El proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes Ilícitos, sigue teniendo más detractores que defensores en la Asamblea Nacional. Esta premisa quedó demostrada ayer jueves, cuando la subcomisión legislativa encargada de hacer un análisis de la propuesta presentó sus consideraciones.
El informe de la subcomisión, integrada por los diputados Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); Emelie García Miró, y Víctor Castillo, ambos del Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifiesta, entre otros asuntos, que penalistas consultados afirmaron que el proyecto de ley contempla una extinción de dominio que se formula con matices “confiscatorios” y “sancionatorios”. Dijeron también que se quebranta la presunción de inocencia al incluir una inversión de la carga de la prueba, si el afectado no justifica el origen de su patrimonio.
Además, sostienen que si bien este proyecto se vende bajo “la firme” convicción de combatir el ámbito económico y patrimonial de la delincuencia organizada, esto no necesariamente se logrará a través de esta ley, pues “presenta connotaciones carentes de garantías que se tornan peligrosas en las manos equivocadas”.
El documento también aboga porque la ley solo tenga alcance sobre bienes ligados al narcotráfico y el crimen organizado, y no sobre otros delitos, como acto de corrupción.
Mesa técnica
Después que se leyó el informe de la subcomisión, el presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia, y Asuntos Constitucionales, el perredista Leandro Ávila, propuso establecer una “mesa técnica” para seguir debatiendo la propuesta. Esta mesa hará cinco sesiones en las que participarán funcionarios del Ejecutivo, abogados, gremios y representantes de la sociedad civil organizada, entre otros.
Ávila sostuvo que en este país “no hay nada garantizado” y añadió que la Asamblea Nacional revisará el documento y lo que salga de esa discusión, “es lo que tendrá el país”. El diputado también se preguntó si esta propuesta legislativa es para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, entonces, ¿por qué “mete” delitos que no tienen relación con estos crímenes?
“Si lo que se quiere es cortarle el músculo a la delincuencia hay delitos específicos, concretos. Si abarca todos los delitos, habría que cerrar fiscalías como la de Cuentas, además del Tribunal de Cuentas, que es la institución que se encarga de la corrupción de servidores públicos”, afirmó Ávila, refiriéndose a los delitos contra la administración pública que incluye la propuesta original que presentó el Ejecutivo.
Recientemente, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, prometió que el proyecto 625 sería aprobado antes del 30 de junio de este año.
En el Salón Titi Alvarado del Palacio Justo Arosemena, donde se desarrolló la reunión, también estaba el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, quien presentó el proyecto de ley ante el Legislativo. En conversación con los periodistas, Pino dijo que respeta lo expuesto por la subcomisión en su informe, pero que no desistirá hasta que la propuesta sea ley de la República.
“Es el tercer lanzamiento, la tercera iniciativa que se trae a la Asamblea Nacional de un proyecto como este. No podemos hacernos a un lado. Tenemos que ver esto con mucha responsabilidad, porque es una herramienta contra el crimen organizado. Lo he dicho muchas veces: Panamá no necesita esperar a estar en un problema donde el crimen suba, como ocurre en otros países, para luego aprobar una ley como esta”, sustentó Pino.
El ministro resaltó que su equipo está “abierto” a analizar las modificaciones al proyecto. “Le hemos explicado a los diputados e interesados en el tema que esto no está escrito en piedra”, añadió.
Otro que está de acuerdo con excluir los delitos contra la administración pública del proyecto de ley, es el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz.
El jurista aseguró que “el 99% de los delitos” a los que alude el proyecto de ley deberían ser “removidos” del mismo, ya que, según él, son una serie de conductas que forman parte de un debate social, no de un fenómeno de seguridad del Estado.
Araúz señaló además que es la justicia ordinaria la que tiene que ventilar y determinar la culpabilidad y consecuencias del delito, aunque resaltó que la legislación nacional tiene décadas de abandono y olvido. “Entre más limitado pueda estar el alcance de la ley y focalizado a atender problemas muy puntuales de la sociedad, podría darse una conversación para que este proyecto llegue a algo. Hay que ser muy pragmáticos, de que es preferible algo a nada”, añadió.
‘Herramienta valiosa’
La propuesta también tiene voces a favor.
Para el exfiscal superior y miembro de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Antonio Tejada, el proyecto es una herramienta valiosa que algunos países ya contemplan en su lucha interna contra el crimen organizado.
“En Panamá, tenemos parálisis por análisis. No es la primera vez que se presenta este proyecto y, por lo visto, se ha generado una oposición en la Asamblea Nacional. No pareciera haber un cambio de actitud para que el proyecto prospere y sea ley de la República, pero es y debe ser una herramienta valiosa en la lucha contra el crimen organizado”, opinó.
La mesa técnica sesionará durante cinco días a las 9:00 a.m., a partir del lunes 3 de abril. Allí los interesados en la propuesta podrán presentar modificaciones, para luego llegar a consensos.
Una vez finalicen los mismos, se presentarán las modificaciones ante la Comisión de Gobierno y los diputados votarán en primer debate a favor o en contra del proyecto de ley 625.
