El Gobierno panameño ha puesto a circular una nueva versión sobre las razones que motivaron la salida “voluntaria” del país del periodista y activista de derechos humanos, el español Francisco Gómez Nadal.
El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, aseguró que Gómez Nadal estaba ilegal en Panamá desde agosto de 2010, cuando, asegura, se le vencieron “todas las sustentaciones legales para permanecer en el país”.
Agregó que entonces se “le hizo una comunicación formal, con copia al Consulado de España, en la que se establecía que se le estaban dando 30 días para regularizar su estatus migratorio”.
“Él se amparó en una visa de trabajo, fundamentada en el 10%, cuando era empleado de Corporación la Prensa. Eso se venció en el año 2007. De allí para acá, a él no lo amparaba ningún contrato de trabajo. Sin embargo, recibía renta, no pagaba impuestos ni seguro social, y ejercía como columnista, porque ni siquiera a los gremios [periodísticos] estaba acreditado”, agregó.
“Una cosa es hacer un trabajo de acuerdo con la ley, y otra es vivir en un país por encima de la ley. Este señor puede decir lo que quiera. Él, definitivamente, jamás aceptará, como tampoco lo aceptarán ciertos grupos, que estaba viviendo en Panamá ilegalmente”, recalcó.
Mulino hizo estas acotaciones al salir de una reunión protocolar con el procurador de la Nación, José Ayú Prado, y como respuesta a los señalamientos de Gómez Nadal en el sentido de que en Panamá hay una “absoluta falta de garantías para el trabajo como defensores de derechos humanos”.
Más temprano, en la emisora de radio Omega Estéreo, Mulino acusó a Gómez Nadal de tener “problemas migratorios” y de no pagar impuestos.
“Ya estaba bueno”, dijo en tono molesto, asegurando que ya se analizaba la expulsión de Gómez Nadal, antes de que este y su pareja Pilar Chato Carral fueran detenido y firmaran el documento de repatriación voluntaria, el lunes pasado. También se quejó de que el periodista escribía “insultos” contra su persona y el presidente, Ricardo Martinelli, en las páginas de Opinión de La Prensa.
La supuesta ilegalidad del estatus migratorio de Gómez Nadal no está consignada en la Resolución 5194 del 28 de febrero de 2011 del Servicio Nacional de Migración (SNM) –un ente adscrito a su despacho–, en la que se ordenó el “retorno voluntario” del periodista a España.
En esa resolución se argumentó lo mismo que originalmente dijo la Presidencia de la República el sábado pasado: que Gómez Nadal fue detenido junto con otras 15 personas, por “instigar y organizar” una protesta ciudadana contra las reformas al Código Minero.
La Presidencia primero y el SNM después alegaron que los extranjeros tienen prohibido participar en actividades políticas o protestas.
Desde Madrid, Gómez Nadal afirmó que Mulino habla sin conocer las razones de su detención. “Tratan de provocar un linchamiento público. El Gobierno se toma la justicia en sus manos y ni siquiera sabe por qué delito acusarme”, enfatizó.
“La actitud del Gobierno ante esta expulsión es simétrica con las mentiras repetidas que vertieron en julio de 2010, cuando trataron de impedirme el ingreso al país”, agregó.
Negó que el Gobierno le hiciera llegar una carta en agosto de 2010. “El último estatus migratorio en perfecto estado que me facilitó el SNM es de septiembre”, acotó.
De hecho, tiene cédula panameña E-8-97696. Todos sus trámites se concedieron mucho antes de que fuera aprobado el Decreto Ley 3 de 2008 (que reformó el SNM), por lo que este no le sería aplicable, explicó su abogada Giulia De Santis.
