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‘Revisan las leyes sólo cuando hay problemas’, Gabriel Diez

‘Revisan las leyes sólo cuando hay problemas’, Gabriel Diez
Gabriel Diez. Archivo

En 1988, los militares, ante la caída de la inversión extranjera, aprobaron la ley de explotación de recursos minerales sin impuestos, con incentivos y regalías de 2%. ¿Por qué ningún gobierno ha cambiado eso?

Por comodidad y negligencia. Prefieren meter leyes que se conviertan rápido en votos. Y porque aquí revisan las leyes solo cuando hay problemas. Ven el día a día, no el futuro, y no hay planificación. Siempre vamos en la cola de la cometa.

En 1970, el PNUD hizo un estudio del potencial minero de Panamá y de ahí nació el primer mapa de yacimientos de minerales. ¿Cómo dice el Toro que se les aceptó el 2% de regalías, porque no se sabía si ahí había cobre?

Desconocimiento. Debieron haber modificado la ley para subir esas regalías.

El Toro hizo el contrato con la minera sin llamar a la licitación internacional que dictaba la ley. ¿Primer culpable?

Eso no debió pasar. Por más mala que fuera, era la ley y había que cumplirla.

Con Torrijos, Petaquilla se dividió en dos: oro (Fifer) y cobre (Inmet). Luego, la empresa se vendió a First Quantum. El contrato permite que sea cedido sin límite. ¿Cómo puede el país dar seguimiento a quienes ocasionan el daño?

Es complicado. First Quantum firmó el contrato con la otra empresa, no con el Estado. Pero al comprar los activos y pasivos, compras también las responsabilidades. El Estado debería señalar al responsable en el momento que interviene.

First Quantum conocía la acción de inconstitucionalidad que presentó Ciam en 2009: la registró en sus informes financieros. Y siguió inviertiendo. La ganancia pactada, ¿ameritaba el riesgo?

Seguramente. Habrán pensado que la demanda no tendría cabida y siguieron como si no existiera.

Martinelli intentó reformar el Código Minero, incluyéndolo dentro de la ley chorizo. ¿Hubiera ayudado tener esa ley, tomando en cuenta que venía cazada con explotar Cerro Colorado y eliminar el plan de cierre de las minas?

No. Y eso pasa cuando tratas de hacer tal mezcolanza en un plato. Aunque todo sea rico, no sabrá rico junto. Y quién sabe cómo hubieran reglamentado eso.

Antes, Martinelli dijo que no creía en la minería. ¿Fue para tumbar el precio de la acción y luego impulsarla?

No sé, pero los gobiernos un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Lo mismo que la ley de turismo ahora. No estudian suficiente las cosas o cambian los intereses, y entonces cambian las posiciones.

Con Varela se renovó el contrato. Sin consulta, debates, estudio ambiental ni auditoría. Y con la demanda de Ciam por fallar. ¿Cómo pasó eso?

Esa es la pregunta del millón y solo puede contestarla Varela. Ahí hubo o desconocimiento total de la cosa pública o desconocimiento total de lo que pasaba en el país. No hay justificación posible.

¿Cuánta culpa tiene la Corte, cuando esa demanda se falló en 2017, en fondo y forma, y ni Ayú Prado ni Fábrega ni De León lo sacaron en Gaceta?

Ahí hay responsabilidad o de la Corte o del director de la Gaceta. Eso se debe investigar, porque todo se tenía que haber sabido. Los que tenían intereses son los que taparon esta vaina. Y sí que se tapó.

La decisión del fallo se repitió en 2021, otra vez por unanimidad. Pero como no podían publicar esa aclaración sin publicar el fallo inicial, lo sacaron. ¿Cómo no se prendieron las alarmas?

Se prendieron, pero solo para los interesados. A nadie más le interesaba el tema. Ahora sí, porque hay en juego dinero que podría usarse a favor del pueblo.

¿Cuánta responsabilidad tiene Morgan y Morgan, que hizo en nombre de la minera el contrato original?

Ellos actuaron en favor de su cliente. Su cliente era la minera, no el país.

Tenemos un negocio de miles de millones, sin leyes ni procedimientos. ¿Tan fragil está la institucionalidad?

Más que un tema de institucionalidad, es de desconocimiento de cómo se mueve el mundo hoy. Aquí queremos ir al juego de pelota sin saber las reglas. Ponemos reglas de paddle para jugar baloncesto.

¿Estamos regalando nuestra riqueza?

Sí. Ese 2% es muy poco. Tendría que ser mucho más. Esa ley está obsoleta.

Martinelli y el Toro dicen que la mina era necesaria, porque los gobiernos habían abandonado Coclesito. ¿Qué hicieron ellos por Coclesito?

Yo no sé por qué ni basados en qué ellos dijeron eso. Y con o sin minería, hay otras áreas tan abandonadas como Coclesito.

El error de la minera en la discusión.

El mismo que el del gobierno: no haberse sentado a resolver esto lo más rápido posible ni haber puesto reglas claras. La comunicación debe ser en conjunto, tenían que sentarse los que tomaban las decisiones y firmar los acuerdos a medida que se iban pactando. Nada de eso pasó.

Lo primero que hubiera hecho usted si hubiera estado sentado en esa mesa.

Buscar asesoría internacional y estudios de lo que se hace en otros países para que no me vengan a decir lo que no es.

¿Por qué la minera aceptó un acuerdo con el gobierno en enero de 2022 y luego se echó para atrás?

Eso era una carta de intención. Teníamos que haberlo firmado en el momento. Y no estaríamos sujetos a estos cambios.

¿Cómo ha sido la comunicación?

Fallida. Tendrían que contarle al país lo que concretan. Eso era lo transparente.

Que el gobierno oculte los nombres de quienes negocian en nombre del país, ¿le resta credibilidad al proceso?

No, le da privacidad a los negociadores.

¿Cómo sabemos que quienes negocian no tienen conflictos de intereses?

Eso lo debe saber quien los designa.

¿Por qué como Estado queremos ser socios en energía, telecomunicaciones e hidroeléctricas, pero no en la mina?

Quizá porque no es una empresa de servicio, sino de producción.

La minería representa el 7% del PIB. ¿No estamos tarde para definir si queremos ser un país minero?

Claro. No podemos ser los non plus ultra conservadores. Ya esta industria es un hecho. Una necesidad mundial. Queremos ir como el salmón, contra la corriente. Planeemos, pero ya es un hecho.

¿Por qué Costa Rica sí pudo decir no a la minería a cielo abierto y aquí no?

Porque no tenían mucho que explotar.

Minería y desarrollo. ¿Eso rima?

Sí. Que los ambientalistas me justifiquen y prueben por qué no.

¿Es momento para implementar un Código Minero como puso sobre la mesa Crispiano Adames el 2 de enero?

Sí. Aprovechando que el panameño solo está pensando en esto y en carnavalear.

¿Cómo manejar el conflicto de interés de funcionarios del área minera del Mici, que quedan luego en las minas?

Si no están en gobierno, no hay conflicto.

Califique estas opciones: 5 es sensato y 1 es disparatado. Nacionalizar la mina.

1.

Convertirla en una empresa mixta.

4.

Negar las peticiones mineras que hay y solo dejar la actual, con normas duras.

2.

Convertir el contrato actual en uno que restaure el suelo para producción agrosostenible y manejo de agua.

1.

¿Qué pasaría si dejáramos a la empresa operando sin contrato?

Eso sería otro disparate. El Estado es dueño de la tierra.

¿Qué tan dependiente es Panamá de la inversión directa, nacional y foránea?

Muy dependiente.

¿Cuál es su propuesta hoy?

La primera es lograr firmar un contrato. La segunda, negociar la participación del Estado con la empresa privada. Y la tercera, convocar a una licitación.

¿Qué pasaría si termináramos en un arbitraje internacional?

Depende. Si tú dices “lo maté en defensa propia”, no eres homicida… Depende cómo nos defendamos.

First Quantum paga cientos de millones de dólares en Zambia, donde tiene menos producción. Aquí paga $60 millones al año. ¿Cómo se explica eso?

Somos malos negociadores. O no tenemos una ley de verdad como Zambia. Los que negociaron tenían o falta de experiencia o desconocimiento o intereses.

Mici y Miambiente, ¿promotores o reguladores de la actividad?

Deberían ser reguladores. Hoy son negociadores. Negociador debe ser el MEF.

¿Qué pasó con la anunciada apertura de 25 mil hectáreas más a concesión?

No supimos más de eso. Y no sé cómo piensan en dar más, si no hemos podido resolver las primeras que hemos dado.

Ramón Martínez anunció que una empresa canadiense recién registrada quería reactivar la mina de Petaquilla, invertir $250 millones en una refinería y que el Estado fuera dueño del 50%.

¿Y para ese 50% pondríamos la plata o el material? ¿50% sobre qué? Muchas preguntas les falta contestarnos.

Residentes del área piden recibir dinero por lo que se extrae. ¿Los recursos son de una región o del país?

Del país. Es como si mañana encontramos oro en la comarca. Podemos ayudarlos con ese dinero, pero no les pertenece todo el oro que encuentren. El Canal se le da a todo el país… y está en Panamá.

Cortizo dijo que la plata de la mina se inyectaría en el Seguro. ¿Por qué debería ver eso bien un no asegurado?

Esa medida fue muy poco evaluada.

La Constitución prohíbe a Estados extranjeros tener dominio sobre recursos naturales. China y Singapur son accionistas en la empresa canadiense y Corea del Sur de Minera Panamá. ¿Vienen otras demandas?

Son fondos de pensionados de esos países, no los países per se. Así que no creo que procederían esas demandas.

Tenemos 43 zonas francas. ¿No hacemos una verdadera reforma fiscal para no pisar callos o porque los megaproyectos resolverán todo?

Lo segundo. La teoría vieja es subir impuestos. Hay que fomentar el empleo.

Para cerrar. Lo primero que piensa cuando le digo: cuarto puente.

Es necesario.

‘No tenemos plata’.

Claro, porque toda se va en subsidios.

Planilla.

Demasiado abultada. Pero imagínate cuántos más desempleados habría si no.

Subsidios.

Eso es perjudicar a la gente, no ayudar.

Huecos en las calles.

Incapacidad.

Incentivos fiscales al turismo.

Utópicos.

Descentralización.

Ambición.

Asamblea.

Caprichos.

Seguro Social.

Un verdadero problema.

Elecciones 2024.

Un pandemonio. Ni Madame Kalalú tendría una idea de lo que aquí va a pasar.

Perfil

Ingeniero y empresario de la construcción. Ha sido presidente de Capac, Convivienda, Conep y SIP. Exministro de Vivienda.


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