La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) argumenta que para elaborar el proyecto de ley 1031 que busca derogar la Ley 6 de 2002 de Transparencia, tomaron en cuenta las recomendaciones de la Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA) sin embargo, la propuesta presentada en la Asamblea Nacional, no solo distorsiona lo que la OEA recomienda para la figura del garante de la información es decir, el equivalente a la Antai, si no también omite sugerencias de ese organismo sobre lo que deben publicar las instituciones públicas en sus páginas web, entre otros.
La información recomendada por la OEA y que no está en el proyecto de ley 1031, incluye:
La descripción detallada de las facultades y deberes de los funcionarios de más alto rango, así como los procedimientos que siguen para adoptar decisiones.
Las declaraciones juradas de intereses patrimoniales o sus equivalentes. En febrero de este año, entró en vigencia la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, sobre conflicto de interés en la administración pública. La misma obliga a los funcionarios de alta jerarquía a presentar una declaración jurada de intereses, pero ese documento no es de acceso público. Por eso, organizaciones de la sociedad civil, advierten que cualquier intento de modificar la Ley 6 de transparencia, debe incluir cambios a la Ley 318 para hacer pública las declaraciones de intereses, tal como lo recomienda la OEA.
El mecanismo de evaluación de los funcionarios.
Las agendas de los funcionarios que tengan contacto con el público.
Las convocatorias para ocupar cargos públicos y consultorías.
La descripción de los procedimientos de selección y contratación de personal, independientemente de la forma de contrato, así como el resultado de dichos procesos.
La lista de las personas físicas o jurídicas a las que por cualquier motivo se les permita usar recursos públicos. Aquí se debe publicar los montos que utilizan, las convocatorias y criterios de selección de las mismas, así como los informes que estas personas entreguen sobre el uso y destinos de los recursos.
La lista de los funcionarios públicos que hayan sido objeto de sanciones administrativas firmes y definitivas, especificando la causa de la sanción.
Información sobre los beneficiarios de la exención de impuestos o incentivos fiscales.
Los estudios, análisis, estadísticas y otros documentos análogos producidos con financiamiento proveniente de fondos públicos.
Los informes de auditorías y otros, elaborados por los órganos responsables de la supervisión de los aspectos financieros que incluyan los principales indicadores de desempeño sobre la ejecución del presupuesto.
Los montos destinados a gastos de cualquier tipo de programas o campañas de comunicación social y publicidad oficial, desglosado por tipo de medio, proveedores número de concepto y contrato.
Una lista de empresas y personas que hayan incumplido contratos con el sujeto obligado.
La información sobre todas las erogaciones del sujeto obligado destinadas a publicar, promover, explicar o defender una política pública o decisión.
La Antai también excluyó las recomendaciones de la Ley Modelo 2.0 en lo que respecta a las necesidades de grupos específicos. Por ejemplo, la información relevante para promover una mayor equidad de género, como el cálculo de brecha salarial, la información sobre programas existentes que benefician a las mujeres, así como las estadísticas o indicadores con relación a la inclusión laboral, la salud, entre otros.
Allí se menciona también información sobre los programas sociales destinados a atender las necesidades de otros grupos específicos: menores de edad, adultos mayores, colectivos LGTBIQ+, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
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Consulta
Este miércoles 30 de agosto la subcomisión de la Comisión de Gobierno, encargada de analizar el tema, celebró la segunda consulta al proyecto 1031. Allí se propuso que el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo revise la propuesta.
El presidente de la subcomisión, Eugenio Bernal, y el diputado Luis Ernesto Carles, que la conforma, han prometido que las consultas serán amplias. La diputada Corina Cano completa la subcomisión.
La sesión se realizó en un salón de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede). Representantes de diversas organizaciones manifestaron sus inquietudes. Uno de ellas fue el exdiputado y exvicepresidente de la República Rubén Arosemena, quien manifestó que el proyecto 1031 tiene “distorsiones”. Fue él quien planteó involucrar al Consejo de la Concertación, para que revise la propuesta y atienda las consultas, antes de involucrar a los diputados.
“La norma hay que blindarla. Si no, vamos a tener serios problemas, pero preocupa el resultado final”, dijo Arosemena, quien se ha reactivado en la política como parte del equipo de campaña del expresidente Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular en las elecciones de mayo de 2024.
