Al igual que ocurrió hace un año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no avaló el aumento salarial de $1,000 al mes que habían solicitado los representantes de corregimiento y que fue incluido por ellos mismos en el presupuesto de los consejos provinciales, correspondiente al año 2024.
Como se recordará, en julio pasado, Sheyla Grajales, edil de Victoriano Lorenzo, en San Miguelito, y presidenta del Consejo Provincial de Panamá, informó que todos los consejos provinciales del país se habían unido para solicitar que en el presupuesto del 2024 se incluyeran los fondos para hacer efectivo el pretendido aumento salarial.
Actualmente, ellos reciben un salario de $2 mil al mes; su objetivo era elevar esa cantidad a $3 mil, lo que supondría un incremento de 50%.
La sustentación
El pasado martes 19 de septiembre, Eliécer Montenegro, presidente de la Coordinadora Nacional de Representantes y presidente del Consejo Provincial de Panamá Oeste, acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el presupuesto de los consejos provinciales para 2024.
En su presentación, Montenegro reconoció a los diputados que el MEF no había avalado el presupuesto solicitado por los ediles.
Montenegro subrayó que para el próximo año pidieron $51 millones, pero el MEF les recomendó $39 millones, un monto muy similar al de este año, cuando les tocó $38.6 millones.
“Se espera que para 2024 haya 22 juntas comunales nuevas. Van a subir de 679 juntas comunales a 701 juntas comunales y el presupuesto que manejamos en los consejos provinciales no es suficiente”, indicó.
El edil hizo un llamado al MEF y a la Comisión de Presupuesto para que se aprobara el presupuesto original, ya que los principales afectados serían los residentes de los distintos corregimientos. Montenegro no precisó en qué consistiría esa presunta afectación.
Durante la sustentación de presupuesto, la diputada suplente de Juan Diego Vásquez, Yahaira Perén, intervino y le solicitó a Montenegro que ampliara la explicación sobre el monto millonario de salarios, puesto que si bien había planteado más ayuda a los gobiernos locales, no se había referido a los emolumentos.
La explicación
En lugar de Montenegro, tomó la palabra Narciso Machuca, asesor legal de los consejos provinciales, quien precisó que uno de esos renglones tenía que ver con el personal permanente; el otro renglón era una “estimación” que habían hecho los propios representantes corregimiento.
“En reuniones sostenidas con la Asamblea Nacional, la gran mayoría de diputados se había comprometido en hacer una ley de sueldos, como una salida para regular los sueldos de los representantes de corregimiento. En virtud que no se dio, los consejos provinciales lo incorporaron [el aumento salarial] al presupuesto del año 2024, pensando en que, si se presenta la propuesta de ley el próximo año, ya está dentro del presupuesto, el renglón de sueldo hacia los representantes, principalmente el aumento que ha sido pedido”, indicó.
Machuca explicó que los $51 millones solicitados también incluyen los gastos de funcionamiento de las 22 juntas comunales que deben comenzar a operar a partir de 2024.
“El MEF hizo una recomendación de una cifra menor, así que se está en conversación con esta entidad para ver si admite la cantidad propuesta por los consejos provinciales”, indicó.
También reiteró que si no se brindan los recursos solicitados en cuanto a funcionamiento, los nuevos corregimientos no tendrán recursos y tampoco las juntas comunales contarán con local para operar. Además, no habrá plata para invertir en las comunidades.
Ante eso, el también exsubdirector de la Autoridad de Descentralización indicó que tratará de que llegue a la Asamblea Nacional una propuesta de ley para regular los sueldos de los representantes de corregimiento.
Nuevos corregimientos
En la actualidad, son 679 corregimientos a nivel nacional. A esto se suman los 22 que se crearon desde 2019, lo que implica que en 2024 se elegirá a 701 representantes de corregimiento en todo el país.
Los nuevos corregimientos se concentran en la provincia de Bocas del Toro, donde se crearon 11, impulsados por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson (circuito 1-1). Además, en Penonomé, provincia de Coclé, se crearon seis corregimientos, a solicitud del también diputado perredista Daniel Ramos (circuito 2-1).
En Arraiján, en tanto, se creó un corregimiento apoyado por la diputada perredista Kayra Harding (circuito 8-1). Dos más se constituyeron con la entrada en vigencia de la nueva comarca Naso Tjër Di, que fue apoyada por los perredistas Ausencio Palacio (circuito 12-1) y Robinson. Mientras que en Chiriquí se crearon dos corregimientos en 2019.
La proliferación de corregimientos (en 1972 eran 505) ha llamado la atención del Tribunal Electoral (TE), entidad que ya una vez le solicitó a los diputados no crear nuevas divisiones políticas en fechas próximas a las elecciones generales.
Gastos de movilización
Los ingresos de las autoridades locales han estado en el centro del debate, luego de que la ciudadanía criticara los altos montos en gastos de movilización que recibían algunos de ellos.
Incluso, debido a la presión ciudadana, la Contraloría General se vio obligada a suspender estos pagos. A ello se suma el fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en marzo de 2022, declaró inconstitucional el cobro de licencias con sueldo, privilegio que tenían muchos de ellos o sus suplentes.
No obstante, los ediles que contaban con licencia con sueldo, unos 170, lograron que la Asamblea Nacional aprobaran una norma para que aquellos que ya eran funcionarios cuando fueron electos en el cargo, puedan elegir cuál salario quieren recibir: aquel que les corresponde en el gobierno local o el que cobraban antes de ser electos.
La norma permite que si un edil ganaba $5 mil como funcionario al momento de ser electo, pueda seguir recibiendo ese salario y no el que le corresponde en la comuna.
