Proyecto de ley 1031: jefa de la Antai admite que la entidad no juega un rol de balance; el Procurador de la Administración exige aplazar el debate

Dos elementos importantes marcaron la agenda ayer miércoles del debate al proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6 de transparencia. La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional recibió el informe que elaboró un grupo de diputados sobre el proyecto; y el procurador de la Administración, Rigoberto González, envió una carta a la Asamblea en la que pide que se postergue el debate para permitir un proceso de participación, discusión y la búsqueda de consensos.

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reconoció que la entidad que dirige, tiene un mandato que corresponde al de la entidad nominadora; es decir, “acompaña el periodo presidencial”, por lo que “no juega el rol de balance que debe tener, como en el caso de la Defensoría del Pueblo”.

Sin embargo, su planteamiento no coincide con el contenido del controversial proyecto 1031, por el contrario, esta propuesta atribuye a la Antai, el papel de la autoridad rectora y garante de la información, es decir, el ente que le corresponde promover y garantizar el derecho de acceso a la información.

Esto distorsiona lo recomendado por el Modelo de Ley 2.0 de la OEA, que la Antai asegura que tomó como base para elaborar el proyecto de ley. La OEA dice que el garante debe ser autónomo e independiente, con un cuerpo de comisionados que deberán reflejar experiencia, talento y paridad de género. Los mismos deberán ser nominados por una mayoría de dos tercios de los miembros del poder Legislativo y designados por el Ejecutivo a través de un proceso que cumpla con los siguientes principios: participación ciudadana, transparencia, apertura y publicidad de la lista de los candidatos que se consideren más idóneos para el cargo.

Mientras que el proceso para nombrar al director de la Antai (autoridad garante) está contemplado en la Ley Ley 33 de 2013 que crea la entidad: lo nombra el Ejecutivo y lo ratifica la Asamblea Nacional, dos órganos considerados altamente políticos.

La Antai de hecho, está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia, cartera que en los últimos días ha salido a defender el proyecto de ley 1031.

Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, ha cuestionado el papel de garante que se atribuye la Antai en la propuesta. “Para que una institución pueda ser garante de cualquier cosa lo primero que debe tener es imparcialidad e independencia (...) ¿cómo un ente que es parte del equipo político del Presidente puede convertirse en garante? (...)”, se pregunta.

Incluso, ayer durante la sesión de la comisión, De Obaldía volvió a poner el tema sobre la mesa.

La figura del garante del acceso a la información pública es uno de los aspectos centrales de la propuesta. Ayer miércoles, el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Leandro Ávila, pidió a los grupos de la sociedad civil organizada y a la Antai ponerse de acuerdo sobre este asunto.

“Una parte que me preocupa y lo tienen que resolver ustedes y les dejo la tarea es ¿cómo fortalecemos la Antai, sin crear un monstruo, independiente de quién esté allí? No podemos crear un monstruo que venga a competir ya sea con el Ministerio Público, con el Órgano judicial, no sé (...)”, dijo el diputado.

En la sesión de ayer miércoles también se acordó que se ampliarán las consultas del proyecto 1031, las cuales se reanudan el próximo miércoles 13 de septiembre, a las 10:00 a.m., en la Comisión de Gobierno. Dicha instancia se declaró en sesión permanente para abordar el proyecto.

Más voces a favor del retiro del proyecto

Estas consultas seguirán, a pesar de que más de una veintena de gremios, organizaciones de la sociedad civil organizada y ciudadanos han pedido al Ejecutivo que retire el proyecto, por considerar, entre otras cosas, que no es el momento para su discusión. Lo hicieron mediante una carta abierta el pasado martes 5 de septiembre.

Entre los firmantes está la Alianza Ciudadana Pro Justicia, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Cívitas Panamá, la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, las fundaciones para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), Espacio Cívico y el Movimiento Independiente (Movin), entre otros.

También los gremios periodísticos como el Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y el Fórum de Periodistas para la Libertad de Expresión e Información, y ocho ciudadanos particulares: Angélica Maytín, Aurelio Barría, Enrique de Obarrio, Fernando Berguido, Roberto Eisenmann, Juan Antonio Tejada, Juan McKay y Rubén Arosemena.

“Creemos que este proyecto de ley representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en nuestro país, además de que no cumple con los parámetros de la ley modelo interamericana 2.0 de la OEA”, señala la carta a Cortizo, fechada este martes 5 de septiembre, con copia a Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai); el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, y el procurador de la Administración, Rigoberto González.

En la carta también se alega que, cuando faltan ocho meses para las elecciones general del 5 de mayo de 2024, no es momento para modificar la Ley 6 de 2002, porque “el ambiente político electoral que estamos experimentando no favorece el debate que debe contar con la más alta participación ciudadana”.

En la nota también se le recuerda a Cortizo que, el 29 de enero de 2019, cuando era candidato presidencial, fue firmante del #RetoTransparencia2019, un compromiso que además incluyó en su plan de trabajo y que lo emplaza a actualizar la ley orgánica de Antai y al “estricto cumplimiento y refuerzo de la Ley 6 de 2002″.

El último grupo que se sumó a la petición fue la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), que lo hizo ayer miércoles. ”El ambiente político electoral que vive el país no ofrece las condiciones adecuadas para el debate de una iniciativa tan importante”, señala la Capac en un comunicado.

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Habla el Procurador de la Administración

Mientras que en la nota que envió el procurador Rigoberto González a la Comisión de Gobierno dejó claro que “por la importancia y relevancia del proyecto, por el contexto y momento en que nos encontramos, el debate debe quedar diferido en el tiempo, de manera que sea discutido en el próximo periodo constitucional”.

En la carta, González hizo un recuento sobre cómo nació la Ley 6 de 2002. Recordó que esta norma surgió del consenso entre fuerzas políticas, gremios y sociedad civil, con la participación y gestión activa de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a la necesidad de dotar a la ciudadanía de un instrumento que garantizara el acceso a la información pública.

“En este sentido, 20 años después de la implementación de la Ley de Transparencia, lo lógico y adecuado es que la modificación a dicha ley, puesto que se propone la sustitución de Ia misma, ocurra después de un proceso de participación, discusión y búsqueda de consensos mucho más amplia incluso que el original”, argumentó.

El procurador añadió que “resulta preocupante” que quienes han participado hasta el momento en la discusión del proyecto de ley 1031 manifiesten que no conocían el mismo hasta que fue presentado a la Asamblea Nacional, “en una clara contradicción con los principios y postulados que la propia Ley de Transparencia contiene y promueve”.

La solicitud de la subcomisión

En tanto, en el informe de la subcomisión, a parte de pedir que se ampliaran las consultas se señalaron, algunas de las modificaciones que se incorporarán al proyecto 1031.

Entre ellas, todos los artículos del Capítulo VI de la Ley 6 de 2002, sobre las sanciones y responsabilidades personales de los funcionarios que nieguen o obstaculicen el acceso a la información pública que está bajo su custodia. Así como modificar los artículos 3, que habla sobre las definiciones, el artículo 5 que señala el ámbito de aplicación, el artículo 14 sobre los sujetos obligados a entregar información.

De igual forma, se recomendó modificar los numerales 3 y 4 del artículo 19 del proyecto 1031, que habla sobre a quiénes se exceptúan de la entrega de información. En ese mismo artículo se pidió eliminar los numerales 7 y 8.

Aminta Bustamante

Reportera Política.