El destino final del manejo irregular de $240 millones por parte de las juntas comunales en el período 2009–2014 no podrá conocerse de momento y los responsables de ello seguirán impunes.
El juez quinto de lo penal, Enrique Paniza dictó un sobreseimiento provisional tras calificar las sumarias que le remitió la Fiscalía Primera Anticorrución en la investigación por el manejo irregular de $240 millones de dólares por parte de 153 juntas comunales.
Paniza, en el auto No. 86 del 5 de mayo pasado explicó que tomó la decisión ante la ausencia, en el expediente, de los informes de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría General de la República sobre esta investigación.
Indicó que los hechos planteados no permiten tener certeza de que se cometió un hecho punible.
El juez sostuvo que “en las constancias procesales incorporadas al presente proceso penal, se deduce que no existen por el momento suficientes elementos de prueba que demuestren la comisión de un delito contra la administración pública”.
Sin embargo, Paniza detalla que una vez aportados los informes de auditoría del MEF y de la Contraloría, la fiscalía puede solicitar la reapertura de la investigación para establecer posibles responsabilidades.
Además, expuso en su fallo que su despacho solo es competente para conocer los casos de las juntas comunales que están dentro de la circunscripción judicial del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá y que el resto de los casos que corresponden a juntas comunales de Chiriquí, Los Santos, Arraiján, La Chorrera, Colón, San Miguelito, Chitré, Herrrera, Darién y Veraguas son competencia de otras jurisdicciones.
La investigación
La investigación de este caso la inició el 13 de junio de 2014 la Fiscalía Primera Anticorrupción tras la publicación de informaciones sobre la aparición de partidas circuitales que diputados de la Asamblea Nacional transfieron a juntas comunales y municipios.
El MEF detectó en julio pasado que 153 juntas comunales reciberon fondos por encima de lo permitido por ley. Estas debieron recibir $84 millones provenientes del Programa Nacional de Desarrollo Local (Pronadel) durante el período 2009 -2014. No obstante, estas juntas recibieron $240 millones, es decir, $156 de más.
El artículo 6 de la Ley 84 de noviembre de 2012 que creó el Pronadel, establece la transferencia de $110 mil anuales a cada una de las juntas comunales, y $30 mil anuales a los municipios y que estos fondos estarían a cargo del MEF, a través de los concejos municipales, previa consignación de las partidas respectivas en el Presupuesto General del Estado.
En marzo pasado, el contralor Federico Humbert declaró que la auditoría que llevaba la institución sobre las juntas comunales demoraría un poco más de los previsto. Se interrogó al contralor sobre el estatus actual de esta auditoría que inició en julio pasado, pero no respondió.
Los hallazgos
Las juntas comunales fueron escondite de millones de dólares que transfieron los diputados, particularmente durante la campaña electoral pasada.
Un informe del MEF reveló que entre 2013 y 2014 se transfirieron $76 millones en concepto de partidas a 113 juntas comunales y 20 municipios para uso de los diputados.
El traslado del dinero era aprobado por el MEF con el supuesto objetivo de beneficiar a los residentes de esos corregimientos. Todo se hizo sigilosamente y casi en secreto.
El miércoles 19 de febrero, en pleno proceso electoral, el MEF autorizó el traslado de 12 millones de dólares a 49 juntas comunales. Dos de ellas recibieron un millón de dólares: la junta comunal de Playa Leona y la de Río de Jesús.
Según un decreto de la Contraloría, durante la gestión de Gioconda Torres de Bianchini, que restableció la partidas cirucitales, las juntas comunales podían cobrar hasta 5% por el manejo de las partidas de los diputados. En la practica, los concejales y diputados acordaron el cobro de 10% por este manejo.
Las juntas comunales que más dinero manejaron fueron la de Playa Leona, en La Chorrera[ $6 millones] y la de Río de Jesús en Veraguas, la cual recibió con 8.2 millones de dólares.
A Río de Jesús transfieron partidas los diputados de Cambio Democrático (CD) Carlos Afú, (un millón de dólares) y Noriel Salerno (dos millones de dólares). Ambos se reelegieron.
Freidi Torres y Rubén De León [ reelecto], del PRD, también depositaron partidas en ese municipio.
A Playa Leona llegaron los depósitos de los entonces diputados oficialistas Marcos González (San Miguelito); Absalón Herrera (comarca Gunayala); Rubén Frías[ reelecto] y Luis Corbillón (La Chorrera).
De estos fondos no quedaba nada para la solución de las necesidades sociales de las comunidades.
Una investigación que hizo este medio en Río de Jesús y Playa Leona puso en evidencia las carencias de obras sociales en estos poblados que solo vieron pasar los millones de dólares.
En tanto, millones de estos fondos fueron utilizados por los diputados para su campañas reeleccionistas. Compraron miles de electrodómeticos y artículos que regalaron a sus electores.
