El proyecto de ley No. 508 –a través del cual se regula el porcentaje de descuentos a las escuelas y universidades particulares si la modalidad de enseñanza es virtual, presencial y semipresencial– será discutido próximamente en segundo debate por el pleno de la Asamblea Nacional.
Esto, luego de que la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado perredista Héctor Brands, avalara el martes 23 de febrero de 2021 la iniciativa presentada por su colega Leandro Ávila.
La propuesta, impulsada por Ávila, plantea que si una escuela o colegio particular tiene más de mil 100 estudiantes debe aplicar un descuento de 35% del total del costo del contrato anual. Ese mismo porcentaje rige para las universidades particulares que cuenten con más de 400 estudiantes. Aquí, la rebaja se aplicará tanto en la matrícula anual como en el costo de cada asignatura.
Ávila remarcó que lo que se está debatiendo es que haya una ley donde claramente se establezca cuánto sería el costo de la mensualidad y matrícula, si la clase es presencial, virtual o semipresencial. Indicó que lo se busca es “hacer justicia”, al tiempo que rechazó que se pretenda decirle a los colegios y universidades particulares cuánto es el monto que deberán cobrar por mensualidad.
El diputado oficialista recordó que, el año pasado, a causa de la pandemia de la Covid-19, las propias escuelas particulares dieron descuentos de entre 25 y 50%, debido a la crisis económica. Dijo que se esperaba que, en este 2021, se tomara la misma decisión, sin embargo, las escuelas particulares y universidades han hecho “contratos leoninos”.
En la sesión legislativa de este martes, los padres de familia reiteraron que los colegios particulares les han cobrado por materias como laboratorio y piscina, cuando las clases son virtuales.
En ese sentido, el diputado Ávila señaló que ahora los costos se invirtieron y son los padres de familia y acudientes quienes deben comprar las computadoras, tablets, además de asumir los pagos por la electricidad, entre otros aspectos. “Si se sabe que los tres primeros meses de clases van a ser virtuales, entonces hagan el descuento que es justo y necesario”, expresó Ávila.
GREMIOS REACCIONAN
A través de un comunicado, los gremios y asociaciones de centros educativos particulares expresaron su “preocupación” por el hecho de que se pretenda utilizar el tema educativo particular como “vitrina de proyección personal para aspiraciones políticas, desinformando, intimidando y realizando planteamientos populistas”, a todas luces alejados de las normas y preceptos constitucionales y legales, como el derecho a la libertad de enseñanza, la posibilidad de elegir del padre de familia entre diferentes ofertas educativas, la libre oferta y demanda, la libre competencia y sobretodo violando los principios de la seguridad y certeza jurídica empresarial.
En el comunicado, la Asociación Panameña de Centros Educativos Particulares (Apacep), la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (Uncep) y la Federación de Educación Católica de Panamá (Fecap) enfatizaron que la pandemia de la Covid-19, y la consecuente crisis económica-laboral, sorprendió a colegios particulares, y especialmente a los padres de familia, quienes no tuvieron la oportunidad de tomar decisiones, especialmente económicas.
Ante esto, los colegios particulares ofrecieron “de forma solidaria” un plan de alivio financiero y flexibilización tanto de fechas de pago como la suspensión temporal de cláusulas y condiciones contractuales suscritas entre colegios y acudientes.
“Pese a las altas morosidades acumuladas y la falta de apoyo para los padres por parte del Estado, las escuelas particulares facilitaron la terminación del año lectivo, preservando el derecho a la educación de los alumnos”, indicaron en el escrito.
No obstante, enfatizaron que los contratos de servicios educativos para el año lectivo 2021 constituyen una nueva relación entre las partes, cuyos términos y condiciones han estado a disposición de los padres de familia, con transparencia, desde el inicio de periodo de inscripción de cada colegio. Es decir, con suficiente antelación para que el padre de familia pudiese “comparar, comprobar y luego consumir” ejerciendo su derecho a elegir de acuerdo a sus circunstancias y situación económica actual.
