Secretismo en manejo del presupuesto del Ministerio de la Mujer

El nuevo presupuesto de rentas y gastos para 2024 del recién creado Ministerio de la Mujer generó un fuerte debate que se trasladó al pleno de la Asamblea Nacional y a las redes sociales.

Primero fue el diputado independiente, Edison Broce, quien tildó de “craso error” los $17 millones asignados a dicha entidad, como parte de sus recursos presupuestarios para el próximo año.

“Aumentarle planillas innecesarias [al Ministerio de la Mujer] solamente me suena a botellas y garrafones”, dijo el parlamentario en el pleno de la Asamblea Nacional.

Como se recordará, el Ministerio de la Mujer entró a regir este año con la estructura que poseía el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), que para este 2023 contaba con un presupuesto de $5.1 millones, la mayoría destinado a funcionamiento.

No obstante, para el próximo año contará con un presupuesto de $17 millones de los cuales $11 millones serán para funcionamiento y $6 millones para inversión. Es decir, están doblando los gastos operativos de la entidad.

No obstante, voces como las del escritor y dramaturgo panameño, Xavier Stanziola, cuestionan lo dicho por Broce al argumentar que “una cosa es decir que hay corrupción en el Ministerio de la Mujer y otra es decir que una institución para proteger y hacer valer los derechos humanos del 50% de la población del país es superfluo”.

Este medio envió mensaje al celular de la ministra de esta entidad, Juana Herrera, con el fin de conocer a qué se destinaría el incremento de presupuesto en funcionamiento, pero aseguró que prefería revisar todo el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas llevó a la Asamblea Nacional, antes de responder.

Herrera es hermana de Balbina Herrera, dirigente del Partido Revolucionario Democrático y una de las allegadas a la campaña del actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo.

Para Leah Cedeño de Boersner, vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, sería “lamentable” que se utilice el tema de la paridad de género y la búsqueda de la igualdad, para inflar planilla y usarla como clientelismo político.

En palabras de Cedeño de Boersner, la ministra debiera salir a aclarar la planilla. “Casualmente estamos haciendo un estudio sobre paridad de género y una de las entidades a las que estamos por enviar una carta es al Ministerio de la Mujer, con el fin de conocer su planilla y cuántas mujeres están contratadas. Además, si hay igualdad en los salarios”, acotó.

A juicio de la vicepresidenta de la Fundación Espacio Cívico, no podemos permitir que se utilice el rol de la mujer y el ministerio para disfrazar una planilla inflada.

Según datos de la propia página web del Ministerio de la Mujer, su planilla hasta mayo pasado, era de unos 180 funcionarios; no obstante, se desconoce en qué gastos de funcionamiento se destinarán los nuevos recursos para el próximo año. La cifra no ha variado en los últimos años.

La necesidad

En palabras de Nelva Reyes, parte del Movimiento Encuentro de Mujeres, es importante que cada centavo destinado al Ministerio de la Mujer sea bien usado, sobre todo en prevención de violencia y feminicidios, puesto que es una necesidad la presencia de trabajadores sociales y otros representantes de la entidad en las comunidades donde se reporta la mayor cantidad de casos.

“La presencia del ministerio en las comunidades es una barrera contra los agresores. Hay que tener presencia en las comunidades donde más muertes y violencia se cometen contra las mujeres”, apuntó.

Los datos estadísticos del Ministerio Público (MP) muestran que durante los primeros seis meses del año se han registrado seis feminicidios. Los números reflejan que febrero y marzo son los meses con mayor cantidad de feminicidios, pues se registraron dos en cada mes.

Mientras que en los primeros seis meses de 2022 se contabilizaron nueve feminicidios. Además, las autoridades atienden en el país un promedio de tres denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar o violencia doméstica cada hora, y la mayoría de las víctimas son niñas, mujeres y adolescentes.

En mayo pasado Herrera denunció que los equipos y mobiliarios de los 16 centros de atención integral y los tres albergues, en los cuales se atienden a mujeres víctimas de violencia y se les da protección, no están en buenas condiciones.

Además, indicó que los centros de atención, que muchas veces le alquilan al Ministerio Público o al Órgano Judicial, no reúnen las condiciones de la “privacidad” que por ley requiere una atención de este tipo.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Periodista de Política