El Servicio Nacional de Migración ya no tendrá competencia para tramitar y aprobar visas a ciudadanos de países restringidos, pues esta será transferida mediante decreto ejecutivo al Consejo de Seguridad y Defensa, debido a irregularidades detectadas en la tramitación y aprobación de esos papeles.
Así lo informó ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en medio del escándalo de corrupción que sacude a Migración tras las supuestas operaciones de redes dedicadas a legalizar ciudadanos chinos.
Con la aprobación del nuevo decreto, será el Consejo de Seguridad el único competente para el otorgamiento de visas a ciudadanos de China, Cuba, Pakistán, India, Emiratos Árabes, Filipinas, India, Bulgaria, Angola, Camerún, Zimbabwe, entre otras “nacionalidades restringidas”.
Mulino precisó que la decisión ya fue comunicada a la directora de Migración, María Cristina González, y a todos los consulados.
Destacó, además, que la decisión fue tomada por instrucciones del presidente, Ricardo Martinelli, con el “ánimo de aportar transparencia y claridad, hasta que llegue el proceso de emisión de visas electrónicas”.
“En su momento se deslindarán responsabilidades”, enfatizó.
Explicó que las visas que otorgue el Consejo de Seguridad se harán públicas por dos días consecutivos en un diario de circulación nacional, en el que se identificará al beneficiario con una foto, su número de pasaporte, nacionalidad, el tiempo y la razón de su estadía en el país.
La información también será subida a la página web de Migración.
Aquel extranjero de un país restringido a quien se le niegue una visa dos veces, no podrá volver a aplicar.
El nuevo decreto revive la reglamentación que estuvo vigente hasta julio de 2009, que ordenaba que los extranjeros de nacionalidades restringidas debían tramitar su visa ante el Consejo de Seguridad.
Dicha regla fue derogada por Martinelli en su tercer Consejo de Gabinete.
En ese momento, el Presidente y el Consejo de Gabinete resolvieron que estas visas podían ser tramitadas con 48 horas de antelación a la fecha de entrada al país.
Sobre la supuesta vinculación de González con las irregularidades en el otorgamiento de visas, Mulino prefirió no opinar, pero sí advirtió que no hay que perder de vista que los exfuncionarios que hacen los señalamientos contra Migración son investigados, y opinó que “sus declaraciones han sido vertidas con el afán de causar daño”.
En tanto, durante una conferencia de prensa realizada ayer, un grupo de abogados litigantes en Migración defendió a González y expresó que los recientes ataques contra esta buscan dañar su administración, pues ha tomado acciones para eliminar la corrupción en la entidad.
Pero otra abogada litigante en ese servicio, que prefirió no identificarse, denunció ayer en el noticiero matutino de Telemetro que dos personas allegadas a González –y quienes no son parte de la institución– negociaban el trámite de visas para ciudadanos chinos durante la Feria Crisol de Razas, en 2010.
De acuerdo con esta mujer, los papeles eran vendidos a los extranjeros por 15 mil dólares.
Hasta ayer, sin embargo, en el Ministerio Público solo había sido presentada una denuncia contra González por el delito de corrupción.
Fuentes de la institución informaron que la denuncia fue presentada el pasado miércoles por un “ciudadano corriente”, que aportó como pruebas las copias de varios diarios.
Según se explicó, esta denuncia es analizada ahora por la Secretaría General de la Procuraduría de la Nación, que determinará si se admite o no.
María Cristina González estuvo en el “ojo de la tormenta” durante el año pasado, pero por los varios llamados de atención que le hicieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En varias ocasiones, el pleno de la Corte criticó las actuaciones de la funcionaria, debido a su demora en responder, por lo menos, 10 recursos de hábeas corpus presentados por ciudadanos indocumentados detenidos en operativos de Migración.
El pleno le llamó la atención y la multó por “infringir de manera recurrente el debido proceso y las garantías consagradas en la Constitución en la deportación de extranjeros”.
