El Gobierno difundió finalmente el método que utilizará para elegir a los dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Aunque constitucionalmente el Presidente puede sugerir sus candidatos para que la Asamblea Nacional los acepte o rechace, el Consejo de Gabinete decidió ayer emular la actuación de la pasada administración y crear una comisión para recibir las postulaciones.
A través del Decreto Ejecutivo 229 de 2007, el ex presidente Martín Torrijos creó un comisión que terminó ejerciendo funciones secretariales, según ha dicho la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Ahora, el gobierno de Martinelli creará la “comisión especial de credenciales”, que tendrá como misión examinar a los candidatos.
De acuerdo con lo acordado en el Consejo de Gabinete de ayer, esta comisión estará formada por cinco miembros: un representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades que tengan, por lo menos, 15 años de estar acreditadas en el país; un representante del Colegio de Abogados escogido por la junta directiva de la organización, con más de 15 años de pertenecer al grupo; uno de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, uno por el Ministerio de Gobierno y Justicia, y otro por el Ministerio de la Presidencia.
Para Roberto Bruneau, representante del Comité Ecuménico en el Pacto de Estado por la Justicia, la integración de esta comisión constituye un retroceso respecto a la sugerida por el Pacto, ya que ahora se está incluyendo a representantes del Ejecutivo.
En la comisión sugerida por el Pacto había un representante del Órgano Judicial o del Ministerio Público, y los demás espacios los ocupaba la sociedad.
El Comité Ecuménico, por su parte, participaba como observador y garante en todo el proceso.
La propuesta original del Pacto incluye una convocatoria pública a todos los aspirantes, una etapa de evaluación, y la remisión de una lista de candidatos al Consejo de Gabinete. La evaluación, según Bruneau, tomaba en cuenta aspectos como la solvencia moral y el prestigio reconocido.
Las tareas de esta nueva comisión, según lo acordado en el Gabinete, incluirá el recibo de la documentación de los aspirantes, así como de las opiniones sobre estos aspirantes. Estas opiniones deberán ser presentadas por escrito y enviadas también al Ejecutivo.
La comisión también podrá entrevistar a los candidatos y confeccionará una lista, en orden alfabético, de los aspirantes que reúnan los requisitos para ocupar el puesto de magistrado.
La Constitución establece como únicos requisitos para ocupar ese alto cargo en el sistema de justicia, ser panameño por nacimiento, haber cumplido 35 años, ser graduado en derecho y haber ejercido la abogacía durante 10 años.
En el Código Judicial se establece, además, que no puede haber incurrido en actos deshonestos ni haber sido condenado por delito común de carácter doloso.
La lista de aspirantes enviada por la comisión al Ejecutivo será publicada por dos días hábiles consecutivos en dos diarios de circulación nacional. La comisión, además, tendrá 10 días calendario desde el cierre de las postulaciones para efectuar este trabajo.
