Proyecto para la protección de denunciantes de corrupción pasa a segundo debate

La protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción y faltas administrativas es el objetivo del proyecto de ley N° 131, aprobado en primer debate por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional este martes 2 de abril.

Aunque el diputado presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, se opuso y abrió un intenso debate; el voto a favor de seis diputados terminó imponiendo la aprobación del proyecto en esta instancia.

“De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”, sostuvo Camacho al referirse al proyecto, al tiempo que argumentó que la figura de protección podría provocar el “libertinaje” para que personas denuncien falsos casos de corrupción; a pesar de los contrapesos que establece la propia redacción del documento.

Ese argumento fue refutado por el diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien señaló que, para evitar que personas se aprovechen de la figura, el artículo 19 del proyecto establece que se les aplicarán las acciones legales correspondientes y se les suspendería la protección otorgada.

Entre las medidas de protección que la norma aplicaría a denunciantes, se encuentra un fuero laboral para que no se pueda destituir o desmejorar la condición laboral de un denunciante, además de reservar la identidad del denunciante o testigo, su domicilio, profesión o residencia.

Por su parte, el diputado proponente del proyecto, Jorge Bloise, señaló que también se busca garantizar “la seguridad física, psicológica y laboral de quienes aportan información a investigaciones en el uso indebido de fondos y bienes públicos” .

Asimismo, Olga de Obladía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, añadió que para el proyecto se recibieron las opiniones favorables de la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Un caso de desprotección

Durante la sesión también tuvo oportunidad de tomar la palabra el exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Carlos Stoute, quien precisamente fue separado de su cargo tras denunciar irregularidades en el programa de Vale Digital, que llevó a cabo el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) tras la pandemia de Covid-19.

“En un hecho de clara represalia, fui separado de mi posición por el presidente de la República [Cortizo]”, señaló Stoute en su intervención, al tiempo que dijo que antes de presentar la denuncia acudió a todas las instancias correspondientes para que se tomara acción al respecto, pero no obtuvo apoyo.

Stoute también detalló que hubo funcionarios de la AIG que quisieron darle el respaldo en la denuncia, pero que por cuidar su trabajo no se atrevieron. En ese sentido, subrayó la importancia del proyecto para que las personas puedan atreverse a denunciar sin temor a represalias.

“Oponerse a la decisión de un administrador [superior] es supremamente peligroso, mucho más allá lo es denunciar”, señaló Stoute.

El diputado Camacho, también vocero del expresidente Ricardo Martinelli—condenado por lavado de activos—, insistió en que la iniciativa legislativa “no va a cambiar nada mientras no haya un cambio en la sociedad” y dijo que el sistema democrático “no es perfecto”. No obstante, el diputado Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos, le indicó que precisamente el proyecto es necesario para buscar el perfeccionamiento del sistema democrático y las instituciones.

El proyecto fue aprobado con el respaldo de la mayoría de diputados de la Comisión, con seis votos a favor y solo uno en contra —del diputado Camacho—. Camacho reaccionó y dijo que presentará un informe de minorías al pleno de la Asamblea Nacional para buscar que el proyecto no sea aprobado en el segundo debate.

Mario De Gracia

Periodista