Cuando faltan 16 días para que culmine el año, aumenta la incertidumbre sobre qué pasará con el presupuesto general del Estado para el 2024.
Dilatación o encrucijada
Han pasado dos meses desde que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), instancia a cargo del presidente del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, pidió que se hicieran “reajustes” por $780.2 millones al proyecto del presupuesto presentado por el Ejecutivo, que ya ascendía a $32,754 millones.
Pero luego, el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Héctor Alexander, anunció una reducción “significativa” de los montos que cada institución recibiría, tanto para funcionamiento como inversión. Pero para que esto último suceda, el Ejecutivo debía redactar un nuevo proyecto de presupuesto y enviarlo a la Asamblea Nacional.
Desde el pasado 20 de noviembre, cuando se anunció del ajuste a la baja, se desconoce en qué fase se encuentra la discusión del documento en el Consejo de Gabinete, que lidera el presidente Laurentino Cortizo.
Fuentes del Gobierno aseguran que los diputados y algunos ministros se niegan a que el presupuesto de $32, 754 millones sea recortado, como lo anunció el ministro de Economía.
La negativa al recorte, según apuntan las fuentes, es la posible eliminación de uno de los principales “reajustes” que solicitó la Comisión de Presupuesto.
De los $780.2 millones en reajustes propuestos por la Asamblea, los diputados pidieron un aumento de $53.4 millones para el presupuesto de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), en pleno año electoral.
Investigaciones periodísticas han demostrado que, en la práctica, el dinero de la descentralización, lejos de beneficiar a las comunidades, estaría siendo usado para fines proselitistas.
Un ejemplo de esta práctica ha sido la descentralización paralela, investigación que publicara La Prensa y donde quedó evidenciada la entrega de más de $202 millones a alcaldías y juntas comunales bajo el control del PRD, a espaldas de los mecanismos establecidos en la Ley 37 de 2009, sobre la descentralización en la administración pública.
Sin embargo, los ciudadanos y gremios exigen un recorte al presupuesto.
En el estallido social de octubre y noviembre pasados los ciudadanos dejaron claro que no quieren promesas, sino acciones, y piden una contención del gasto público. Uno de los gremios que se ha pronunciado sobre el recorte presupuestario es la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).
La Cciap y sus agremiados, quieren saber cómo se ajustará el presupuesto. El gremio, que preside Adolfo Fábrega, considera que el proyecto de presupuesto de 2024 refleja un “injustificado, sospechoso e incoherente aumento de 20% con respecto a 2023″. El presupuesto del Estado en 2023 ascendía a $27,579.4 millones.
“Desde nuestra óptica, el presupuesto general de Estado para la vigencia fiscal 2024 debe estructurarse de manera que reduzca significativamente el gasto de funcionamiento, generando un ahorro corriente y destinando recursos a la inversión pública prioritaria”, planteó en un comunicado la Cciap.
Para el analista político José Stoute, el presupuesto debe tener una reducción de no menos de $5 mil millones, dada la “grave situación económica” por la que atraviesa el país. De lo contrario, dijo, el “Gobierno tendría que financiarse con empréstitos exteriores”.
Recomienda reducir los presupuestos de la AN y de la Autoridad Nacional de Descentralización.
“Si no lo hicieran habría nuevas movilizaciones de protesta”, aseguró Stoute.
En este escenario, el Ejecutivo estaría en una encrucijada o dando tiempo para que se cumpla el plazo que establece el artículo 272 de la Constitución, cosa que, según Stoute, no le conviene. “Eso será un gran escándalo”.
El artículo 272 señala que “si el proyecto de presupuesto general del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete”.
Es decir, el proyecto de presupuesto que tiene un monto de $32, 754 millones
La próxima semana
Precisamente ayer jueves, se conoció que se pospuso en el Consejo de Gabinete la discusión del llamado a sesiones extraordinarias de la AN, para aprobar el presupuesto. El Gabinete seguirá discutiendo el tema el próximo lunes.
La AN requiere aprobar el presupuesto en tres debates y por ley, estos debates, deben ser en días consecutivos.
Los debates no pueden darse el mismo día, por lo que habrá poco tiempo para la discusión, de darse la convocatoria del Ejecutivo.
Robinson: ‘No sé qué está haciendo el Ejecutivo’
Ayer, el diputado Robinson señaló que la Comisión de Presupuesto no pidió ningún aumento, sino que se le quitara a algunas instituciones que no estaban ejecutando y que esos fondos se les pasara a otras entidades que sí lo hacían.
“Si el Ejecutivo está haciendo un presupuesto nuevo, entonces habrá dos presupuesto de la Asamblea. Lo único que el Ejecutivo tenía que hacer si tiene modificación del presupuesto, es mandarnos una resolución para incluirlo al presupuesto”, señaló.
“Yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander, qué está haciendo el Ejecutivo, pero lo que tiene que hacer es aprobar lo que nosotros destinamos, pero si no tiene eso, entonces vamos a pasar a la siguiente fase”, advirtió Robinson.
La siguiente fase, según planteó Robinson, es el artículo 272 de la Constitución.
Si los diputados no quisieran aprobar el proyecto o dilatar su aprobación, les convendría que se aplicara el artículo 272 de la Constitución. Además, están los artículos 79 y 83 del reglamento interno de la AN.
El artículo 79 indica que la Comisión de Presupuesto tiene un término de 30 días para aprobar el proyecto presupuestario, mientras que el 83 dice que la Asamblea tiene un plazo de 10 días para la discusión y votación del proyecto de presupuesto en segundo debate.
También está la opción de que el presupuesto sea rechazado y entre a regir el presupuesto de 2023, en base a lo que señala el artículo 273 de la Constitución.
