El primer debate del proyecto de ley 163, que modifica la norma orgánica la Caja de Seguro Social (CSS), comenzó con un extenso coro de voces en contra del aumento de la edad de jubilación, duros cuestionamientos al denominado fondo único de capitalización solidaria, críticas por la “distorsión” de la palabra “solidaridad”, llamados a erradicar la evasión fiscal y aumentar la rentabilidad de los fondos de la entidad.
El auditorio Carlos Titi Alvarado, ubicado en el cuarto piso del conocido como “nuevo edificio” de la Asamblea Nacional, acogió a 24 personas que opinaron sobre el documento de 91 páginas, el cual llegó al Legislativo el pasado 6 de noviembre de la mano del Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino.
Los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, instancia que preside el oficialista Alaín Cedeño, establecieron las reglas de la sesión poco después de las 10:00 a.m.: los interesados en exponer tienen 15 minutos para hacerlo; hablarán 32 personas por día de una lista de más de 350 ciudadanos que se anotaron para opinar.
Todo esto ocurrió mientras miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) protestaban frente al Palacio Legislativo exigiendo una CSS “pública y solidaria”.
La lista de oradores fue diversa: miembros de organizaciones sociales, académicos, jubilados, políticos y representantes de gremios, entre otros. El primero en tomar la palabra fue José Machuca, un ciudadano quien propuso que la CSS se podría salvar con el dinero procedente del 10 % de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorgue en materia de fibra, telecomunicaciones y de las empresas donde el Estado es socio.
Después, siguió Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá, quien explicó que su intervención estaría basada en una propuesta elaborada por economistas y actuarios de la universidad.
Mencionó cuatro aspectos: erradicar la evasión fiscal, controlar la evasión de cuotas, aumentar la rentabilidad de los fondos de la entidad y “formalizar a los informales”.
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En cuanto a la evasión de impuestos, se recordó que en 2022 representó $7.832 millones, el equivalente al 10,2 % del PIB. Propuso reducir esta evasión en un 1.5 %, lo que generaría $18,101 millones de balboas en 10 años y $53,709 millones en 20 años. El rector también mencionó que el 25 % de los asalariados en empresas privadas no están inscritos en la CSS; esa cifra, explicó, generaría $2,162 millones adicionales en 10 años y $5,921 millones en 20 años. Mientras que, si se incrementa al 6 % la rentabilidad de los fondos de la entidad, esa fórmula podría aportar $1,578 millones en 10 años y $2,870 millones en 20 años, pues la rentabilidad actual de los fondos es del 4 %.
En primera fila se encontraron entre el público Dino Mon, director de la CSS desde el pasado 2 de octubre, y Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud. A un costado del auditorio, un reloj gigante marcaba el tiempo.
Después de Flores, tomó el micrófono el catedrático Juan Jované, quien fue director de la entidad entre 1999 y 2003. “Queremos que el seguro social sea público, solidario y eficiente”, manifestó. Sostuvo que se requieren medidas basadas en la equidad y la universalidad del derecho a la seguridad social, “en vez de privatizar o externalizar los fondos y los derechos de los trabajadores”.
José Blandón, excandidato a la presidencia de la República y presidente del Partido Panameñista, comenzó diciendo que este proyecto no es solo una cuestión de números, pues también tiene un fuerte componente “ideológico” entre los que abogan por cuentas individuales y los que prefieren un sistema solidario.
Manifestó que tres componentes deben ser evaluados: la sostenibilidad financiera, la cobertura y la suficiencia de las prestaciones. Señaló que las cuentas individuales representaron el inicio de la muerte del sistema solidario. Recordó que el sistema de cuentas individuales existe en 30 países del mundo, y de ellos, el único desarrollado es Suecia. “Todos los demás tienen sistema solidario”, añadió. Explicó que 18 de esos 30 países han hecho reformas e incluso algunos, como Argentina y Bolivia, lo han revertido. Esta propuesta, dijo, “lo que hace es ampliar el sistema de cuentas individuales”.
Entre los aspectos relevantes de la reforma, mencionó que aumenta la edad de jubilación en tres años para todos los hombres de 55 años o menos y para todas las mujeres de 50 años o menos; crea un fondo único solidario y abre la puerta para que una sola administradora privada pueda gestionar todos los recursos de ese fondo.
Alertó que la reforma fusiona los dos subsistemas actuales para crear un sistema único de capitalización con garantía solidaria, “que en realidad solo garantiza el beneficio definido para los hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 50 años, a todos los demás los manda al sistema de cuentas individuales, incluyendo a algunos que hoy están bajo el sistema de beneficio definido”.
También mencionó que afecta “grandemente a los trabajadores independientes, porque en vez de incentivarlos a cotizar, los coacciona a hacerlo en condiciones extremadamente onerosas”. Añadió que “busca minimizar la figura de los dependientes” y “fortalece la figura del director general, concentrándose en una sola persona mucha discrecionalidad”.
Criticó que el programa 120 a los 65 se traspasa a la CSS y cuestionó qué sucedería si el Ejecutivo incumple con las transferencias (fondos del programa) a la CSS, como ya ha sucedido. Asimismo, señaló que la reforma crea una pensión garantizada solidaria a la que denominó “el caramelito”, asegurando una pensión inferior al salario mínimo. Recomendó a los diputados un debate amplio y manifestó que es importante explicar “todo el proyecto de ley”.
‘Solidaridad 106 veces’
Varios de los participantes, entre ellos representantes de grupos sociales como la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), cuestionaron que la palabra “solidaridad” aparece 106 veces en el proyecto de ley, pero que en realidad “no tiene nada de solidaridad”. “Se incurre en falsedad ideológica”, aseguró Héctor Hurtado de Conusi. Hurtado también recordó que en “la mesa de escucha” que se instaló en la Presidencia de la República no hubo consenso; “hubo imposición”.
Así, varios de los que tomaron el estrado cuestionaron lo que llaman “cuentas individuales” y advirtieron sobre la falta de un sustento económico que garantice pensiones adecuadas. Unos minutos después de las 5:05 pm, el diputado Alaín Cedeño, presidente de la comisión, decretó un receso hasta el viernes 15 de noviembre.
