“Nos tomó un poquito de tiempo entender qué era eso de descentralización paralela”, dijo Roxana Méndez, directora designada de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), cuando la diputada Yesica Romero, de Cambio Democrático (CD), le preguntó sobre cuál era su opinión sobre el polémico programa que fue objeto de escándalo en la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024).
En la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, instancia donde compareció Méndez la tarde de este miércoles para su proceso de ratificación en la AND, la diputada Romero le contó incluso que una junta comunal de su provincia Bocas del Toro recibió $6 millones de la descentralización paralela.
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Méndez, alcaldesa del municipio de Panamá en el periodo 2012-2014, narró que cuando le explicaron los cuatro programas de la entidad, a los que ella llama “fondos”, se dieron cuenta de que tres de ellos tienen requerimientos, una normativa, un reglamento de uso y especificaciones para inversión en obras públicas. Sin embargo, añadió, había un cuarto que no tenía ninguna reglamentación, requerimientos, regulación, ni finalidad específica.
El programa, agregó, se creó en 2018 para atender necesidades urgentes que se presentaran en un corregimiento o en un distrito. Sin embargo, afirmó, en “estos últimos años” se manejaron “unos montos muy altos”. No habló de números, no mencionó nombres. Dijo que aún no han tenido acceso a los expedientes. Lo que sí contó es que esos fondos “iban con una instrucción de enviarlos a una junta comunal para un programa de asistencia social. Esto era como un fondo discrecional”.
La diputada Romero también le preguntó qué hará para que la práctica no se repita. Méndez dijo que para este 2024 “no hay presupuesto en esa línea de trabajo”, como lo hubo en años anteriores. Afirmó que le solicitaron al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, que bloqueara estas partidas. Esto, agregó, atendiendo el llamado del presidente José Raúl Mulino, quien dijo que no quería saber nada de la descentralización paralela.
“Esta cuenta (la de la descentralización paralela) está bloqueada”, aseguró Méndez en la Comisión de Credenciales. En mayo pasado, Mulino dijo que, durante su administración, no habría descentralización paralela. “Eso ha sido una sinvergüenzura y allí hay mucha plata que rescatar”, sostuvo.
El caso de San Miguelito y los controles
Alexandra Brenes, diputada de Vamos, enumeró los montos que recibieron algunas de las juntas comunales de San Miguelito: $6.6 Belisario Porras, $3.7 millones Omar Torrijos. “No hay ejecución alguna de estos montos”, dijo. Enseguida añadió que las auditorías de la Contraloría no son suficientes cuando hay “contralores débiles”.
En ese sentido, le preguntó ¿cuáles serán los mecanismos que implementará para tener el control de cada centavo que baja a una junta comunal?
Méndez contestó que de los cuatro programas, hay dos Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI)), que sí tienen procedimientos y requerimientos. Uno de ellos, añadió, “el más importante”, se maneja a través de los municipios a los que las juntas comunales les rinden cuentas. Al Piosm, añadió, no le reporta “prácticamente a nadie”, solo a Contraloría.
Contó que la Contraloría “ahora mismo” estableció un programa que se llama “rendición de cuenta electrónica”, por lo que todos los movimientos de dinero que hacen los representantes se deben poner en línea.
El contralor Gerardo Solís ha sido cuestionado múltiples veces por la poca fiscalización de la fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización. Incluso, en una oportunidad manifestó que no hubo despilfarro, mal manejo de fondos, desorden administrativo o indicios de corrupción. Todo gracias a lo que denomina “la cultura de corrección”.
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El visto bueno de la comisión
Méndez siguió respondiendo preguntas de los diputados. Al final de la tarde de este miércoles, la Comisión de Credenciales decidió recomendar al pleno legislativo su ratificación. Seis diputados votaron a favor: Shirley Castañeda, y Nelson Jackson, de RM; Yesica Romero, de CD; Sara Magallón (suplente de Jairo Salazar); Benicio Robinson hijo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Los tres diputados de la coalición Vamos (Janine Prado, Luis Duke y Alexandra Brenes) se abstuvieron.
Sobre el escándalo
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la Autoridad Nacional de Descentralización contó con dos directores: Francisco Vigil (julio de 2019- abril de 2022) y Edward Mosley Ibarra (abril 2022 a junio de 2024). En ese periodo, la AND desafió la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública y engordó los presupuestos de aquellos gobiernos locales que coincidían con los feudos de diputados del PRD y de otros diputados que fueron aliados a esa administración.
Entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023, se distribuyeron $242.9 millones. Y entre el 9 de mayo y el 23 de junio del año pasado, se recargó: se desembolsaron otros $18 millones.
