Los cambios planteados por el Ejecutivo a la justicia comunitaria han causado revuelo entre los jueces y mediadores de paz.
La propuesta, que llegó a la Asamblea Nacional de la mano de la entonces ministra de Gobierno, Janaina Tewaney —hoy canciller de la República—, según señalan jueces de paz y organizaciones, es “inconsulta” y no refleja avance en la esfera comunitaria.
Sin tomar en cuenta las quejas y observaciones hechas por jueces de paz, ciudadanos, organizaciones, e instituciones involucradas en este tema, la Comisión de Gobierno de la Asamblea, aprobó la propuesta del Ejecutivo en primer debate. Se trata del proyecto de ley No. 900, que busca derogar la Ley 16 del 17 de junio de 2016, que instituyó dicha justicia.
Durante su aprobación en primera instancia, la iniciativa no recibió cambios y fue pasada a segundo debate a finales de octubre pasado, cuando se realizaban las últimas sesiones ordinarias del pleno, el cual entró en un receso de dos meses, desde el pasado 28 de octubre.
Mesa técnica
Sin embargo, fuentes de la comisión aseguraron a este medio que se avaló para que el proyecto tuviese “vigencia”, pues, de lo contrario, el Ejecutivo tendría que volver a presentarlo en la Asamblea. Incluso, el diputado Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, explicó a este medio, que en los próximos dos meses de receso que mantiene el pleno Legislativo, recogerán “todas las inquietudes”.
Aseguró que quieren saber la opinión del nuevo ministro de Gobierno [Roger Tejada], y de su equipo, pues “hay muchas inquietudes de los jueces de paz, municipios y otros sectores”.
Añadió que en las comunidades, los ciudadanos están demandando justicia comunitaria y sienten que en algunos momentos no se brinda adecuadamente, porque hay demasiada carencia.
“Los jueces de paz no tienen cómo trabajar, tienen pocas herramientas y se complica la administración de la justicia comunitaria. Este tema hay que verlo con calma para hacer algo correcto”, puntualizó.
La diputada Corina Cano (Molirena), quien también pertenece a esa instancia legislativa, sostiene que el texto aprobado en primer debate “requiere modificaciones “.
Manifestó que quieren darle herramientas sólidas y ejecutables a los jueces comunitarios. “Hoy están muy limitados en cuanto a hacer justicia a los conflictos comunitarios”. Explicó que se estableció una mesa técnica, a fin de adecuar el proyecto con las modificaciones que fueron sugeridas”.
Rechazo y cambios
Una de las principales quejas del documento presentado por el Ejecutivo es que los alcaldes podrán destituir, sin mayores inconvenientes, a los jueces de paz y a los mediadores comunitarios, dejando la puerta abierta para hacer nombramientos políticos de jueces interinos.
En la actualidad, la contratación de jueces interinos es una de las debilidades del sistema, cuestionan los propios jueces de paz.
El Ejecutivo sugiere que la escogencia de los jueces de paz esté a cargo de una “comisión de selección” y no de la Comisión Técnica Distrital, actualmente prevista en la Ley 16.
La comisión de selección que propone el Ejecutivo estaría conformada por un representante del Consejo Municipal del distrito respectivo, un representante de la junta comunal y un representante de la sociedad civil organizada.
La norma vigente dice que la Comisión Técnica Distrital está conformada por cinco miembros: dos representantes de la sociedad civil, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante del Consejo Municipal y un representante del corregimiento correspondiente. Todos tienen una función en el procedimiento de selección de los jueces de paz. La designación final recae en el Consejo Municipal y no en el alcalde.
Además, y a pesar del rechazo de los municipios que han solicitado en reiteradas ocasiones que se les quite la responsabilidad presupuestaria de las casas de justicia de paz, la propuesta permite que esta jurisdicción quede completamente en manos de los alcaldes.
“Todos los gastos relacionados con la jurisdicción de la justicia comunitaria de paz, tanto los de funcionamiento de la casa de paz, como salarios y demás prestaciones del juez comunitario diurno, nocturno y de turno, incluyendo el mediador comunitario, y demás personal, así como de estructura y transporte, serán cargados al presupuesto de rentas y gastos municipales”, dice el proyecto 900.
El documento también propone que los “jueces de paz” se denominen “jueces comunitarios” y que se baje de 30 a 25 años la edad para ser juez de paz.
Estudian la propuesta
Sin embargo, los jueces de paz están inconformes con lo que ha presentado el Ejecutivo y esperan ser escuchados en la Asamblea Nacional.
Incluso, un juez de paz que pidió la reserva de su nombre, dijo que es una propuesta “inconsulta”, que no tomó en cuenta a los jueces de paz. “Estamos sorprendidos con una reforma que se aleja de toda realidad”. Indicó que quienes plantearon esos cambios “desconocen” la “realidad” de las casas de paz, por lo que los jueces de paz presentarán sus observaciones una vez se abra el debate.
“Lo que hacen allí, con esa ley, es darle potestad al alcalde de destituir y nombrar sin ningún tipo de procedimiento científico. Todo será a criterio de los alcaldes”.
No obstante, sobre los hombros de los jueces de paz también pesan las quejas de ciudadanos de que los problemas en las comunidades no se resuelven. Incluso, en lo que va de este año, la Defensoría del Pueblo ha declarado funcionarios “hostiles” y “entorpecedores” a, al menos, tres jueces de paz.
La razón, según ha explicado el propio defensor, Eduardo Leblanc, es que los jueces no han atendido las solicitudes de información hechas por la Defensoría para investigar algunas quejas ciudadanas que han recibido, y por ende, están desconociendo las leyes.
En el país hay 679 corregimientos y existen 500 jueces de paz y 40 mediadores.
El Colegio Nacional de Abogados (CNA), en donde se estudia la propuesta, días atrás se reunió con varios jueces de paz para saber de primera línea las falencias de la justicia comunitaria.
En esa reunión, las quejas se enfilaron en la falta de presupuesto y la poca autonomía que tendrán, de aprobarse el proyecto de ley 900.
En ese sentido, Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, manifestó que cualquier reforma será incompleta si ellos [los jueces de paz y mediadores] no expresan cuáles son sus principales obstáculos. Recordó que el CNA demandó la inconstitucionalidad respecto a la competencia de los jueces de paz en temas de delitos, y advirtió que si la Corte valida esa competencia, hay que hablar sobre cómo las casas de justicia comunitaria garantizan un debido proceso.
Quien también hará observaciones al proyecto 900 es la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González. El funcionario dijo que la Secretaría de Asuntos Municipales de la Procuraduría trabaja en ello.
Sin embargo, Nicolás Rivera, de la oficina de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Mingob) ha defendido en reiteradas ocasiones la propuesta, señalando que los cambios presentados se hicieron en base a la necesidad del clamor ciudadano que el Mingob ha venido monitoreando y diagnosticando con el pasar de los años.
