El diputado Raúl Pineda –tercer subsecretario del PRD– ha obtenido en el actual gobierno decenas de hectáreas de tierras estatales pagando centavos por tierras ubicadas en zonas privilegiadas en Colón.
Pineda se unió al selecto grupo de políticos que han obtenido tierras nacionales pagando miserias, como la exministra Alma Cortés, quien, por $534, se hizo de 88 hectáreas de tierras en las riberas del río Mamoní, en Las Margaritas de Chepo, o el exministro Franklin Vergara, que tituló 128 hectáreas por $774 en Chepo. También el exministro Demetrio Papadimitriu, quien consiguió con su familia 54.3 hectáreas gratuitas –tituladas a nombre de 12 sociedades y dos particulares– en las playas de Juan Hombrón, o la diputada Yanibel Ábrego, que obtuvo 9.3 hectáreas en Cirí Grande, Capira, al pagar $60 por ellas, es decir, a menos de $6.50 la hectárea.
Y no solo se trata de obtener grandes extensiones de tierra por centavos. También las consiguen en zonas privilegiadas, como en los ejemplos anteriores. En el caso de Pineda, son fincas ubicadas a pocos metros de playas o en las montañas, gracias a la generosidad de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra (Anati), institución que permanentemente sufre escándalos de este tipo.
Terrateniente
En mayo de 2021, el presidente Laurentino Cortizo anunció en Colón el inicio del programa Barrido Catastral de Costas y Montañas de Colón con la Anati para “poner fin a décadas de espera para que estas zonas sean legalizadas y tener un título de propiedad”. Tres meses después, para ser parte de este proyecto, autoridades del distrito de Santa Isabel, en Colón, y la Anati firmaron un acuerdo.
El 22 de junio pasado, 132.5 hectáreas en un área boscosa, cercana a las playas de la Costa Arriba de Colón, pasaron de ser nacionales a ser propiedad del diputado de San Miguelito. Se trata de tres fincas. Una, de 14 hectáreas, ubicada a poca distancia de Playa Chiquita, una comunidad de pescadores de la Costa Arriba de Colón. Es una zona que, por la belleza de sus playas: aguas cristalinas y arenas blancas –ideal para el snorkel–, es buscada por nacionales y extranjeros (ver foto 1).
El área no solo atrae a turistas... también a narcotraficantes. A cercana distancia está la poco transitada playa Puerto Pava, conocida por el desove de tortugas. En septiembre de 2021, el Ministerio de Ambiente liberó mil 700 neonatos de tortugas en playas del país, siendo Puerto Pava una de estas. Pero, dada la soledad de esta playa, también es aprovechada para el trasiego de drogas. El año pasado, el Servicio Nacional Aeronaval y la Fiscalía de Drogas de Colón y de Guna Yala realizaron incautaciones de droga en ese lugar.
Por esta finca, Pineda pagó $1,587, menos de $115 la hectárea. La finca fue solicitada por el diputado en julio de 2015, pero no es hasta que el PRD llega al poder que el Ministerio de Ambiente aprueba su uso, en junio de 2021. Poco después, en octubre de ese año, la Anati determinó –en una segunda inspección ocular en el terreno– que “no hubo oposición ni queja de terceros” para otorgar la finca, indica la resolución de adjudicación, firmada por el director nacional de Titulación y Regularización de Anati, Damián Cigarruista.
Los edictos para obtener la extensa finca fueron publicados en febrero de 2022 y Cigarruista firmó la adjudicación cuatro meses después. Pero no fue todo: por esas mismas fechas –el 23 de julio de 2015– el diputado tenía sus ojos puestos en otra finca, el doble de grande. En esa ocasión pidió a la Anati adjudicarle 27.8 hectáreas en Palenque, también en Santa Isabel, Colón.
La finca está ubicada a orillas de carretera, en Palenque, Nombre de Dios. Esta vez Pineda pagó $5,951, es decir, a $214 por hectárea. Palenque es una zona de potencial turístico, gracias a sus playas de aguas turquesas transparentes. Este lugar, habitado por unas 400 personas, según el censo de 2010, es promocionado como una zona ideal para surfistas, pero, por ahora, de poca afluencia (ver foto).
Cuestionado sobre la posesión de estas tierras, Pineda restó importancia a su potencial turístico y paradisíaco. Indicó que la finca cercana al pueblo de Playa Chiquita “no tiene agua, luz ni carretera ni nada. Está por un camino rural”, pese a que está a pocos metros de la vía principal.
Pineda, en un inicio, rechazó que la finca en Palenque –que, según dijo, es de 29 hectáreas y no de 27.8– tuviese acceso a la carretera, pero luego rectificó cuando La Prensa le indicó que los planos muestran su ubicación.
Negó que estas fincas estén cerca de la playa, pese a que las imágenes satelitales muestren lo contrario, así como versiones de los residentes, que, temerosos, prefirieron el anonimato. Su potencial turístico es evidente por su cercanía a la playa y por sus calles “bien pavimentadas”.
‘Función social’
Con dos fincas en el bolsillo –de una extensión conjunta de más de 41 hectáreas–, al diputado todavía le parecía poco: pidió más tierras a la Anati. Esta vez obtuvo una finca del triple del tamaño de sus otras dos finca juntas. El nuevo terreno –con una extensión de 90.7 hectáreas de área boscosa– se ubica en el corregimiento de Miramar, nuevamente en el distrito Santa Isabel, Colón. Pineda pagó esta vez $15,822 o menos de $180 la hectárea (ver foto 1).
Según la resolución de adjudicación de la Anati, Pineda compró derechos posesorios a un tercero, quien habría solicitado la titulación de esta finca en enero de 2014, pero diez meses después, traspasó sus derechos a Pineda. La inspección del terreno por parte de la autoridad para titular la finca fue en octubre de 2021. El director de Titulación de Anati indicó nuevamente que no hubo “oposición ni queja de terceros”, por lo que la Anati cumplió con “la función social” de entregar el terreno solicitado.
Miramar –con unos 210 residentes, según el censo de 2010– es muy visitado por panameños y extranjeros, no solo por el agua cristalina de las playas cercanas, sino por su ecoturismo.
Pineda compró los derechos posesorios de esta finca tres meses después –en octubre de 2013– de entregarse la orden de proceder para construir la carretera Cuango-Santa Isabel. Y, aunque la obra fue abandonada por el contratista, el proyecto se retomó en 2018. Esta carretera está a pocos metros de la entrada de la finca, de exuberante vegetación.
El diputado alegó que “pagó el precio más alto que tiene la Anati” por esas tierras, que usa para cebar su ganado. Añadió que el terreno lo obtuvo “como cualquier ganadero que hace su solicitud [de tierra]” a la Anati.
En octubre pasado, el presidente Cortizo ordenó proceder con la construcción del llamado Corredor del Caribe, una vía terrestre de $91.6 millones. El proyecto contempla diseño, construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha-María Chiquita, que unirá la autopista Panamá-Colón con la Costa Arriba de Colón. Esta obra, que debe ser terminada en dos años, reducirá la distancia de miles de residentes de la costa atlántica –incluyendo al diputado Pineda– con el resto del país, lo que potenciaría el valor de las tierras del diputado, no solo por la vía, sino porque el Gobierno se ha propuesto el desarrollo turístico de esta región.
Sonreído, Pineda aseguró que este corredor no pasará por la Costa Arriba, sino por la Costa Abajo. “No hay forma de que pase por Costa Arriba. Eso está lejísimo”, aseguró. “¿Usted cree que si en los terrenos hubiese algo oscuro lo pondría a nombre mío? [De ser así], lo haría a nombre de una sociedad para que la gente no dé conmigo”, subrayó el diputado.
De interés social a lujos
La tierra que compró Pineda en Colón no es para construir su residencia principal. En 2005 compró su primera vivienda en el distrito que él representa en la Asamblea Nacional. Para entonces, Pineda era asistente en el Ministerio de la Presidencia.
De acuerdo con el Registro Público, Pineda pidió un préstamo de unos $40 mil a la estatal Caja de Ahorros, equivalente al 100% del valor de la vivienda, ubicada en Villa Lucre. De entonces para acá, a Pineda no le ha ido nada mal, pues compró un apartamento por el que pagó 10 veces más que por su primera residencia. El hoy diputado acudió una vez más –en junio de 2020– a la Caja de Ahorros para pedirle $300 mil, destinados a cancelar la compra de su nueva residencia: un apartamento de propiedad horizontal de $400 mil, ubicado en Panamá Pacífico, Arraiján.
El diputado había abonado $100 mil al vendedor, seguramente seducido por la publicidad del edificio: “Espacios llenos de lujo y confort”, conformado por “una comunidad exclusiva…”.
Según se describe en una declaración jurada que habría hecho el diputado de San Miguelito y que consta en el contrato de préstamo hipotecario con la Caja de Ahorros, este apartamento sería su “residencia principal” (ver facsímil).
Y, en efecto, esto lo confirmó el propio Pineda, quien no descartó trasladarse con su familia a la nueva residencia, de la que –a propósito– es dueño desde hace casi tres años, pero que, según dijo, está alquilada.
¿No correrá como diputado en San Miguelito?, preguntó La Prensa. “No es una decisión que hemos tomado, pero la ley electoral te permite correr donde esté tu oficina”. Sobre el abono del apartamento –de $100 mil–, dijo que tardó un año en pagarlo.
¿Cómo se pagó el abono, pues no se observa en los documentos trámite bancario?, preguntó este medio. “Todo se pagó por medio de cheques”, resaltó, sin precisar la procedencia del dinero, aunque dijo que sí reveló el origen del dinero al vendedor.
¿Soy como tú?
Con el eslogan “soy como tú”, Pineda intentará asegurar su curul en las próximas elecciones. El diputado regaló en diciembre pasado en su circuito televisores, lavadoras, jamones y bolsas con comida. No fue con dinero del Estado ni de donantes. Pineda asegura que todo lo compró con su dinero.
Pineda, al igual que muchos de sus colegas, se convirtió en empresario al mismo tiempo que se desempeña como servidor público.
Y en redes sociales hace gala de una vida ostentosa. Imágenes de costosas fiestas, viajes, etc. son posteadas en sus cuentas personales. El pasado 26 de diciembre, por ejemplo, Pineda divulgó fotografías de él y su familia en un viaje a Colombia para celebrar las fiestas de fin de año. El político informó que viajó en un avión privado, aunque dijo que solo fue “un bote” a Medellín, Colombia. Es decir, que alguien más habría pagado ese viaje.
A inicios de enero de este año, Pineda también entregó más de mil bicicletas y accesorios en San Miguelito, junto con el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, Luis Oliva, hoy su inseparable compañero, cuyo nombre también aparece en las cajas de regalos que entregaron (ver foto).
En la página web de Raly se promocionan estas bicicletas en $75, $115 y $118, mientras que los cascos que acompañaron la entrega de cada bicicleta se obtienen a $15 la unidad. La mayoría de las bicicletas estaban en el rango de los $118.
Según Pineda, se gastó en bicicletas $200 mil –de lo cual hizo alarde en redes sociales–, es decir, el equivalente a la mitad del costo de su nuevo apartamento, y por el cual pidió un préstamo de $300 mil para pagarlo.
El dinero para esta compra provino de una de sus empresas como parte de su “responsabilidad social”, dijo. ¿A qué se dedican sus empresas para tener ese flujo de dinero? preguntó La Prensa. “Una, a la logística, que tiene seguro social y empleados. De allí hemos pagado”, aclaró para que no quedaran dudas de que provino de una sociedad de papel.
