A pesar de que muchos diputados dicen escuchar “la voz del pueblo”, todavía no se ha concretado un recurrente clamor ciudadano: las modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional (consignado en la Ley 49 del 4 de diciembre de 1984), para transparentar la gestión legislativa y eliminar beneficios.
Los ciudadanos han pedido modificar el reglamento debido a los múltiples privilegios que tienen los diputados, que, entre otras cosas, pueden importar dos vehículos sin pagar impuestos, tienen pasaporte diplomático, pueden acogerse a licencias (con sueldo o sin sueldo) y hasta ausentarse de la curul sin que se les aplique algún descuento salarial.
Sin embargo, los diputados han logrado esquivar el debate. En este último periodo legislativo, el presidente de la Asamblea Nacional, el perredista Jaime Vargas, ni siquiera se ha referido a ese tema. No lo mencionó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el pasado 2 de enero. Ni durante el pasado periodo, que también lideró, dio muestras de que impulsará la discusión del proyecto de ley 96, que reposa en el orden del día del pleno desde hace dos años, esperando recibir segundo debate. Hasta el pasado jueves 4 de enero estaba en el punto 61 de la agenda. Vargas se limitó a decir que en los próximos meses la agenda legislativa se centrará en promover leyes que fomenten el desarrollo social y económico, fortaleciendo la “estabilidad” y la “paz” en Panamá.
El proyecto 96
Todos los presidentes de una u otra manera han usado los cambios al reglamento orgánico como bandera para arrancar su gestión, con el favor de la ciudadanía.
Durante 2020, cuando el presidente del Legislativo era el perredista Marcos Castillero, una de las promesas que hizo fue modificar la Ley 49 de 1984. Él mismo presentó un proyecto de ley al respecto. Otros diputados también presentaron proyectos propios y todas las iniciativas fueron acumuladas en el proyecto 96. En unas se proponía eliminar prerrogativas a los diputados; otras exigían la divulgación de las planillas secretas, descontar salario a los diputados paviolos, limitar el tiempo de licencias, crear nuevas comisiones, etc.
Pero la gestión de Castillero culminó sin avalar los cambios. El 28 de abril de 2020, los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) pararon la discusión aduciendo la necesidad de “consensos” y “acuerdos” antes de avanzar con el debate del tema, por lo que se acordó posponerlo para el siguiente periodo legislativo.
El tema se retomó en la gestión del perredista Crispiano Adames. Se logró aprobar el proyecto en primer debate en la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales, que en ese momento presidía el perredista Leandro Ávila. Se hizo por la insistencia de miembros de la bancada independiente y las quejas ciudadanas.
También puede leer: Crispiano Adames pide a sus colegas abordar ‘sin mayor dilación’ las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional
Por ello, se abrió una consulta ciudadana y el 29 de septiembre de 2021, tras ser aprobado en primer debate, el proyecto se presentó al pleno para ser incluido en la agenda para segundo y tercer debate.
Hay resistencia
¿Por qué no se discute el proyecto 96? Es la bancada mayoritaria del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), que controla el Legislativo, la que debe accionar nuevamente el debate del proyecto de ley 96.
Dejar a un lado este tema es para algunos dirigentes de la sociedad civil e incluso del Legislativo, una “vergüenza”, ya que no existe un claro compromiso con la transparencia.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que la Asamblea Nacional está controlada por diputados y partidos que no tienen un claro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Recordó que cambiar el reglamento surgió como una iniciativa de la bancada independiente, que se hizo eco del clamor ciudadano. “Esta fue una iniciativa de la bancada de independientes que llegaron a la Asamblea con un claro propósito: rescatar este órgano y darle las herramientas para consolidar una verdadera democracia participativa, transparente, que elimine de una vez por todas la corrupción, el clientelismo y afirmen la rendición de cuentas”, recalcó Lee.
De hecho, el primer proyecto de ley que ingresó en la Asamblea actual, el 3 de julio de 2019, fue uno elaborado por Juan Diego Vásquez, sobre modificaciones al reglamento. El proyecto (que recibió el número 1) rápidamente fue apoyado por diputados de todas las bancadas; hasta la del PRD. Ahora es distinto.
“Es evidente que la aplanadora que controla la Asamblea [PRD] no tiene ningún interés de renunciar a esos privilegios que colocan a la Asamblea como uno de los órganos más ineficientes en la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia y rendición de cuentas”, precisó.
Por su parte, el diputado independiente Vásquez, quien ha mantenido su papel beligerante en las discusiones, pues era miembro de la Comisión de Credenciales cuando se debatió el tema, tildó de “vergüenza” que ni uno de esos proyectos haya prosperado.
“Hay una resistencia de la mayoría de los colegas en quitarnos privilegios, en corregir lo que debe ser corregido y en proteger la institucionalidad real de la Asamblea. La Asamblea Nacional no puede seguir distante y ajena a los clamores ciudadanos. Debemos ser más eficientes y transparentes. No todos piensan igual”, añadió.
