Candidatos a la presidencia de la República que representan a partidos políticos para las elecciones de 2024, se pronunciaron sobre el proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6 de 2002 de transparencia.
Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD); José Isabel Blandón, del Partido Panameñista; y Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA), y Martín Torrijos, del Partido Popular, condenaron la propuesta y hablaron sobre los peligros que implica debatir esta iniciativa a solo ocho meses de los comicios del 5 de mayo, entre otros aspectos.
Mientras que José Gabriel Gaby Carrizo, el abanderado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), defiende esta iniciativa que espera debate en la Asamblea Nacional.
Para Roux, de CD, el proyecto 1031 “es para blindar la maleantería, el clientelismo y todas las travesuras que ha hecho el gobierno en los últimos cuatro años”. Mencionó por ejemplo, la descentralización paralela y el plan Panamá Solidario, los que, añadió, son dos de los grandes escándalos de este gobierno. “No creo en ningún proyecto de la Asamblea que vaya a limitar la transparencia. La transparencia hay que incrementarla. Este gobierno ha tenido el país bajo un sistema de emergencia para no tener que ser transparente” añadió.
Por último dijo que si el proyecto es aprobado, y él gana la presidencia de la República, se compromete a “tumbarla”.
Blandón, del Partido Panameñista, considera la propuesta como un “retroceso”. A su juicio, se requiere modificarla, pero reconoce que es un riesgo dado el perfil de la actual Asamblea. “Hay cosas en la ley que yo cambiaría para dejarlas más claras, porque hay fallos de la Corte que han desvirtuado la ley. Han desvirtuado la eficacia de la acción de habeas data”, mencionó.
“Tenemos una buena ley. El problema ha sido la ejecución de la misma”, añadió.
Ricardo Lombana, de MOCA, por su parte manifestó que solamente pensar en la posibilidad de que una Asamblea dominada por el PRD, debata y apruebe una ley de transparencia, ya de por sí “muy trágico”. “De ahí no va a salir nada bueno. Yo prefería que el PRD no toque la ley de transparencia. Hay que actualizarla, sin duda, como a la ley de enriquecimiento injustificado. La mayoría de los de ese partido que están en la Asamblea, lo que quieren es blindarse y protegerse. De allí no va a salir nada bueno. Creo que esas son bombas de humo para hacerle creer a la ciudadanía que está debatiendo temas interesantes”, sustentó.
Por su parte, Torrijos dijo que jamás podrá abanicar “semejante retroceso en una legislación, que fue producto del consenso en 2002 entre la clase política, pues se aprobó por unanimidad, la sociedad civil organizada y gremios”.
“Pareciera que la consigna desde el Ejecutivo y el Legislativo es acabar con cualquiera iniciativa y/o legislación que pueda poner freno a la corrupción y, por el contrario, les blindarse para continuar con los desmanes que cada día se comenten contra la cosa pública en detrimento de las mayorías”, agregó.
Sustentó que la propuesta convertiría a la Antai en una entidad todopoderosa que agregará más burocracia para que el ciudadano que demanda transparencia y rendición de cuentas desista y pierda por cansancio.
Otro que reaccionó al tema fue Melitón Arrocha, candidato presidencial por la libre postulación. En su cuenta de Twitter, Arrocha manifestó que el proyecto 1031 agrega “más opacidad” a la gestión de la cosa pública.
El proyecto de ley presentado a la Asamblea que busca modificar la Ley de transparencia lo único que hace, como esta redactado, es agregar mas opacidad a la gestión de la cosa pública. Es indispensable que la Asamblea de el espacio para que la sociedad participe del debate.
— Meliton Arrocha (@melarrocha) August 23, 2023
Mientras que Carrizo, del PRD, argumentó lo siguiente: “producto de nuestro compromiso con la transparencia y de la mano de la Unesco, se busca modernizar la Ley 6 del 2002 con la que fuimos pioneros. Invito a que todos podamos aportar en esta instancia donde el proyecto de ley es discutido y estoy seguro que este proceso arrojará una ley robusta que fortalecerá nuestra institucionalidad y mantendrá a Panamá como pionera en transparencia”.
Gaby Carrizo, fue ministro de la Presidencia hasta febrero pasado y precisamente la persona que lo reemplazó en el puesto, José Simpson, fue el encargado de presentar el proyecto de ley ante los diputados. El documento está en manos de una comisión legislativa integrada por diputados de la Comisión de Gobierno. Por lo pronto este grupo de diputados ha dicho que se requiere más consulta. Se volverán a reunir mañana miércoles 30 de agosto.
El papel de la sociedad civil
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional y quien desde hace varias semanas emprendió una cruzada para alertar sobre los perjuicios que encarna el proyecto 1031, insta a organizaciones y ciudadanos a opinar sobre la propuesta en la Comisión de Gobierno.
Esta fundación envió una carta a la Comisión de Gobierno, que preside el diputado perredista Leandro Ávila, en la que exponen sus consideraciones al respecto. Entre otras, cosas, el organismo asegura que la propuesta no ha tenido una consulta amplia, también advierte que si bien el proyecto detalla las obligaciones de transparencia activa y los contenidos que deben publicarse, reduce el tiempo de respuesta de los accesos de información. Además advierte que desmejora el sistema sencillo para obtener la información de las instituciones y crea más burocracia para obtenerla.
También advierte que la propuesta elimina la sanción impartida por el Órgano Judicial por desacato en materia de habeas data y transforma a la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai) en una instancia de reclamo administrativo. “La Antai es una entidad del Órgano Ejecutivo que le impartiría órdenes, en teoría, al Órgano Judicial y al Legislativo, así como al Ministerio Público, al Tribunal Electoral, o a la Contraloría General de la República”, se lee en el documento.
El pasado domingo, la Cámara de Comercio Industrias Agricultura de Panamá, que preside Adolfo Fábrega, solicitó a la Asamblea Nacional postergar la discusión del proyecto de ley 1031, advirtiendo, entre otras cosas, que se requiere una amplia consulta.
“Circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles”, manifestó el gremio en un comunicado.
