La tarde de este miércoles 26 de agosto se conoció la renuncia de Sherina Latorraca, directora de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), quien en los últimos días estuvo en el centro de la controversia debido a que es hija de Zaira Santamaría de Latorraca, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP).
En la mañana de este jueves, el Ministerio de la Presidencia confirmó la renuncia, ante una consulta de La Prensa.
No obstante, Sherina Latorraca sigue en la planilla estatal: actualmente, es funcionaria en licencia (“sin sueldo”) de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Aunque son dos entidades autónomas, el TACP y la DGCP son las únicas dos entidades cuya razón de ser son las contrataciones públicas. El Tribunal debe atender los recursos de apelación contra resoluciones de la Dirección en las que se multe a algún funcionario. También le toca resolver los reclamos no resueltos por la Dirección en el plazo que corresponde.
Que Sherina Latorraca era funcionaria de la DGCP se conoció el pasado 24 de agosto, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, cuando su madre acudió a sustentar el presupuesto del TACP para 2027, por $2.6 millones.
“Si usted lo analiza fríamente, no existe conflicto de intereses”, respondió al diputado de la bancada de Vamos, Jhonathan Vega, quien fue el que puso el tema sobre la mesa.
La magistrada sostuvo que su hija “no participa en la toma de decisiones de la DGCP”, aunque actualmente ocupa la dirección de Asesoría Legal, una posición clave dentro de la entidad.
También argumentó que ambas entidades tienen funciones distintas dentro del sistema de contrataciones públicas y que el cargo que ocupa su hija no representa una intervención en las decisiones que corresponden al tribunal.
Además, la magistrada aseguró que, antes de que su hija aceptara el cargo, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Sin embargo, la Antai informó del inició de una investigación para determinar si existe un conflicto de interés, sin referirse a la supuesta “consulta” que mencionó Santamaría.
A su vez, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, aseguró que dicha consulta, no se realizó.
“La magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas no realizó consulta de forma verbal sobre el nombramiento de su hija para ser designada como directora de Asesoría Jurídica de Contrataciones Públicas”, indicó Villarreal en su respuesta a una consulta jurídica -esa sí, real y por escrito- del diputado Vega.
Latorra, además de ocupar un cargo en la DGCP, es funcionaria en licencia (sin sueldo) de la SMV.
Cabe resaltar que Sherina Latorraca enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió por considerar que el atropello ocurrió por un descuido de las víctimas. Esta decisión generó un amplio debate público y duras críticas. En aquella época, la hoy magistrada Latorraca fungía como juez municipal.
