Nito Cortizo debe decidir si sanciona o veta el proyecto de ley 791, aprobado por la Asamblea Nacional en los últimos días de sesiones de abril pasado.
Esta iniciativa legislativa modifica la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública para permitirle a los municipios del país usar para funcionamiento todo el presupuesto recaudado del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), originalmente destinado a obras comunitarias.
Actualmente, la ley de descentralización les permite usar el 10% de esos fondos para funcionamiento y en el caso de los municipios semiurbanos y rurales, el 25%.
El proyecto de ley establece que la norma tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del año en que se declare concluido “el estado de emergencia nacional” por la pandemia de la covid-19. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dicho hasta cuándo estará activo el estado de emergencia.
Contratos mediante acuerdos
Además de permitir que los gobiernos locales destinen el 100% de lo que reciban en IBI para gastos de funcionamiento (planilla, entre otros), el proyecto plantea que los municipios y juntas comunales podrían contratar personal transitorio por acuerdo municipal. “Esto permitirá a los municipios contratar mano de obra para realizar labores específicas que mitiguen los problemas y situaciones de urgencia durante dicho periodo”, dice el proyecto, que fue impulsado por el diputado Javier Sucre, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El proyecto también faculta a juntas comunales y alcaldías a utilizar hasta el 70% de los fondos transferidos por la Autoridad Nacional de Descentralización para la compra de medicamentos, insumos de bioseguridad y alimentos para las comunidades. En ese sentido, la actual ley de descentralización establece que al menos el 70% de esos fondos deberá ser usado en inversión, es decir, en proyectos para las comunidades: construcción de calles, carreteras, parques, entre otros.
Proceso en el pleno
El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate el pasado 26 de abril. Fue el último punto discutido en la sesión plenaria de esa tarde.
Al momento de la discusión, ningún diputado tomó la palabra para hablar ni a favor ni en contra de la iniciativa. Según los registros del sistema de voto electrónico del pleno, el único diputado que votó en contra del proyecto en segundo debate fue el independiente Juan Diego Vásquez.
Al día siguiente, el 27 de abril, cuando se le dio tercer debate, el escenario fue similar: ninguno de los diputados o diputadas presentes se pronunció sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto. Al momento de la votación, cuatro diputados de la bancada independiente: Vásquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández y Yailedis González (suplente de Edison Broce), votaron en contra.
Otro proyecto a la espera de Cortizo
Además del proyecto de ley 791, el presidente Laurentino Cortizo tiene en su despacho el proyecto de ley 650, aprobado el 13 de abril. Este proyecto busca modificar el mecanismo para las contrataciones menores en los municipios, juntas comunales y concejos. Se flexibilizaría el proceso para compras menores a $50 mil. Durante la discusión, algunos diputados aseguraron que lo aprobado estaría comprometiendo la transparencia.
Si bien las modificaciones son transitorias, la propuesta se da en momentos en que el Legislativo discute reformas profundas a la ley de descentralización. Algunas de esas propuestas llevan meses en primer debate a la espera de consenso. El diputado Sucre, el proponente del proyecto de ley 791, es quien preside dicha comisión.
En medio de la pandemia de la covid-19, la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, ha sido modificada al menos tres veces para permitir, precisamente, que los gobiernos locales puedan usar fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles para gastos de funcionamiento. En todas las ocasiones, el presidente Cortizo ha sancionado la norma.
