Rayaba el mes de junio de 2009 cuando los diputados de la Asamblea Nacional hicieron otra de las suyas: archivaron un proyecto de ley que pondría un alto al conflicto de intereses.
El documento buscaba que aquellos casos en los que se otorgaran contratos a familiares, amigos o conocidos del Presidente de la República, ministros y directores de instituciones, fueran castigados, incluso con prisión.
El propulsor de esta iniciativa fue el diputado José Isabel Blandón, quien ha declarado públicamente que no goza de la aceptación del Ejecutivo por mostrar su oposición a proyectos de ley provenientes de ese órgano.
Él solo logró que la Comisión de Trabajo y Bienestar Social prohijara la propuesta; es decir, la considerara aceptable y le diera el visto bueno para ser discutida. Pero nada más. No fue tratada ni en primer debate. Los diputados ignoraron el documento.
De haberse aprobado, hubiese sido la primera ley en el país que castigaría el conflicto de interés en el ejercicio de la función pública. Hoy, la ausencia de una ley de este tipo y el incumplimiento de los códigos de ética en las instituciones públicas están siendo aprovechados por los gobiernos de turno para negociar con el Estado.
El ex presidente Martín Torrijos (2004-2009), por ejemplo, utilizó como eslogan de su campaña presidencial la frase “cero corrupción” y se comprometió a acabar con ese flagelo. Dijo que presentaría una ley anticorrupción y otra para prohibir la recepción de regalos costosos por parte de los funcionarios. Esto nunca se dio.
La realidad fue otra. Torrijos se limitó a aprobar un Código de Ética que establece prohibiciones sobre nepotismo, pero no contempla sanciones. En otras palabras, los funcionarios saben lo que no deben hacer, pero también saben que si incumplen no serán sancionados.
Como Torrijos, el hoy presidente, Ricardo Martinelli, se comprometió en campaña a erradicar el nepotismo. Hay al menos cinco ejemplos que demuestran que su promesa quedó en palabras.
Uno es la contratación directa de la empresa Borda Imagen, propiedad de la hermana y los sobrinos del mandatario Martinelli, que fue elegida para bordar los logotipos del gobierno en camisas, suéteres, gorras y chaquetas que usan como uniforme los altos funcionarios.
Otro ejemplo es la contratación directa, por parte de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), de la empresa Global Clic Marketing para promocionar Panamá en el extranjero. Este contrato fue cuestionado luego de que se diera a conocer que un accionista de esa empresa era Alberto Molinar, hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar.
La Policía Nacional también contrató en octubre de forma directa a la firma Musasvat Arquitectos, fundada por el padre de Faizal Asvat, consejero del director de esa entidad, Gustavo Pérez, para diseñar tres subestaciones policiales.
El Ministerio de Comercio e Industrias no se quedó atrás. Hace menos de un mes le otorgó una concesión minera por 25 años a Ricardo Francolini, presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, vicepresidente de Tocumen, S.A. y gerente de Constructora Suárez, empresa del ministro de Obras Públicas, Federico Suárez.
