La Red de Derechos Humanos de Panamá exigió, este lunes 2 de marzo, que se investigue y se separe del cargo a la defensora del Pueblo, Maribel Coco “por el atentado a la institucionalidad de los derechos humanos en el país".
Esta red, conformada por 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos, recordó en un comunicado que hace unos meses atrás denunció el peligro que se cernía sobre la Defensoría de Pueblo y las intenciones de hacer del único mecanismo institucional de protección de los derechos del pueblo, un nicho de manejo politiquero y volver a la práctica de hacer del mismo una “bolsa de trabajo” para seguidores partidarios sin preparación para el cargo.
Coco, asumió el puesto en octubre de 2019, luego de que la Asamblea Nacional destituyera a Alfredo Castillero Hoyos, en medio de un proceso por supuesto acoso laboral y sexual en la entidad.
En ese momento la Red de Derechos Humanos de Panamá denunció las presiones para la renuncia del defensor Alfredo Castillero y enfatizó que la Defensoría del Pueblo, no es de ningún Partido político, de ningún Gobierno sino del Pueblo y los defensores de los derechos humanos del país.
Lamentó que actualmente esta institución haya caído en “las garras del clientelismo y el rejuego de intereses, debilitando su labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Panamá”.
En el comunicado señala la entrevista de Coco en el Knockout, publicado en el diario La Prensa, este domingo 1 de marzo, la cual “configura no solo el clientelismo político y el tráfico de influencias como método valido de su gestión, sino que evidencia negligencia en el ejercicio de una función pública. Sabemos que el tráfico de influencias es un delito estipulado en el artículo 354 del Código Penal, que nos habla de penas de 4 a 6 años y es una falta grave en el Código de ética del servidor público”.
Lea aquí el Knockout: ‘La sociedad merece que yo siga’: Maribel Coco
En la entrevista, la defensora, admitió que la hija de la exministra de Trabajo Alma Cortés, y hermana de la diputada perredista, Zulay Rodríguez, había sido nombrada en la institución porque “Alma” es “su amiga” desde hace más de 30 años. También reveló que contrató a Vielka Valentine, quien fue condenada en 2015 a 40 meses de cárcel por falsificación de documentos y corrupción de servidores, porque le llegó su hoja de vida. Pero, que no supo de sus cuentas con la justicia hasta entonces. “No la puedo destituir. Ella quiere terminar su cuota para jubilarse...”, indicó.
También admitió haber atendido al exmandatario Ricardo Martinelli en su carro. Él la fue a visitar pero no entró a la oficina, sino que ella fue hasta su carro. También piensa que al expresidente, quien fue declarado no culpable en un proceso en el que se le acusó de espionaje político, se le violaron sus derechos cuando estuvo preso en la cárcel.
La funcionaria también admitió que su hijo trabaja en la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación a la que ella renunció 15 días antes de asumir el puesto. Su esposo, de acuerdo con lo que contestó, es médico en el Órgano Legislativo desde hace 12 años. Reiteró su amistad de 30 años con el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, y no se acordó cuantos casos de feminicidio van hasta la fecha.
Peticiones de la Red
En Panamá en las últimas décadas la corrupción y el contubernio para dilapidar y robarse los bienes y recursos públicos ha ido en aumento. Se ha capturado sectores importantes de la administración pública como parte del sistema corrupto para gestionar negociados, evadir impuestos, y robo. Ante esta realidad las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo piden a las autoridades lo siguiente:
• Al Procurador de la Administración que investigue a la funcionaria pública Maribel Coco quien ocupa el cargo de Defensora del Pueblo a.i., por tráfico de influencias, delito tipificado en el Código penal y el Código de ética del servidor público. No puede ser que acepte públicamente este tipo de delitos y no pase nada. Ver entrevista en La Prensa del 1 de marzo. Knockout de Flor Mizrachi. Urge que se investigue y tenga sanción ejemplar, pues con este proceder aceptado como “normal” por esta funcionaria, coloca en riesgo la integridad de la institución de derechos humanos, abriendo la puerta a intereses particulares en perjuicio de la transparencia, la justicia y el combate a la corrupción.
• A la Asamblea Nacional se le exige que separe del cargo a esta funcionaria y proceda al nombramiento inmediato del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo. Ha pasado tiempo suficiente para estudiar las postulaciones que en su momento se dieron.
Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía a que defendamos nuestra Defensoría del Pueblo, entidad que logramos luego de décadas de activismo social, sin ella como mecanismos para dirimir conflictos sociales, individuales y colectivos se debilita la posibilidad de avanzar en una cultura de respeto y convivencia social, estamos a tiempo de no profundizar la espiral de violaciones y de impunidad que tarde o temprano desembocara en un clima de conflictividad y desestabilización social. La democracia real necesita de mecanismos de derechos humanos fuertes y con credibilidad, necesita tener certeza de castigo a los que infringen la Ley.
Las organizaciones firmantes del documento son:
Asociación Ambiental de residentes de Coco del Mar y Viña del Mar
Alianza Ciudadana Pro Justicia
Alianza de Mujeres de Panamá
Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa)
Centro de Estudios y Capacitación familiar (CEFA)
Ciudadanos Unidos por la Constituyente (CUCO)
Cinta Chocolate 30 de abril
Cladem-Panamá
Espacio de Encuentro de Mujeres (EEM)
Fondo De Seguridad Social Mujer y Niñez
Fundación para la Equidad de Género (Fundagenero)
Voces de Mujeres Afrodescendientes
Instituto de Estudios Políticos Internacionales (IEPI)
Mesa de Análisis y Políticas Públicas de Personas con Discapacidad (Meledis)
Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistema de Bocas del Toro (Modeteb)
Movimiento Independiente por Panamá (Movin)
Unión Nacional de Mujeres de Panamá (Unamup)
Red de Derechos Humanos de Panamá
Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Panamá)
