Pugnas, reclamos, trifulcas. En ese escenario se desarrollaron las elecciones internas del partido Realizando Metas (RM), colectivo político que fundó el expresidente Ricardo Martinelli, y que el pasado domingo celebró comicios internos para escoger a sus autoridades de la secretarías de la Mujer y de la Juventud.
Hasta ayer en la tarde no se tenía un reporte oficial de quiénes resultaron ganadores. Mariela Jiménez, candidata a la secretaría de la Mujer y Oliver Dawkins, candidato a la secretaría de la Juventud, en un comunicado aseguraron que por la “gravedad de las irregularidades e inconsistencias”, resulta “obvio” que se deben “realizar nuevas elecciones en un número importante de lugares”. “No hay duda de esta necesidad. La presidenta de la Comisión de Elecciones (Alma Cortés) ha expresado que más de 25 mil personas no pudieron votar”, añaden en la nota.
En efecto, el pasado domingo, día en que se celebraron los comicios, Cortés aseguró que unas 25 mil personas no pudieron votar por no tener listas las mesas. Candidatos a los distintos cargos manifestaron que personal afín a las nóminas ocupaba espacio dentro de los centros de votación, lo cual no está permitido por ley.
Durante el transcurso del día de ayer, Cortés no respondió a llamadas de este medio para que hablara del tema. Su hijo, Rafael Rodríguez, era el candidato de una de las nóminas a la secretaría de la Juventud.
Mientras que ayer al mediodía, en la sede del partido en Plaza Carolina, local que anteriormente alojaba al partido Cambio Democrático, también fundado por Martinelli, no había nadie. Afuera quedaban restos de basura y las puertas de hierro del local estaban cerradas con candado.
¿Esquivar la audiencia?
Esas nuevas elecciones que plantean en RM le extenderían el fuero electoral penal a Martinelli, y a su vez le permitiría esquivar la audiencia por el caso New Business, programada para el próximo 19 de mayo. La jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se vio obligada a suspender esta diligencia a raíz de que Martinelli invocó el fuero electoral, y luego pidió al Tribunal Electoral (TE) que le retirara esta coraza, pero los magistrados Heriberto Araúz, y Alfredo Juncá negaron esta petición alegando que el exgobernante está protegido por el principio de especialidad.
Tanto Martinelli como Cortés ya habían pedido al TE que pospusiera las elecciones. Esto les permitiría alargar el calendario electoral y, por ende, extender el fuero.
El TE comunicó que no se encargó de las elecciones, ya que RM no lo pidió. El TE, en cambio, sí firmó acuerdos con el Movimiento Otro Camino y el Partido Revolucionario Democrático para sus procesos electorales internos.
Tanto la renuencia a celebrar estas elecciones como las denuncias de presuntas irregularidades hacen pensar a muchos que se trata de una táctica para que se convoque a nuevas elecciones y, por ende, prolongar la coraza legal de Martinelli.
“El ruido que algunas figuras del Partido RM están haciendo tiene como propósito mantener el fuero electoral a Martinelli si es posible por lo que queda de este año. Anuncios de impugnación son para mantener el calendario electoral interno vivo”, escribió ayer en Twitter el analista político Edwin Cabrera.
Mientras que la exprocuradora y exdiputada, Ana Matilde Gómez, considera que lo ocurrido con las elecciones de RM demuestran que el Código Electoral “es una ficción jurídica que no alcanza a la realidad electoral del país”.
Agrega que con el fallo de los magistrados del TE que mantuvo el fuero electoral penal a Martinelli, “pareciera que le dieron una salida, una razón para que siempre esté en permanente cobertura o amparo del fuero”.
“La actividad electoral es tan dinámica que el código siempre será una ficción, porque la dinámica electoral va más rápido de lo que se puede legislar”, añadió Gómez.
Boris Barrios, exfiscal electoral, considera que opinar sobre la legitimidad del proceso es imposible, pues no existe control público sobre los hechos, ya que el TE no participó. A su juicio, incluso, el TE no debería reconocer los resultados. “No se debe reconocer, mal puedo estar avalando un evento sobre el cual no tengo control porque no se coordinaron las agendas electorales”, dijo Barrios. Agrega que al no haber control público, no se tiene legitimidad en cuanto a si el proceso “respetó los derechos políticos de los electores”.
