Más voces se sumaron este jueves 9 de febrero de 2023 en contra de la acción que emprendió el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal para intentar secuestrar los bienes de Annette Planells y Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco.
“Queremos manifestar nuestro rechazo a la utilización del sistema judicial para amedrentar a medios de comunicación, periodistas, activistas y ciudadanos”, expresó la Coalición por Panamá Pro Transparencia y Anticorrupción, a través de un comunicado.
La coalición indicó que la “frustrada” diligencia, ejecutada por funcionarios judiciales se suma a la larga lista de querellas y demandas contra todo aquel que señale actos de corrupción y en una abierta violación a la libertad de expresión.
“No existe democracia sin derechos humanos”, destacó la coalición, conformada por organismos no gubernamentales y movimientos ciudadanos.
Gremios periodísticos también se manifestaron. En un comunicado, el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas, la Asociación Panameña de Radiodifusión y la Asociación de Periodistas de Chiriquí expresaron su preocupación por el uso de acciones legales como mecanismo para amenazar las libertades.
“En una sociedad democrática, todos estamos llamados a velar que la vía judicial no sea utilizada como mecanismo de bloqueo para amenazar la propia justicia y la libertades fundamentales”, destacaron.
Indicaron que cualquier medida o acción judicial, administrativa o de otra instancia de autoridad que afecte los derechos fundamentales y atente contra el bien común, lo único que persigue es “la intimidación, la autocensura y las amenazas”.
“No es la primera vez que en nuestro país un expresidente de la República denuncia y secuestra bienes de medios de comunicación o de personas vinculadas al ejercicio del periodismo”, agregaron.
Más temprano, la Embajada de Estados Unidos en el país expresó su “preocupación por los ataques contra los medios de comunicación en Panamá”.
En su cuenta en la red social Twitter, la embajada escribió que estos ataques son “parte de una alarmante tendencia”. “Cuando se usa la ley para intimidar a los medios, se priva al ciudadano de su derecho a estar informado”, expresó la embajada.
