Luego de anunciarse la finalización de la primera fase de conversaciones de la mesa del diálogo, al no lograrse un acuerdo en el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), lo que causó la molestia de los representantes de los movimientos sociales, la noche de este sábado 13 de agosto, se decidió seguir el debate de los puntos que faltan en la agenda consensuada.
En la tarde Francisco Blanco, rector de la Universidad Católica Santa María La Antigua (Usma), miembro del equipo de facilitadores de la iglesia, dio a conocer que había terminado la primera fase de conversaciones, por lo que la mesa debería pasar a la segunda fase. “La iglesia ahora será acompañante y observadora”, indicó Blanco.
El anuncio realizado por Blanco al mediodía de este sábado se produjo cuando se informó que los miembros de las alianzas y el Gobierno no habían llegado acuerdo en el tema de la CSS.
Representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), así como dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé y de comunidades campesinas, dijeron sentirse sorprendidos del anuncio del cierre de la primera fase.
“Este cierre es francamente inaceptable”, dijo Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Las alianzas protestaron y responsabilizaron a los facilitadores de realizar un “cierre abrupto”. Indicaron que en la agenda quedó por discutir el tema del combate a la corrupción.
No obstante, Blanco informó que si bien habían adelantado durante la semana que pronto se finalizaría con la primera fase, se podría abordar el tema de la corrupción durante resto de la tarde del sábado. Pero a su juicio, este tema es complejo en el cual deberían participar otros actores. Aclaró, que el diálogo no cierra, sino que pasa a otra etapa con los temas pendientes.
La ministra de Trabajo, Doris Zapata, coordinadora del equipo de gobierno, dijo que estaban dispuestos a discutir el tema de corrupción. Incluso, un equipo gubernamental en el tema relacionado a corrupción y transparencia, se encontraba en la ciudad de Penonomé desde las 8:00 a.m.
A las 2:10 p.m. se declaró un receso por una hora, para que los participantes pudieran comer y luego acordar si continuarán con la discusión del siguiente tema o no.
Propuesta sobre la corrupción
Casi cuatro horas después se reinició la jornada de este sábado y se decidió continuar las conversaciones sobre el tema que sigue al de la CSS: corrupción.
Tras la decisión varios representantes de las alianzas leyeron la propuesta de 32 puntos. Esta tiene tres puntos principales que son: la convocatoria de una asamblea constituyente originaria que posibilite un nueva Constitución, la creación de la mesa única contra la corrupción y del consejo de auditoría social y seguimiento de acuerdos.
El consejo de auditoría lo deben conformar los delegados de las organizaciones participantes en este diálogo, quienes deben velar, auditar, denunciar o demandar a las empresas o funcionarios que no cumplan con la rendición de cuentas y evaluación de resultados de los recursos y asignaciones bajo su responsabilidad.
Otro de los puntos señala que la independencia efectiva de los órganos del Estado deberá quedar garantizada, así como la revocatoria del mandato para todos los cargos y la garantía del la certeza del castigo.
Piden reducir los altos salarios y gastos de representación de los viáticos y dietas al 50% de los que reciben actualmente los altos cargos del gobierno. Además, eliminar los subsidios a los políticos y usar ese dinero para obras en las comunidades como son reparar calles y construir escuelas.
Eliminar los subsidios disfrazados e incentivos fiscales y exoneraciones de impuestos a empresas millonarias es otra de las peticiones de las alianzas.
Exigen el combate efectivo para erradicar la evasión social, la cual calificaron como ‘el mayor acto de corrupción’, que causa un daño irreparable a la sociedad y son los asalariados quienes que cargan con la mayor carga fiscal por la vía del impuesto de bienes inmuebles y el impuesto sobre la renta.
Quieren que se eliminen las consultorías y asesorías que no sean imprescindibles en las instituciones. Argumentaron que el Ministerio de Economía y Finanzas dio a conocer que el presupuesto de 2022 contempla 80 millones en consultorías, “lo que es una cifra escandalosa”.
Hacer públicos lo contratos del gobierno con las empresas nacionales y multinacionales, lo que incluye mineras y puertos. Publicar las partidas discrecionales y cómo se gastan de forma detallada.
También piden la derogación del artículo 1 de la Ley 292 de 1 de abril de 2022, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), para impedir la reelección y para que se realice una autoría de los fondos, nombramientos y títulos expedidos.
Ampliar y reconocer la libertad de expresión y de pensamiento crítico del Periodismo, cumpliendo con los principios éticos de la profesión, respetando la verdad para combatir la corrupción y la impunidad, forma parte de la propuesta.
Además, recibir respuestas de los justos reclamos en razón de reivindicaciones laborales y sociales que se han acumulado durante años a servidores públicos, micros y pequeños empresarios y productores.
Para responder esta propuesta el Ejecutivo pidió un receso, pero las organizaciones sociales solicitaron abordar el tema de la energía que está pendiente. Para consensuar lo que se haría las alianzas fueron a un receso de una hora y al regresar se acordó que este domingo, 14 de agosto, se trataría el tema de energía desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 mediodía.
El próximo miércoles, a las 6:00 p.m., se abordará nuevamente el tema de corrupción. La mesa del diálogo empezará a esa hora porque los funcionarios deben participar del consejo de gabinete.
Más temprano
La mesa reinició la mañana de este sábado 13 de agosto las conversaciones con el debate sobre el futuro de la CSS.
Grupos sociales sentados en la mesa reiteraron su propuesta de la recomposición del diálogo de la CSS, convocado por el presidente Laurentino Cortizo en diciembre de 2020 y que está en pausa, a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Propusieron que se inicie un diálogo desde cero, “una mesa única tripartita”, sin partidos políticos, pues señalan que el Diálogo Nacional por la CSS es “ilegítimo”. Quieren que se mantenga como facilitadora a la Iglesia católica y salga el actual, Joaquín Villar García.
“Lo mejor salida es hacer algo nuevo”, indicó este sábado Eduardo Gil, de Alianza Pueblo Unido por la Vida.
Edwin Salamín, secretario general de la CSS, explicó que la noche del viernes, tras la instalación de una mesa de contacto, hubo algunos avances. Por ejemplo, dijo que los grupos pedían que se reconociera el diálogo del Seguro como “comisión única”, mientras que el gobierno planteaba que fuera “mesa unificada”. “Ahora estamos hablando de mesa ampliada”, dijo Salamín, lo que a su juicio representa una avance.
Indicó que sobre la integración de representantes de las alianzas al diálogo de la CSS, podrían valorar el número de personas y cómo entrarían. “Ellos plantean tres representantes y nosotros 2. En esos puntos encontramos bastante acercamiento”, sostuvo.
Donde no han llegado acuerdo es en la metodología, en la designación de un nuevo facilitador, el futuro de los miembros actuales que participan en el diálogo, en aspectos jurídicos e informes financieros actuales de la Caja del Seguro. “Son aspectos que no podemos decidir desde esta mesa”, agregó Salamín.
El pasado 19 y 20 de julio, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Anadepo y Bastión del Oriente Chiricano, que aglutina dirigentes de la comarca Ngäbe Buglé y de comunidades campesinas, sentados en una mesa única que buscaba una salida a la crisis, consensuaron ocho temas que abordarían con representantes del Ejecutivo.
Estos fueron: rebaja y congelamiento de la canasta básica; rebaja y congelamiento del precio del combustible, y rebaja y abastecimiento de medicamentos, destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, la rebaja de la energía (servicio eléctrico); que se fomente la discusión de la situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS); que se aborde el combate a la corrupción, y, por último, que se instalara una mesa intersectorial para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados.
