El descontento por la Ley 406 de 2023, que adoptó un nuevo contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, no cesa. Por el contrario, día a día crece más. Ayer sábado 28 de octubre, miles de personas protestaron otra vez en distintas partes del país, desafiando la lluvia y hasta el cansancio: ya son siete días consecutivos de manifestaciones. Nada detiene a la multitud. Ni siquiera la firma de un decreto ejecutivo que declara una moratoria minera en todo el país.

Ayer sábado, las manifestaciones llegaron hasta el puerto internacional de Punta Rincón, Donoso, provincia de Colón, el cual es utilizado por Minera Panamá para transportar el material de cobre extraído de las montañas de esa región.

Los ciudadanos llegaron en varias lanchas. Gritaban consignas contra la minería y pedían la salida del país de la empresa. Al lugar también se presentaron embarcaciones del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), para custodiar las instalaciones.

Tras este suceso, Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals, se pronunció señalando que “condena el intento ilegal y violento que está ocurriendo en estos momentos, cuando embarcaciones no autorizadas con personas sin autorización están ingresando al puerto internacional de Punta Rincón”.

“Nos preocupa profundamente este incidente, que representa una amenaza significativa para nuestras operaciones y la seguridad de nuestro personal”, se lee en el comunicado.

Los ciudadanos aprovecharon ayer para piquetear en la residencia del diputado panameñista Bernardino González, quien el pasado jueves pidió –desde su curul legislativa- que los manifestantes “respeten la propiedad privada” y que no protesten frente a la casa de los políticos. Pero su solicitud ocasionó el efecto contrario. Sus coterráneos de Aguadulce se apostaron frente a su casa cantando, bailando y gritando consignas en su contra.

“Bernardino, ¿dónde está la maleta que te dieron en la mina?”, gritaban. “Ahora, ¿dónde está el vende patria?”, preguntaban otros.

González fue uno de los diputados que votó a favor del contrato ley con Minera Panamá.

Manifestación multitudinaria

En la capital, la multitud caminó por la cinta costera y la Calle 50, como ya es costumbre, atendiendo a la convocatoria ciudadana realizada a través del movimiento Sal de las Redes. Desde las 3:00 p.m. de ayer sábado, las personas se agruparon. Cargaban banderas de Panamá, pitos, pailas, bocinas y tambores. La exigencia es la misma: que se derogue la Ley 406.

“El que no brinca es PRD”, era una de los mensajes que gritaban en el trayecto.

Otro grupo hizo lo propio en La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. Algo similar ocurrió en Aguadulce, Coclé, donde queda la casa de Bernardino González. También en David (Chiriquí), Chepo (Panamá este), Santiago (Veraguas) y Darién.

Incluso ayer sábado hubo protestas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá. Un día antes se reportaron protestas en Barcelona, España.

“Los mártires hablaron claro: Panamá no se vende”, se podía leer en los carteles desplegados en la protesta de Nueva York, entre los que figuraba una copia de la icónica fotografía de la revista Life del 24 de enero de 1964, que recoge los sucesos del 9 de enero de 1964, una especie de estandarte de la lucha de la juventud por la recuperación del Canal y la soberanía del país.

Movimiento Jóvenes Unidos

Mientras tanto, el movimiento Jóvenes Unidos por la Educación se sumó a las voces de otras organizaciones que rechazan la actividad minera en el país.

“El Estado debe asegurar la protección de los derechos de los ciudadanos y tomar decisiones certeras con respecto a la actividad minera, respetando las leyes, nuestra Constitución y el sentir ciudadano. Este acuerdo perjudica tanto el presente como el futuro de las próximas generaciones”, plasma un comunicado emitido ayer sábado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés) pidió al Estado panameño cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en particular, las derivadas del derecho a la protesta.

“Recordamos al Estado, incluida Policía Nacional, que el uso de la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada está prohibido por el derecho internacional y no puede utilizarse para responder a una protesta pacífica, que es un derecho de todos”, escribió el Cejil en la red social X.

Aminta Bustamante

Reportera Política.