Con retraso, señalamientos, reclamos de incumplimientos y amenazas de posibles acciones en las calles se reanudaron ayer jueves 15 de septiembre las conversaciones de la mesa de diálogo que sesiona en Penonomé, Coclé, entre el Ejecutivo y los grupos sociales que paralizaron el país en julio pasado.
La jornada, que estaba prevista para las 9:00 a.m., arrancó a las 2:00 p.m. Al principio de la reunión, ni los representantes de las alianzas ni los del Ejecutivo emitían opinión. Cada bando esperaba una posición de la contraparte con respecto al punto ocho de la agenda, inherente a la conformación de la mesa intersectorial y de seguimiento.
Esto, luego del llamado que el pasado martes 13 de febrero hizo la iglesia católica, la cual recordó sobre qué trataban las dos fases del diálogo a las que ambos grupos se comprometieron.
Las alianzas señalaron que esperaban que el Gobierno anunciase una contrapropuesta a la propuesta que ellos presentaron en la última sesión de la mesa, el 3 de septiembre. Mientras que los representantes del Gobierno indicaron que la contrapropuesta fue presentada ese mismo día.
Tras escuchar los reclamos de las partes, el equipo facilitador de la iglesia católica hizo un resumen de la última plenaria y leyó lo que presentaron ambos grupos.
Los tres grupos sociales: Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional de los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y Bastión del Oriente Chiricano Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, pidieron, por ejemplo, que la mesa intersectorial se base en ocho ejes temáticos, entre ellos: derechos humanos, ambiente y pueblos originarios.
De igual forma, propusieron que los debates sean a través de plenaria, con dos jornadas por semana y en un plazo de tres meses; y que sean transmitidos por televisión, como lo hace ya el canal estatal SerTV con la plenaria de Penonomé.
Sin embargo, el Gobierno se opuso y declararon disenso en dichos puntos.
En lo único que sí están de acuerdo es en que la instalación de la mesa intersectorial se haga entre el 23 y 24 de septiembre a las 10:00 a.m. en la Universidad Tecnológica de Panamá.
Durante la reunión de ayer, la iglesia católica, que fue acusada por las organizaciones de no cumplir con su rol, dejó claro su papel de facilitador.
La primera mitad de la jornada concluyó con un receso solicitado por los representantes del Ejecutivo, quienes dijeron que trabajarían en una nueva contrapropuesta.
El anuncio lo hizo el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, luego de escuchar los reclamos y amenazas de algunos dirigentes de las alianzas, que acusaron al Gobierno de no cumplir con lo acordado.
Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, aglutinada en la Alianza Pueblo Unido Por la Vida; y Domingo Montezuma, del Bastión del Oriente Chiricano, advirtieron que si no se llegaba a un acuerdo volverían a las calles.
“Lo que va a haber es una confrontación clara y dura contra ustedes y los empresarios corruptos que le están robando al país”, dijo Méndez, y añadió: “creo que las barajas están jugadas y debo decirle al pueblo que esto se puede resolver aquí o en las calles de Panamá. Creo que las calles hay que retomarlas”. Al cierre de esta edición, no se había reanudado la sesión.
