Reactivar el diálogo, el primer escollo del IVM

Reactivar el diálogo, el primer escollo del IVM
Cada mes la CSS debe desembolsar unos 190 millones de dólares para pagar a los actuales jubilados. Archivo


Tomar decisiones para tratar de salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) implicará un camino espinoso y complicado en los próximos meses. Esto quedó demostrado este jueves 23 de septiembre en una votación en la junta directiva de la CSS para dar el primer paso para reactivar el diálogo.

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Se debía decidir si se acogía darle cortesía de sala a las organizaciones de la mesa única del diálogo de Penonomé para que expusieran su propuesta de recomponer el Diálogo por la CSS, congelado desde diciembre de 2021 en espera del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sin uno de de los integrantes clave: los trabajadores. Al final se decidió por mayoría de 9-2 dar la cortesía de sala, pero aún no se tiene fecha de este encuentro.

La votación se dio tres días después de que en la página web de la CSS se publicaran los resultados del informe de la OIT que confirman la crisis de las actuales y futuras pensiones de quienes cotizan en la CSS.

El difícil camino de una reforma a la CSS: primer amago en la junta directiva

Ante informes locales e internacionales que dejan claro que la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS) es inminente, ¿cuál es la ruta para un acuerdo nacional que permite enfrentar esta crisis que, según los expertos, tiene potencial para arrastrar al resto de la economía del país?

Como se recordará, el presidente de la República, Laurentino Cortizo convocó en diciembre de 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, al llamado Diálogo Nacional por la CSS (DNC), que sesionó entre febrero de 2021 y diciembre de ese año en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en Amador con Joaquín García Villar como facilitador. Pero una de los sectores clave en este esfuerzo, los trabajadores, a través del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), se retiraron de la mesa en marzo de ese año alegando, entre otras cosas, que el facilitador debía ser cambiado y que debía regresarse al “sistema solidario”.

Posteriormente, con el pretexto de que era necesario un informe actuarial de encargado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se suspendieron las conversaciones.

Como se sabe, el debate sobre el IVM, relegado durante años por el costo político que implicaría tomar medidas para salvar las jubilaciones, fue convocado por Cortizo con la premisa de buscar soluciones que no afectaran las llamadas “medidas paramétricas”: la edad de jubilación (de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres) o el monto de la cuota obrero-patronal (13.5%).

También hay que recordar que en 2005, tras un diálogo nacional, se reformó la ley orgánica de la CSS (Ley 51 del 27 de diciembre de ese año) para crear el sistema mixto de pensiones, que ahora coexiste con el de reparto definido o “solidario”. Precisamente los grupos que hoy exigen regresar al sistema solidario se opusieron en aquella ocasión.

Hace poco la Junta Técnica Actuarial y el Departamento Actuarial de la CSS llegaron a la conclusión de que las reservas del subsistema de reparto definido del IVM y el fideicomiso a su favor se agotarán entre el último trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, si no se hace pronto una reforma a la Ley. Para el año 2023, antes de los aportes que hace el Estado, habrá un déficit neto de $1,123. 3 millones, que luego sube a $1,287 millones en el año 2024.

A una conclusión similar llegó la OIT, que además alerta de las consecuencias a largo plazo del subsistema sistema mixto. No hubo ninguna recomendación, más allá de dejar claro la gravedad de la situación.

¿Se reconfigurará el diálogo?

El pasado jueves 22 de septiembre, la junta directiva de la CSS abordó la posibilidad de que se reformule la mesa del diálogo del Parlatino que se convocó en 2020, como parte del acuerdo pactado entre el Ejecutivo y las alianzas en la mesa única del diálogo de Penonomé. El primer paso fue aprobar una cortesía de sala para que dirigentes que conforman los tres grupos sociales: Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado y Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, les explique la importancia de la “reformulación” o recomposición” de la mesa.

La cortesía de sala logró aprobarse con nueve votos a favor y dos en contra. Fueron apoyados por el Gobierno, cuyos representantes en una primera reunión, se habían abstenido. Dos representantes del sector empresarial votaron en contra.

Las alianza pactaron con el Ejecutivo que se reinicie el diálogo, con la presentación del informe actuarial de la OIT, que se cambie el facilitador (Joaquín García Villar), que los representantes de los partidos políticos salgan de la mesa y que se sienten los dirigentes de los trabajadores que se levantaron en su momento.

Con propuestas distantes y alejadas de los números, el camino para llegar a un consenso en la eventual reactivación del diálogo con un carácter tripartito (gobierno, trabajadores y empresa privada) se torna difícil. De hecho, por tratarse de una reforma a la ley orgánica de la CSS, el tema también debe pasar por la Asamblea Nacional, donde el ambiente a favor de buscar una salida tampoco no es el más propicio, con divisiones incluso en la actual alianza de gobierno.

Además, con un proceso electoral de por medio en el que cada quien está tratando de buscar votos.


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