El pasado 6 de agosto, el profesor Félix Estrada Kapell dirigió una carta formal al procurador de la administración, Rigoberto González, solicitando una consulta sobre la legalidad de la reciente creación de la Asociación de Interés Público Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi-AIP).
En su carta, el docente planteó serias inquietudes sobre la legalidad de ciertas prácticas en la Unachi-AIP. Estrada Kapell cuestionó si es legal que Rosa Moreno de Araúz presida esta entidad y si la Unachi-AIP está autorizada a cobrar un porcentaje, del 10% u otro, por la administración de fondos provenientes del presupuesto de la Unachi.
Además, el académico planteó dudas sobre la obligación impuesta a los investigadores de utilizar los servicios administrativos de la Unachi-AIP para gestionar dichos fondos, sometiéndolos al pago de un porcentaje, ya sea del 1% o cualquier otra cifra, del monto asignado a los proyectos de investigación.
La respuesta de González fue que las actuaciones de la Procuraduría de la Administración “se extienden al ámbito jurídico-administrativo del Estado, excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en general, las competencias especiales que correspondan a otros organismos oficiales”, ya que entrar a conocer sobre el contenido y legalidad de actos administrativos materializados podría implicar rebasar los límites impuestos por la Ley y constituir un pronunciamiento prejudicial en torno a materias cuya competencia corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo expuesto en el artículo 206 de la Constitución Política.
La AIP
La creación de las AIP está regulada por ley y, de hecho, varias universidades y centros de investigación cuentan con una. En el caso de la Unachi-AIP, fue creada en diciembre de 2023, y la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, prácticamente aseguró su control.
La normativa de la AIP establece que debe contar con la representación de tres entidades u organizaciones.
En este caso, su presidenta es Rosa Moreno, vicerrectora administrativa de Unachi; su vicepresidente, Eldis Barnes, de la Universidad de Panamá; su secretario, Pedro Rojas, también de Unachi; su tesorero, Gerardo Araúz, del Club de Leones de David; y su vocal, Virgilio Sousa, del Ministerio de Educación.
Moreno y Rojas son allegados a la rectora de Unachi, mientras que Barnes es presidente de otra AIP en la que Medianero de Bonagas es vocal. Es decir, que comparten puestos en dos juntas directivas.
Por su parte, Sousa fue nombrado por el expresidente Laurentino Cortizo como director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.
Cabe recordar que clanes familiares ligados al Partido Revolucionario Democrático (PRD), que gobernó en la administración pasada (2019-2024), han convertido a la Unachi en un “cuartel de invierno”.
Llama la atención que dentro de los estatutos de la AIP, todos los miembros pueden ser reemplazados cada cuatro años, con excepción de la presidenta.
Entre las actividades principales de esta AIP están desarrollar acciones para la captación de fondos, identificar fuentes de financiamiento y gestionar recursos para el desarrollo educativo, así como facilitar apoyo técnico a la universidad.
Tanto la rectora de la Unachi como parte de su equipo de trabajo han sido cuestionados en las últimas semanas por temas como nepotismo y conflicto de intereses.
Entidades como la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, así como la Asamblea Nacional, han abierto investigaciones contra esta casa de estudios superiores.
