La Fiscalía de Asuntos Civiles del Ministerio Público recuperó en 2010 la suma de 93.2 millones de dólares en procesos arbitrales en los que el Estado panameño era parte, mientras que 30.2 millones de dólares se perdieron en procesos judiciales similares.
El fiscal de asuntos civiles William Parodi detalló que el monto total de procesos arbitrales en los que participó el Estado panameño durante el año pasado, ascendió a 123.4 millones de dólares, aunque algunos de esos procesos fueron declarados nulos y otros aún se encuentran en trámite, en espera de fecha para la audiencia.
Parodi precisó que entre los laudos arbitrales favorables al Estado se encuentra el proceso de Astilleros Braswelll versus la Autoridad Marítima de Panamá, por un monto de 25 millones de dólares, que se ventiló en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de New York.
También mencionó el proceso adelantado entre la empresa National Energy Inc versus la república de Panamá, por 62 millones de dólares, que se adelantó en el Centro internacional sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones, en Washington D.C.
Otros de los procesos favorables al Estado durante 2010 fue el litigio surgido entre la empresa Quifar Internacional versus la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la suma de 42 millones de dólares; el de Constructora del Istmo versus la ACP por 2.6 millones de dólares; y el proceso entre la empresa Panedi versus el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), por un monto de 3.6 millones de dólares.
Entre los procesos en que el Estado panameño no fue favorecido se encuentran la ejecución de una sentencia a través del Juzgado Undécimo Civil del proceso presentado por el Consorcio Van Dam versus la Nación, por un monto de 23.2 millones de dólares; y el presentado por Beatriz de Arosemena versus Cable Wireless Panamá por la suma de 6.9 millones de dólares.
