Educadores, transportistas, ambientalistas obreros, estudiantes, comunidades indígenas, entre otros, protestaron ayer martes en distintas provincias del país, en reclamo por el alza del combustible, el alto costo de la canasta básica y los medicamentos, falta de agua potable, construcción de carreteras, puestos de trabajo, entre otros problemas.
Las manifestaciones surgen cuando se cumplen tres años del gobierno de Laurentino Cortizo, administración que en 2022 maneja un presupuesto superior a los $25 mil millones, que incrementó la deuda pública a $42 mil 891 millones, llevó la planilla oficial a más de 246 mil funcionarios y tiene un gasto en subsidios de $2 mil 263 millones. Todo ello, en el contexto de la pandemia por la covid-19.
El epicentro de las protestas se concentró en Santiago, Veraguas, donde centenares de ciudadanos, principalmente educadores, salieron a las calles. Al final de la tarde de ayer, el gobierno anunció la instalación de una mesa de trabajo de “alto nivel” para buscar respuestas a los reclamos. Esa comisión está presidida por la ministra de Educación, Maruja Gorday.
El descontento social se toma las calles de las provincias
Hay descontento, hay rabia. El día de ayer martes 5 de julio fue de protestas: en Veraguas, en Los Santos, en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Panamá Oeste, en la capital. Salieron todos: educadores, transportistas, obreros, estudiantes, comunidades indígenas, entre otros.
Se quejan del alto costo de la vida, reclaman una solución al precio del combustible, exigen agua potable, piden carreteras, quieren empleo.
La protesta en las calles de Santiago fue multitudinaria. A los maestros se les unieron los dueños de buses colegiales y ambientalistas, entre otros. “Estamos respaldando la lucha de los educadores”, dijo Gonzalo González a un canal de televisión. La marcha la lideró la Asociación de Educadores Veragüenses, gremio que junto a otros se ha declarado en huelga hasta que se le dé respuesta a sus reclamos.
En la Villa de Los Santos, el profesor Moisés Aguilar fue reprimido por cuatro policías que lo maniataron, lo esposaron y luego arrestaron.
“Déjenlo, que él no ha hecho nada”, decían algunos de sus compañeros que fueron testigos del forcejeo con los policías. Toda la escena quedó registrada en un video que circuló por las redes sociales. En total, 22 profesores santeños fueron arrestados. Quedaron en manos del Juzgado de Paz de La Villa de Los Santos, pero en la tarde fueron liberados.
‘Celebrando con la plata del pueblo’
En la capital, el descontento se hizo sentir desde temprano, cuando obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares protestaron en diversos puntos de la ciudad: en la entrada del corredor sur, en la vía Boyd-Roosevelt, en la vía Centenario.
Un trabajador vestido con camisa roja, casco rojo y micrófono en mano se quejó de la fiesta de la que todo el mundo habla: la que celebraron los diputados de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, luego de la instalación de un nuevo periodo de sesiones. La misma donde tomaron un licor que cuesta casi $400.
“El pueblo inocente sale a votar en masa para que ellos hagan fiestas en la Asamblea, como vimos en días pasados a un diputado llamado Bolota (Jairo Salazar), y a todos ellos celebrando con la plata del pueblo”, dijo.
Al mediodía, educadores protestaron en la plaza 5 de mayo.
La estela de protestas ocurrió después del paro de transportistas de carga agrícola de Chiriquí, grupo que suspendió sus labores por cinco días para exigir que el gobierno congelara el precio del combustible. El pasado jueves, logró un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que implicó “alivios económicos” desde $250 hasta $1,526, dependiendo del tipo de vehículo.
Ayer, al cierre de esta edición, el gobierno anunció la instalación de una mesa de diálogo con los educadores veragüenses. Está presidida por la ministra de Educación, Maruja Gorday, e integran representantes de otros ministerios.
Por estos días, el presidente Laurentino Cortizo está en Estados Unidos, atendiendo asuntos de su salud.
Números grandes
El gobierno de Cortizo calculó originalmente un presupuesto de $25 mil 294.7 millones para 2022, pero esa a cifra sigue creciendo.
El pasado miércoles 29 de junio, el Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional al presupuesto por $356 millones 590 mil 708. Todo, en medio de los reclamos ciudadanos por el récord histórico de la deuda pública: $42 mil 891 millones.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, emitió una alerta e hizo un llamado al gobierno de Cortizo “para que cumpla con los estándares internacionales de presupuestos abiertos, y a transparentar la forma como se utilizan los recursos públicos”.
El pasado 1 de julio, día en que el presidente Cortizo rindió un informe de su gestión a propósito de la instalación de una nueva legislatura en la Asamblea, su copartidario Crispiano Adames, presidente del Legislativo, le pidió dar un golpe de timón para evitar “el hartazgo social”. Se refirió varias veces a un posible estallido social como resultado “de la desigualdad” y los movimientos “antisistema”.
Desde afuera
¿Qué piensan representantes de sectores políticos del país?
Para José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, el principal problema que enfrenta el país es la falta de liderazgo por parte del presidente Cortizo. “Ellos ven la tormenta llegar y no hacen nada hasta que las cosas ya están en una situación de mayor gravedad”, dijo Blandón y puso como ejemplo los paros en Colón y en Tierras Altas, Chiriquí.
“Si el presidente no ejerce su liderazgo, todo anda manga por hombro (…) para mí, el problema está en la cabeza”, manifestó sobre las posibilidades de ver un cambio de rumbo. “El presidente no va a cambiar su manera de ver las cosas”, afirmó.
En cuanto a las declaraciones de Adames y el llamado que hizo al presidente a Cortizo el pasado 1 de julio, Blandón aseguró no tiene mucha esperanza de que haya un cambio en los dos años de gobierno que quedan. “Lo interpreto más [el discurso] como un lanzamiento de campaña de parte de él”, consideró, al tiempo que dijo estar “preocupado” ante la inacción y los factores externos que no parecen mejorar a corto plazo.
Por su lado, la diputada del partido Cambio Democrático Ana Giselle Rosas consideró que el “descontento generalizado” no significa que los movimientos sociales, los gremios y los diferentes sectores ignoren que existe una realidad internacional y su impacto en la economía del país. “El pueblo sabe de esta realidad, pero ve a un gobierno derrochador como si de comparsa o fiesta se trata”, dijo a La Prensa.
“La gente está viendo cómo hay millones para favorecer a una cúpula con exoneraciones de impuestos, cómo aumentan la planilla estatal y compra de vehículos para atención de altos funcionarios”, añadió.
Otro que opinó sobre el tema fue Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino. Aseguró que la situación que se vive hoy en día “no sorprende”, pues consideró que “el descontento social es una consecuencia de la desconexión y desatención de esta administración”.
Afirmó que las prioridades del gobierno están equivocadas. “En vez de estar pensando en fines politiqueros, deberían estar pensando en la generación de empleo de manera urgente, de levantar el estado de emergencia y poner a andar la economía”, sustentó.
Para el excandidato presidencial, el gobierno le dice al pueblo que no hay recursos, cuando se “despilfarran miles de millones”.
“El gobierno está jugando con fuego y poniendo en riesgo la estabilidad del país con sus actos, inacción e irresponsabilidad”, sentenció Lombana.
También se unió a este debate la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El gremio, que preside Marcela Galindo, es de la opinión de que si bien hay causales externas importantes que afectan la situación que vive el país hoy en día, “es necesario trabajar de forma conjunta en la búsqueda de alternativas a mediano y largo plazo”.
Agregó que las marchas y protestas son parte del funcionamiento de nuestro sistema democrático. “En este momento, el país merece un clima de tranquilidad, basado en un diálogo pacífico entre las partes, para avanzar”, indicó el gremio y, al mismo tiempo, abogó por el diálogo como la “mejor postura para la vía de resolución de diferencias”.
